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El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó la puesta en venta de un paquete patrimonial que, incluyendo fincas rústicas, solares, edificios singulares, inmuebles industriales…, equivale según fuentes del periódico burgués francés Le Monde, a un 25% del patrimonio del estado español. El gobierno define este plan como una actuación puntual para ayudar a reducir el déficit público y, a la vez, poner en valor inmuebles infrautilizados: 9.000 viviendas, 5.000 fincas rústicas, 98 edificios singulares… son sólo algunas de las cifras que nos permiten decir que, mucho más allá de esas tecnócratas y neutras palabras huecas utilizadas por el gobierno para definir este plan de enajenación del Patrimonio público, se encuentra la verdadera cara de un gobierno que, al servicio exclusivo de los monopolios, marca en todo momento el paso que éstos le señalan, evidenciando la mentira absoluta de una concepción de estado, nación, patria o llámese como se quiera, al margen de las clases sociales y de los intereses de éstas.

Aquí mandan los intereses de la oligarquía dominante y si hoy la prioridad de éstos es cubrir el déficit público generado por el recate a la banca y la pertenencia a la Unión Europea y al Euro, a ese objetivo -por cierto constitucional a iniciativa parlamentaria del PSOE- se adecúan todas las medidas del gobierno y, de paso, esa misma oligarquía recibe a precio de saldo lo que hasta ahora formaba parte del Patrimonio del Estado. No es que los y las comunistas consideremos que los trabajadores y trabajadoras de este país pierden nada con la venta de un patrimonio que nunca ha sido suyo, pero sí consideramos necesario denunciar la enajenación, a precio de saldo, de un patrimonio pagado y mantenido durante años por todos, para que ahora se aprovechen de su rápida liquidación los burgueses y especuladores de siempre.

Además de la denuncia anterior, este proceso que muestra y dimensiona con claridad meridiana la acelerada descomposición del capitalismo español y su posición subsidiaria en la cadena imperialista, debe servirnos de alerta ante futuras medidas que adoptarán para seguir regalando el patrimonio del estado a la oligarquía nacional y, sobre todo, internacional. Ya en 2.010, diputados alemanes exigían que Grecia vendiera parte de su territorio para pagar la deuda; ¿por qué no habrá de vender algún gobierno español la Alhambra o el Parque de Doñana, o por qué no vender los hospitales, las universidades o la red de carreteras del estado? Que nadie lo dude, en el capitalismo ése es el único futuro.

Ya en 2.001 en la Cumbre de Doha de la Organización Mundial del Comercio se decía que toda actividad que fuera susceptible de desarrollarse por la iniciativa privada debía realizarse en ese terreno sin la intervención del estado. Quizás entendamos con más claridad por qué todos los países que forman parte de esta institución dan pasos acelerados en la privatización de su patrimonio y seguro que veremos la auténtica razón y la verdad de la venta de un 25% del patrimonio del Estado español. En absoluto se trata en exclusiva de usar una parte del patrimonio para el pago de la deuda, es sobre todo la voluntad de los monopolios de disponer de toda la riqueza sin ninguna intermediación pública que les reduzca su volumen de negocio. Analicemos esta venta de inmuebles del estado en la misma clave que hemos de interpretar las medidas para facilitar el avance del sector privado en la sanidad, educación y pensiones y sin duda acertaremos.

Julio Díaz