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Una de las cosas que dan a las campañas electorales ese ambiente especial es el incesante bombardeo por parte de los partidos de la burguesía de cientos y miles de promesas a los electores para atraerlos y acumular votos. Muchas de ellas son sólo palabras bonitas, vacías de contenido y a la postre olvidadas en un rincón oscuro nada más se consigue el puesto por el que el político compite. Otras, en cambio, no son palabras lanzadas únicamente para complacer a los posibles votantes, sino auténticos engaños para la clase obrera y los sectores populares, y esas promesas sí se suelen cumplir...

 

Una de estas propuestas, auténtica triquiñuela capitalista, es la promesa que formuló la señora Esperanza Aguirre sobre la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) si ganaba las elecciones a presidenta de la Comunidad de Madrid, una medida que a buen seguro gustará a muchas familias ya ahogadas por los impuestos, el paro y la falta de prestaciones sociales. Sin embargo, hay que hacer constar una realidad: que en el caso de impuestos como el I.B.I., éste se añade a los costes de la vivienda en sí, creando un coste total que es lo que el propietario paga cada mes o año. Esta medida favorece, por supuesto, a los propietarios de las viviendas, especialmente a aquellos que poseen más de una.

Sin embargo, ¿qué ocurre si ese propietario decide vender, por ejemplo, una segunda casa? La respuesta es simple: si se rebaja el impuesto, puede aumentar el precio de la vivienda sin aumentar el coste total del bien inmueble; se encarece la compra de una vivienda, y serán menos los individuos que puedan acceder a ella. Parados, mileuristas, jóvenes en busca de su primera vivienda, trabajadores que deben mudarse por motivos laborales, todos ellos se verán perjudicados en detrimento de aquellos sectores con mayor poder adquisitivo, que podrán permitirse pagar más pisos —y más caros— e invertirlos en alquileres o venderlos cuando los precios suban más para obtener un beneficio económico.

Ésta es la lógica del capitalismo: pese a reconocer en el papel, como hace la actual Constitución Española o la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a una vivienda digna para todos los individuos, convierte dicho derecho en un producto de mercado con el que especular y utiliza la superestructura y sus partidos políticos para garantizar a golpe de legislación el mayor beneficio de los que más tienen.

No puede valer lo mismo una primera vivienda, utilizada para cubrir muchas necesidades básicas, que lo que pueda valer la posesión de una segunda, tercera o enésima vivienda, alquiladas a terceros para conseguir beneficios a medio-largo plazo, o vacías para aprovechar el momento oportuno para especular. No es justo que, mientras a algunos les sobren viviendas, otros duerman en la calle por no haber podido hacer frente a los gastos que el sistema ha cargado en los hombros de los trabajadores. La única manera de garantizar este derecho fundamental no consiste, pues, en rebajar impuestos para beneficiar a los que ya poseen inmuebles. Si realmente se pretende velar por el cumplimiento de este derecho, que toda persona tenga acceso a una vivienda digna, más allá de evitar la ejecución de desahucios —algo que por cierto no se resuelve con la dación en pago—, ha de facilitarse el acceso a la primera vivienda, evitar que nadie se quede sin casa y penalizar fiscalmente a aquellos que tengan inmuebles vacíos con los que especular. Ésa sería la única promesa electoral en cuestión de vivienda que favorecería a los intereses de la mayoría de los votantes.

REGUERA