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El pasado 18 de noviembre, diversas fuerzas políticas y sindicales, entre las que se encuentraban Podemos, Compromís, CCOO y UGT, convocaron una manifestación en Valencia con el lema “Por un financiamiento justo” que giraba entorno a una reivindicación por la negociación del reparto de financiación autonómico con el gobierno central.

Existen ocasiones, como la que nos ocupa, que una lucha que NO es fundamentalmente en favor de conquistas sociales se viste como tal con el propósito de fortalecer la posición de un partido socialdemócrata o de un sindicato que no es de clase. El discurso concreto con el que se nos presentaba esta manifestación era lo suficientemente ambiguo como para sospechar que los fines que se perseguían pudieran, en última instancia, favorecer al enemigo de clase, en lugar de a la clase obrera.

Se habla de la defensa de la Constitución Española pero, ¿dónde está la mención al artículo 135 de la última reforma que impone la prioridad sobre el pago de deuda pública sobre todo lo demás?, O las obligaciones de la UE de no destinar más de un determinado porcentaje a determinadas políticas sociales que estrangulan sin piedad a nuestros colegios, hospitales, etc. Plantear que el problema principal que vive la población se basa en la escasa financiación estatal sin hacer ni la más mínima crítica política al modelo de Estado es un intento del reformismo para engañar a la clase obrera y al pueblo trabajador valenciano, tratando de convencerles de que el incremento de inversión es una salida favorable dentro del sistema de explotación.

Y, por cierto, ¿incremento de financiación para qué? El manifiesto no menciona en absoluto el destino de un supuesto aumento de la financiación autonómica, y es de donde nos viene la mayor preocupación de que el fin último de estas reivindicaciones sea el financiamiento de la patronal para fortalecer los monopolios de la construcción, la hostelería, el transporte… ¿Puede alguien asegurar que dichas inversiones no irían a parar a un AVE que fragmenta social y territorialmente a las poblaciones o para compensar una rebaja de impuestos de la patronal de hostelería a cambio de contratos laborales precarios? La utilización de la palabra “generación de empleo” sin mencionar en absoluto un mínimo atisbo del concepto de cambio de modelo productivo nos hace sospechar que podemos estar en lo cierto. ¡Y puede ser peor! El 23,6% de los presupuestos de la Generalitat van directamente a pagar los intereses de la deuda pública (¡esto son 4.055 millones!). ¿Quién nos asegura que este supuesto incremento no iría directamente a compensar los intereses de la banca privada?

Este tipo de reivindicación interclasista, que además pretende enfrentar a la clase trabajadora valenciana en claves de competición por los recursos con otros pueblos del Estado Español, no puede realizarla una organización obrera como la nuestra: le corresponde a la burguesía valenciana, que siempre adoptó un papel subsidiario respecto a la burguesía española, enfrentarse a sus propias contradicciones de clase y al gobierno socialdemócrata del País Valencià, que también se enfrenta a las contradicciones de no poder cumplir con las promesas que le hizo a su pueblo.

En anteriores ocasiones, el PCPE ha salido a la calle a la defensa de reivindicaciones parciales, si entendíamos que estas podían aliviar la situación de penuria de la clase obrera. Pero esta vez no es una de esas veces. No es una lucha parcial, es el intento a la desesperada de algunas organizaciones interclasistas de ganarse la legitimación frente a la clase obrera mediante excusas y mediante la confrontación artificial con otros pueblos del Estado Español. Y por supuesto, no participamos en esta farsa.

Comité de País Valencià