Compartir

Entrevista a Leyla Ordóñez, refugiada política colombiana

UyL: ¿Cuáles son los puntos principales del Acuerdo de Paz?

El primer punto es el tema de la Reforma Agraria Integral, que tiene que ver con las mejoras de las condiciones del campo, mejorar la situación social. En cuanto a ello se presentan unos proyectos educativos, de salud, tecnificación y educación del trabajo en el campo.

Pero primero plantea la restitución de tierra de las más de diez millones de hectáreas que han sido robadas a las comunidades a través de masacres, ya que ahora es imposible que esa restitución llegue a darse. Por tanto, para aminorar este problema del acceso a las tierras, se ha planteado un Fondo de Tierras que está compuesto por esas diez millones de hectáreas, donde siete son de terrenos del Estado y tres de terrenos de baldío de latifundios. Se distribuirán entre campesinos que no tienen tierra, campesinos desplazados y campesinos a los que se les han arrebatado sus territorios. Además, por fin, se recoge las Zonas de Reserva Campesina, territorios que las comunidades trabajan de forma asociativa, con una cultura y unas costumbres comunes y se plantea el acceso a la tierra y a la propiedad de mujeres con cargas familiares.

En definitiva, se acuerdan una serie de cambios sociales en el campo que, si ya son escasos en las ciudades, más aún en el campo, donde no se ha provisto a la población de un mínimo de servicios; y en este punto asegura que, en las comunidades campesinas, se establezcan estos proyectos, pudiéndose financiar, entre otros, con el dinero que deje de gastarse con el fin del conflicto.

UyL: ¿Y respecto a las víctimas del conflicto? ¿Dónde quedan en los acuerdos?

Este tema ha sido de los más largos, casi un año entero, y pasaron por la Mesa de Diálogo algunas víctimas (en general las que al Estado le convenía), por nuestra parte, muy pocas.

Pero en el tema víctimas, cuando se iniciaron los Diálogos, el movimiento social y popular quería participar en la mesa, pero el Gobierno se negó. Para eso lo que hizo la ONU y la Universidad Nacional fue crear unos foros previos para tratar cada punto. Todos los afectados, las comunidades campesinas, llevaron sus programas y proyectos y todo eso fue a la Habana.

En cuanto a las víctimas, también hubo en ese foro, y los colectivos de víctimas enviaron sus propuestas. En torno a ellas se propone la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, que es el organismo a través del cual va a llegar el entramado judicial del punto de víctimas. Se rige por el Derecho Internacional Humanitario y plantea, de forma general, la creación de un Tribunal de Paz por el que van a tener que pasar todos los que participaron de alguna forma en la guerra (empresas de financiación del paramilitarismo, las organizaciones políticas, políticos, etc.), cumpliendo con los principios de “verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, que se plantearon en el ámbito de la ONU para los conflictos internacionales. El procedimiento consiste en que, si das verdad, tu pena se verá reducida o se estudiará la forma en que pagarás tu delito. Si no das verdad, te juzgan conforme al delito correspondiente y sus consecuencias.

Los colectivos de víctimas han votado “sí” al acuerdo, lo aceptan y lo asumen. Pero hay un vacío que se queda aquí, no por el acuerdo, sino por uno de los responsables, y es que, de momento, las FARC-EP son las únicas que han pedido perdón. El Estado solo ha reconocido a las víctimas de la Unión Patriótica, y de aquella manera, y fuera de eso quedamos una gran cantidad de víctimas del Estado, a las cuales el Estado ni se plantea pedir perdón ni asumir su responsabilidad.

Ninguno de esos puntos puede ser viable si las víctimas no estamos allí pendientes de cómo se plantea, cómo se hace, exigiendo verdad.

Si hacemos un buen trabajo, creo que lo de la Jurisdicción Especial para la Paz nos puede ofrecer la máxima justicia que podamos obtener.

UyL: Respecto al “no” del resultado del plebiscito, ¿por qué ese resultado?, ¿a qué intereses responde ese “no”?

El “no” era más o menos esperado, en cierta manera, debido a la falta de Campaña por el “sí” por parte del Gobierno y de todos los medios de comunicación. La única propaganda era en contra de los acuerdos, auspiciado por el expresidente Andrés Pastrana, Uribe y compañía.

No ha sido un triunfo como lo quieren dar a conocer. En Colombia están llamadas a las urnas más de 34 millones de personas, de las cuales solamente ha votado una cuarta parte. Más del 63% no votó debido a muchos factores. Por ejemplo, yo no pude votar porque solo podían votar quienes hubiesen votado en las últimas Elecciones. Nosotros, desde la izquierda, siempre hemos sido abstencionistas, porque no creemos en la democracia como tal en Colombia, hay mucha compra de votos, mucho clientelismo, gana lo que quieren que gane, no lo que la gente vota.

Por tanto, como no nos abrieron el registro no pudimos votar; así como la gente del campo, que no ha votado nunca y no lo pudo hacer, sumado a ello el huracán Matthew, por el cual gran parte de la población no tuvo mesas electorales debido a las inundaciones.

Todo ello ha ocasionado que, de los doce millones y pico de personas que han ido a las urnas, seis millones y algo hayan dichos “sí”, mientras que seis millones y algo más dijeron que “no”. Cincuenta mil votos de diferencia. En ninguna democracia real podría aceptarse una votación con menos del 50% de personas que vayan a las urnas, y el plebiscito no es jurídicamente aplicable: primero, porque no es vinculante; y segundo, porque la Constitución, en su artículo 22, dice que la paz es un derecho obligado, por tanto, el Gobierno tiene que estar obligado a establecer a la paz.

Además hubo fraude porque la campaña del “no” se basó en mentiras, publicadas directamente por el que fue gerente de campaña, engañando a la población para que votaran por el “no”. Por tanto, y en función del artículo 3.88 de nuestra Constitución, por el cual unas Elecciones ganadas a través de esos medios no son aplicables, son ilegales. El plebiscito se puede dar por nulo.

UyL: ¿Qué va a pasar con la injerencia Norteamericana en Colombia? ¿Se trata en los acuerdos?

En la Mesa de Diálogo se ha ido a solucionar elementos estructurales de las causas que han originado el conflicto, y el tema militar es un tema que se ha hecho entre dos Estados, el tema de las 10 bases estadounidenses que hay en Colombia, por tanto, ese tema no está en discusión. No se incluyó porque no se está haciendo un cambio estructural, ni es un cambio político en el país, ni una revolución. Es un acuerdo en que se parte de unos mínimos para permitir optar políticamente a otra manera de buscar otro tipo de sociedad.

UyL: ¿Qué opinión te merece la adjudicación del premio nobel de la paz al Presidente Santos?

Ellos se premian entre sí, Obama, Peres y Santos, que es un criminal de guerra que ahora está por la “paz”.

Da mucho coraje porque la paz no la hace una sola persona, se tiene que hacer con un contrincante, por lo que muchos pensamos que este premio tendría que ser compartido entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano.

Entiendo que cuando Santos dice que, generosamente, dona el dinero a las víctimas, ese dinero sea para reparar a las víctimas, porque son ellas las que se lo merecen.

Por otra parte eso nos da una herramienta para la paz, para presionar y exigirle “ahora que te lo han dado lo cumples”. Además, considero que ha sido una estrategia del capital para reponerle del batacazo que ha supuesto el “no”, el premio responde a un intento de recuperar la autoridad para seguir dialogando, dada directamente por la comunidad internacional.

Alba Molina