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Sin duda, este año los PGE se presentan como los presupuestos de la recuperación económica, al margen de la realidad aplastante de paro y pobreza para millones de trabajadores y trabajadoras.

Más allá del ruido mediático y de las intenciones electoralistas que marcan las diversas interpretaciones hechas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016, cualquier análisis mínimamente riguroso de los mismos debiera reconocer que, con mínimos detalles, son los únicos presupuestos posibles conforme al Programa de Estabilidad y Convergencia y al Plan Nacional de Reformas. Guías orientadas al cumplimiento riguroso del objetivo de déficit, que se constituye en la obligación inherente a la condición de España como miembro de la UE.

 

Por tanto, con el marco definido por las Instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y con traducción en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Gobierno español se limita a ajustar las cifras anuales a un marco que viene impuesto, y a darle la correspondiente lectura política dependiendo del Partido al que le toque estar en el gobierno.

Sin duda, este año los PGE se presentan como los presupuestos de la recuperación económica y, al margen de la realidad aplastante de paro y pobreza para millones de trabajadores y trabajadoras, serán utilizados por el gobierno del PP para tratar de desarrollar y hacer hegemónica la idea de la superación definitiva de la crisis.

Consecuentemente, no seremos los y las comunistas quienes pensemos que sea posible hacer algo diferente con un simple cambio de gobierno, si este no rechaza de plano la pertenencia de España a la UE y deja de asumir como normal que 9,52 euros, de cada 100 que gasta el Estado, estén destinados al pago de la deuda.

Ahí está el núcleo de unos PGE que, condicionados por el límite de déficit (2,2%), el pago de la deuda (9,52%) y una falta progresiva de recaudación, motivada por una muy débil actividad económica, las bonificaciones empresariales y las reducciones en el IRPF y en las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos, consigue buena parte de su equilibrio contable con la recaudación indirecta mediante el IVA al último consumidor y la reducción de un 21% en las prestaciones por desempleo.

Presupuestos que mantienen inalterable el compromiso con la represión y dedican 13.642 millones de euros (3,88%) a defensa, policía y cárceles; pero que, a pesar de establecer una previsión de inflación del 1%, sólo suben las pensiones un 0,25% y, conforme al Acuerdo Marco firmado hace unos pocos meses por la Patronal, CCOO y UGT, incrementa sólo en un 1% los ingresos del funcionariado, tras un lustro de congelación y pérdida permanente de poder adquisitivo de este colectivo de trabajadores y trabajadoras.

De los presupuestos en Educación, Sanidad, Justicia y Cultura también es posible afirmar que permanecerán “recortados” al mantenerse, casi inalterable, la transferencia a otras administraciones y, consecuentemente, nos espera una año más de pérdida de prestaciones sociales y el progresivo avance la economía privada en estos sectores.

Por último hay un dato que, aunque es posible sacarlo de las cifras de los PGE, nadie menta, y es lo que pagamos y recibimos de la UE.

Un dato muy interesante si valoramos que en el ideario colectivo persiste la idea que todos los años nos llega un maná desde Bruselas, pero las cifras demuestran que no es así, pues 740 millones de euros es el saldo final a favor del Estado español. Magro balance de menos del 0,20% del PGE que, dedicado casi en un 50% a la PAC (Política Agrícola Común), condiciona todas las finanzas públicas y determina, entre otras muchas cosas, la progresiva muerte del sector minero con una nueva reducción del 3,7% de las ayudas al carbón.

Julio Díaz