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El conflicto en Metro Málaga se agrava por momentos, y la plantilla no está dispuesta a someterse, a pesar de los chantajes, las mentiras y la represión que sufren.

Esta empresa es propiedad de la Junta de Andalucía (23’69%) y cuatro multinacionales (Globalvia, Comsa Emte, Mirova e Infravia). En enero de 2017, las trabajadoras/es, organizados mayoritariamente en CCOO, iniciaron movilizaciones contra los desajustes de su convenio: mientras controladoras/es y conductoras/es tienen salarios inferiores a los establecidos en metros de otras ciudades, los puestos directivos tienen sueldos muy superiores. “Casualmente”, el convenio se firmó antes de la puesta en marcha del servicio de metro, cuando aún no se había incorporado el grueso de la plantilla, especialmente controladores/as y conductores/as. Además, la empresa no explica una desviación de la masa salarial de 500.000 euros, que se sospecha va a salarios por encima de convenio para personal directivo.

Las movilizaciones de 2017 culminaron en un acuerdo para adelantar la negociación del nuevo convenio, que ha sido burlado por la empresa, mientras la Junta de Andalucía se “lava las manos”. Paradójicamente, la empresa alardea de un crecimiento del 10% del uso del metro en 2017 respecto a 2016, pero este aumento de viajeros/as no repercute en las condiciones salariales de la plantilla. Por eso, los trabajadores/as acordaron el 19 de febrero en asamblea un calendario de movilizaciones, que concluyó con varias jornadas de huelga en Semana Santa.

Estas jornadas de huelga han estado marcadas por los servicios mínimos abusivos impuestos por la Junta de Andalucía, juez y parte en el conflicto, y por las maniobras de la empresa, modificando horarios y turnos para intentar minimizar los efectos de la protesta, lo que ha sido denunciado por el sindicato.

Pero la empresa no se ha quedado ahí, presentando una denuncia penal por supuestos sabotajes, de los que acusa sin pruebas al comité de huelga. Esta denuncia ha supuesto que sean citados a declarar nueve trabajadores; sin embargo, unas horas antes del momento en el que estaban citados, varios son detenidos en sus casas, en la calle o en su centro de trabajo, en una maniobra injustificable, difícil de entender si se ignoran las vinculaciones políticas de la empresa con PP y PSOE. Cuatro trabajadores pasaron la noche en comisaría, siendo archivada la causa a la mañana siguiente por el juzgado, que pone en evidencia en su auto las incoherencias y tremendas debilidades de la acusación, claramente encaminada a amedrentar a la plantilla y justificar la apertura de expedientes disciplinarios, con la intención de descabezar el comité de huelga mediante despidos de los sindicalistas más activos.

Como respuesta a esta situación, y al grito de “¡Huelga no es delito!”, se llevó a cabo el 19 de abril una fuerte movilización en apoyo a la plantilla y contra la represión. El conflicto está lejos de cerrarse. Si la empresa no asume las justas reivindicaciones del Comité de Empresa y no cesa en la persecución a sindicalistas, CCOO ha anunciado nuevas movilizaciones.

Entendemos que estas acciones represivas son un “aviso a navegantes” para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que pretendan organizarse y pelear por sus derechos. El endurecimiento de las leyes represivas en los últimos años, y la actitud cada vez más reaccionaria y agresiva del gobierno, hacen previsibles más episodios como éste.

Como en 2017, el PCPE apoya las justas reivindicaciones de los trabajadores/as de Metro, denuncia los abusos patronales, las connivencias políticas y la represión ejercida contra el legítimo derecho a huelga, y llama al pueblo de Málaga a solidarizarse con esta lucha.

J.P.