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La multinacional PSA, propietaria de opel desde agosto pasado, se encuentra en pleno proceso de reestructuración de las plantas que tiene por europa. La vieja fórmula no varía: la puesta en marcha de medidas tendentes a destruir fuerzas productivas e incrementar la explotación de los trabajadores.

Recientemente, PSA comunicó la supresión de 250 empleos en la planta de Vauxhall en Ellesmere Port, en Reino Unido y 1.300 empleos en Francia. En el estado español, donde se encuentra la planta de OPEL de figueruelas (Zaragoza), la única en la que no se habían aplicado medidas de reestructuración. PSA, ya ha pasado de las amenazas a la acción, imponiendo un paquete de medidas socioeconómicas (disfrazadas de acuerdo), que ponen patas arriba los derechos arrancados históricamente por los/as trabajadores/as de OPEL, a la anterior dirección de General Motors.

En el proceso de negociación del convenio de la Empresa, la dirección ya planteó una ampliación de jornada con una rebaja salarial del 6%, modificada más tarde, por una congelación de tres años que conllevaría la pérdida de trece puntos de poder adquisitivo de los trabajadores, con la congelación de las inversiones en la planta y la amenaza de trasladar el ensamblaje del modelo Corsa, que se fabrica en Zaragoza desde 1982, a otra de las plantas del grupo, que cuenta con una factoría de Citroën en Vigo y con otra de esa misma marca y de Peugeot en Villaverde (Madrid), cuando el comité de empresa (UGT, CCOO, OSTA, CGT y Acumagme) puso sobre la mesa el documento de cinco reclamaciones que las asambleas consideran un punto de partida innegociable.

Sin entrar aquí en analizar (por extenso) el contenido del “acuerdo”, si cabría destacar algunos aspectos que permiten dar una idea del tremendo retroceso que conlleva:

En su redactado del plan industrial no garantiza inversiones o nuevas adjudicaciones, quedando como mera declaración de intenciones.

Pérdida de poder adquisitivo; el  primer año se congela el salario y los próximos la mitad del IPC.

Los pluses, se reducen un 5%, desaparecerá durante la vigencia del convenio el plus de Calendarios Especiales, la paga denominada PAVI,  de 900€ se reduce a 650€, y se  endurece las condiciones para poder cobrarlo.

Aumenta la Flexibilidad para trabajar en fin de semana pudiendo aplicar la misma en viernes noche, sábados mañana y sábados tarde lo que es un ataque directo a la conciliación familiar.

Se condiciona el Complemento IT a la decisión del servicio médico de la empresa.

Se podrá obligar, en ciertas circunstancias, a realizar horas extras.

Hay una reducción de tiempo de pausas que se traduce en aumento de la carga de trabajo en las líneas y de la jornada anual.

Se introduce una nueva escala salarial más baja, la tercera, y se condicionan los ascensos de nivel que supone mejora económica, a la decisión de la empresa y no por tiempo trabajado como hasta ahora.

Tras dejar de aplicar el contrato de relevo, ya acordado en ERES anteriores, lo que fue un chantaje en toda regla, finalmente se acuerda volver a implementarlo pero reduciendo el tipo de jubilación del 85% al 75%, lo que elimina la obligación de crear empleos estables indefinidos para los relevistas.

Para los próximos 5 años se acuerda el rejuvenecimiento de la plantilla, con la fórmula que estime más oportuna la dirección, siempre que la situación económica y organizativa lo permita, al final dependerá de lo que quiera la empresa,  entre ellas el contrato de relevo.

Se precarizan todavía más los nuevos contratos de Opel, fin de obra y a tiempo parcial con horas complementarias a elección de la empresa.

Finalmente, el órdago lanzado por PSA, desde el chantaje, con ejemplos tan notorios como la carta personal, cargada de amenazas, enviada a cada trabajador/ra, por el gerente de OPEL España, Antonio Cobo, días antes del referéndum, junto a las demostradas falsedades del argumentario de la patronal, no han tenido como respuesta la movilización, insistiendo en la plataforma reivindicativa unitaria y buscar la fuerza que da la unidad. Por el contrario, los delegados de UGT, CCOO y ACUMAGME, que cuentan con 25 de los 33 miembros del comité han decidido claudicar, permitiendo así, dar carácter de acuerdo a una agresión en toda regla a los derechos conquistados por la plantilla de OPEL y, lo que lo hace más peligroso, es que abre las puertas a nuevas agresiones a los/as trabajadores del resto de plantas del automóvil y demás sectores industriales.

No obstante, la lectura de esta batalla no ha terminado. La realidad demostrará que la patronal seguirá incrementando sus ataques y no cumplirá la parte del acuerdo que no le interese. El 41% de la plantilla que ha dicho NO al acuerdo, lo sabe, y es un porcentaje cualitativamente importante para entender que la lucha continúa.