“Un tránsito de la patada en la puerta a la mordaza, un nuevo ajuste en el ordenamiento jurídico represivo, que trata de preparar al Estado para responder con contundencia ante toda amenaza proveniente del movimiento obrero y popular”

 

Desde las páginas de Unidad y Lucha venimos denunciando cómo las clases dominantes responden a la crisis de manera polifacética. Una de las aristas de esa respuesta es el incremento de la represión en todas sus formas. Desde el día 1 de julio ya están en vigor la Ley Mordaza y la reaccionaria reforma del Código Penal.

En vigor la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal.

Corría el mes de febrero de 1992 y el capitalismo español, en medio de una borrachera olímpica, afilaba sus instrumentos represivos preparándose para la que pronto le vendría encima. De un crecimiento del 3,8 % del PIB en 1990 y de un 2,5 % en 1991, el año 1992 terminaría con un estancamiento económico que se convertiría, al año siguiente, en clara recesión (-1,03% del PIB), pasando el desempleo al 23,9%. El Gobierno del PSOE, supuraba corrupción por los cuatros costados, entre escándalos de terrorismo de Estado y cal viva, ampliaba su desprestigio entre las masas obreras y populares del país, que habían sufrido en sus carnes la política criminal de la “reconversión industrial” y daba sus últimos coletazos. En el ámbito internacional soplaban vientos de reacción, y las estatuas de Marx y Lenin eran derribadas en las plazas rojas de las capitales socialistas del Este de Europa. En ese contexto, el inefable Ministro Corcuera aprobaba la ley, que ha pasado a la historia con su apellido y también como “Ley de la Patada en la Puerta”, demostrando que, para la socialdemocracia española, todo servía para defender los intereses de los grandes monopolios.

Hoy, 23 años después, es el Gobierno del Partido Popular el encargado de sustituir aquella ley por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que ya ha entrado en la historia con la expresiva denominación de “Ley Mordaza”, supurando igualmente corrupción por los cuatro costados, habiendo aplicado una política criminal contra las mayorías obreras y populares y dando, también, sus últimos coletazos. Un tránsito de la patada en la puerta a la mordaza, un nuevo ajuste en el ordenamiento jurídico represivo, que trata de preparar al Estado para responder con contundencia ante toda amenaza proveniente del movimiento obrero y popular.

Con esta nueva mordaza, el Estado podrá imponer multas que irán de los 100 a los 600 euros para las infracciones leves (faltas de respeto y consideración hacia los agentes de las fuerzas represivas, ocupación de cualquier espacio común, público o privado, perder tres veces o más el DNI o consumir alcohol en la calle, por ejemplo); multas que irán de los 600 a los 30.000 euros para las infracciones graves (perturbación del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, religiosos…, perturbación de la seguridad en protestas no comunicadas ante instituciones como el Congreso, el Senado o Parlamentos Autonómicos, barricadas con mobiliario urbano, obstruir decisiones administrativas o judiciales –por ejemplo desahucios–, resistencia a la autoridad, negativa a disolver reuniones o manifestaciones, etc.); y en el caso de las infracciones muy graves, multas que podrán ir desde los 30.001 a los 600.000 euros, en casos de reuniones o manifestaciones, no comunicadas, en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas, como centrales nucleares o aeropuertos, etc.

Un peligroso doble juego: Ley Mordaza y reforma del Código Penal.

Pero el problema no se queda solo en las desproporcionadas cuantías de las sanciones. La entrada en vigor, en la misma fecha, de la reforma del Código Penal, complementa el giro represivo. Así, conductas que antes del 1 de julio eran tratadas como faltas y conocidas por el Juzgado de Instrucción competente, pasan ahora a ser “delitos leves”, sancionados incluso con penas de prisión, o a ser directamente “sanciones administrativas”, ampliando las competencias represivas de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las correspondientes Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Con ello, no sólo se incrementan las penas y sanciones, sino que se amplía, espectacularmente, el margen de arbitrariedad permitido en su actuación a las diferentes policías, cuyos atentados, como es sabido, gozan de presunción de veracidad ante Juzgados y Tribunales, o lo que es lo mismo, se invierte la carga de la prueba, obligando, a quien sea acusado, a demostrar su inocencia ante una acusación policial.

La tendencia a la reacción es un hecho.

Y es que, no nos cansamos de repetirlo, el capitalismo se encuentra en su fase agonizante, en el imperialismo, y por tanto tiende a la reacción en todos los terrenos, e incrementa incesantemente la violencia y la brutalidad con que los poderosos ejercen su criminal dictadura. Junto a una intensa campaña de alienación de masas y trabajo ideológico tendente al embrutecimiento, el palo está y estará de moda.

Movilizaciones vecinales, estudiantiles, por la liberación y los derechos de la mujer, solidarias, contra las guerras imperialistas… Todos y todas en el punto de mira. Baste tan solo con poner algunos ejemplos recientes: decenas de obreros y obreras condenados por participar en las últimas huelgas generales, los 7 mineros condenados a penas de cárcel en Villablino y Cerredo, el joven luchador Alfon, etc.

Defender las libertades y los derechos democráticos, superar el capitalismo.

La rueda de la historia no camina hacia atrás. A la libre competencia, propia del incipiente capitalismo que luchaba por abrirse camino contra la reacción feudal, le correspondió ampliar derechos ciudadanos –burgueses– y otorgar derechos democráticos –igualmente burgueses– gracias, fundamentalmente, al empuje de ingentes masas obreras y campesinas que luchaban por sobrevivir. Sin embargo, ese mundo ya no existe; y a la libre competencia, le ha sucedido la dominación de los monopolios; y a esos derechos democráticos y libertades burguesas, le ha sucedido la reacción en todos los terrenos y, llegado el caso, el fascismo.

De nuevo les corresponde a los obreros y obreras, del campo y de la ciudad, y a las capas populares que viven de su trabajo, empujar la historia hacia adelante, defender las libertades y los derechos democráticos y enterrar, de una vez por todas, la brutal represión ejercida por los menos contra los más, por quienes todo lo poseen contra quienes nada tienen que perder, que no sean sus cadenas.

RMT.

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