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Después de décadas de privatización a precios irrisorios de empresas en sectores estratégicos como la energía, las comunicaciones o la automoción, aparecen los bonos sociales, muchos vinculados a estas empresas antes públicas. Oficialmente nacen con el objetivo de compensar el desajuste social incrementado en los últimos años, fruto del proceso de concentración acelerada del capital y de la destrucción de las fuerzas productivas. ¡cosas de la crisis!

El bono social es un mecanismo regulado por el Gobierno que busca proteger a consumidores vulnerables con menores posibilidades económicas. Esta definición de bono social que se da desde los organismos públicos, a la vez, nos ofrece pistas sobre su finalidad.

El problema, como otras tantas medidas sociales, es que las resoluciones adoptadas no sirven a los objetivos publicitados sino para paliar la alarma social generada.

El ejemplo más reciente lo tenemos con el nuevo bono social eléctrico. 

Según FACUA-consumidores en acción, los descuentos prometidos y publicitados, no afectan a la totalidad de la factura, tal y como asegura el gobierno, porque en realidad sólo se bonifican los primeros kilovatios hora mensuales. 

«En realidad, el descuento para un usuario medio (366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia) puede llegar a representar sólo un 11% de su factura», según la organización de consumidores. Así que para buena parte de los usuarios con bono social, sus ridículos descuentos ni siquiera sirven para compensar la subida interanual del recibo, que asciende ya al 16%.

En la exposición de motivos del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, se establece que «se ha constatado que el actual bono social de electricidad resulta insuficiente para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad, lo que hace necesario acometer con urgencia su reforma, corrigiendo las insuficiencias detectadas y ampliando tanto su ámbito subjetivo como material.» En estas lineas se percibe la necesidad del nuevo gobierno de marcar una linea diferencial con respecto al anterior, ahondando en el carácter social de su gestión, pero la realidad viene demostrando que en lo que se profundiza es en la hipocresía en el trato a las capas populares.

La realidad del «ahorro» escandaliza más si se contrasta, por ejemplo, con los 1000 millones de euros percibidos por Alcoa en ayudas a sus costes eléctricos, procedentes de fuentes públicas, y fruto de un permanente chantaje a cambio de mantener las estructuras productivas en España.

Otros bonos sociales, como los de telecomunicaciones son todavía más absurdos e ineficaces si cabe.

El de Telefónica es una «obligación» asignada a la empresa por el Gobierno. Se trata de una bonificación en la factura del teléfono fijo al que se pueden acoger jubilados y pensionistas con rentas anuales inferiores a 8.946,14 euros.

El truco consiste en que aunque se cumpla el requisito económico, solo puede solicitarlo quien contrate el servicio telefónico fijo exclusivamente. Es decir, si un cliente contrata el teléfono fijo empaquetado con otro servicio (ADSL, fibra, móvil o televisión) o incluso con una tarifa plana de voz, no tiene derecho al descuento. Se trata de un abono para una realidad de otro siglo.

Sin duda, cumpliendo una tradición católica tan arraigada en nuestros mandatarios, siguen confundiendo política social con caridad cristiana. Esta última se puede definir como la acción desinteresada de un individuo en favor de otro pobre, que se encuentra desamparado, a través de la limosna. Esta definición es perfectamente aplicable al caso del bono social.

Las migajas de los expoliadores o la limosna de la oligarquía no van a servir para aliviar la penuria de amplios sectores de la clase obrera. Sólo nuestra propia lucha consciente puede llevarnos a esa meta.