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La guerra civil en las provincias orientales de Ucrania, lejos de resultar un mero conflicto de alcance local o regional, pone de manifiesto la intensa pugna abierta a escala mundial entre Rusia, por un lado, y Estados Unidos y la Unión Europea por otro. Toda escaramuza, tregua, avance o retroceso acaecido en ese marco representa de forma unívoca la correlación existente entre los intereses que representan tales fuerzas

Tras la base de un antagonismo tan explícito, que constituye el fundamento del conflicto en el este ucraniano que se ha cobrado ya mas de 6.000 vidas, subyacen relaciones menos aparentes que permiten entender algunas claves esenciales del desarrollo de tales acontecimientos: tan importante es a este respecto la confrontación existente entre la Unión Europea y Rusia, como la profunda interdependencia construida durante las dos últimas décadas entre ambos. Sólo así podemos comprender el papel que ambos actores han ocupado en acontecimientos de tan grande relevancia como la frustrada Cumbre de la Asociación Oriental de la UE – en la cual se esperaba la firma por parte del entonces presidente Yanukovich del Acuerdo de Asociación y Libre Comercio –, los primeros levantamientos armados en Kramatorsk y Slaviansk – con la consiguiente “Operación Antiterrorista” lanzada por el presidente Turchinov un día después la visita del director de la CIA John Brennan- , o, de forma mas reciente, la firma del Protocolo de Minsk firmado en septiembre de 2014 entre Kiev y los grupos insurgentes bajo la supervisión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Rusia.

Este último acontecimiento muestra que, al contrario de lo que pudiera parecer, para las partes directamente implicadas el conflicto supone un altísimo coste político y económico. Tanto es así que la UE y Rusia mostraron entonces su intención aparente de poner fin a la guerra civil mediante una serie de concesiones: aparte de un inmediato alto el fuego y de la retirada de armas pesadas de la línea de frente, Kiev se obligaba a iniciar un proceso de reforma constitucional en clave descentralizadora, que reconocería un mayor grado de autonomía a las regiones de Lugansk y Donetsk;  sin embargo, las autoridades de estas provincias deberían celebrar elecciones locales bajo la ley ucraniana y conceder al gobierno central total control de la frontera con Rusia bajo la verificación de la OSCE. No obstante, no se tardaría en comprobar que el Protocolo de Minsk nacía como papel mojado: el intercambio de fuego se mantendría activo hasta tal punto que, según un informe de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, tras los tres primeros meses de tregua 957 personas perdieron la vida, es decir, una media de 13 muertos diarios.

La constatación del fracaso del Protocolo de Minsk sería especialmente clara tras enero de este año, cuando las milicias insurgentes lograrían la recuperación del Aeropuerto Internacional de Donetsk, posición estratégica y simbólica a pesar de su estado ruinoso tras meses de intensos combates. Tras un breve alto el fuego acordado en el mes anterior, el recrudecimiento del conflicto llevaría a los ministros de los cuatro estados pertenecientes al grupo denominado  “formato Normandía” – Rusia, Francia, Alemania y Ucrania – a celebrar una nueva cumbre en la ciudad de Minsk en un nuevo intento de alcanzar una tregua estable por iniciativa franco-alemana y en el que estuvo excluida cualquier representación de las autoridades de Donestk y Lugansk. Tras una ininterrumpida reunión de más de 16 horas – en la que según el presidente de Bielorrusia Lukashenko “se bebieron varios cubos de café”- , el 12 de febrero se consensuaría un “paquete de medidas para la aplicación de los acuerdos de Minsk”. En ellos se mantendría buena parte de los acuerdos tomados algunos meses antes, estableciendo un alto el fuego a partir de la medianoche del 14 de febrero.

Uno de los aspectos más controvertidos y, al mismo tiempo, más fundamentales de las negociaciones se refiere a la ya mencionada reforma constitucional que Kiev se comprometió a realizar para conceder un mayor grado de autogobierno a las regiones de Donestk y Lugansk. De ello depende en buena parte una solución diplomática del conflicto que ponga fin al desastre humanitario en el Bajo Don. Sin embargo, las  preferencias de las autoridades ucranianas son bien distintas, como se ha podido comprobar. Los acuerdos de Minsk únicamente precisan el compromiso de Kiev por atender las particularidades de Donestk y Lugansk bajo un criterio de descentralización. Una forma tan intencionalmente ambigua sólo podría redundar en una interpretación y aplicación maliciosa por parte de Kiev: ya pocos días después del acuerdo de febrero, el presidente Poroshenko negaba la posibilidad de la vía federal como vía de resolución del conflicto, afirmando tajantemente que la integridad territorial de Ucrania nunca sería objeto de negociación. Para mas inri, Mijaíl Koval, subsecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, anunciaba el 13 de marzo que el régimen especial de autogobierno local no se aplicará en aquellos territorios que fueron conquistados por las milicias insurgentes tras la firma de los acuerdos de Minsk de septiembre de 2014. Ello conllevaría que territorios y enclaves tomados por estas tras la fuerte ofensiva de enero, tales como el ya citado Aeropuerto Internacional de Donetsk o la ciudad de Debáltsevo –uno de los principales nudos ferroviarios del país – deberían ser entregados por las milicias. ¿Acaso una paz justa en el Bajo Don puede llegar de la mano del sometimiento, de la exclusión en las negociaciones de una de las partes directamente implicadas, y de la falta de voluntad política por parte de las autoridades de Kiev? Al calor de los acontecimientos, es evidente que nunca podrá ser así.

De este modo, las autoridades ucranianas reniegan de facto de cualquier vía resolutoria de la guerra civil que no sea la del aplastamiento militar de sus provincias orientales. Y para transitar tan funesto camino no le faltan compañeros de viaje: los Estados Unidos, la OTAN, los estados bálticos o Polonia han mostrado su disposición a facilitar armamento al maltrecho ejército y a los batallones de voluntarios financiados por oligarcas ucranianos – un ejemplo paradigmático es el del batallón Dnipro-1, financiado por Igor Kolomoisky, segundo hombre más rico del país, con diez millones de euros mensuales de su propio bolsillo-. Pese a algunos titubeos iniciales, la presión estadounidense hizo que Alemania consiguiera arrastrar al resto de la Unión Europea a una posición de enérgica beligerancia, adoptando una poco resolutoria política de sanciones contra Rusia que le ha llevado a depauperar su propia economía – como muestra el perjuicio provocado por la contramedida rusa de prohibir la importación de productos agroalimentarios – y a desmejorar las relaciones con el que aún hoy sigue siendo uno de sus principales socios comerciales. Aunque disminuida y cambiante, la interdependencia ruso-europea aún se mantiene como una de las bases mas profundas que explican el desarrollo del conflicto en Ucrania y las consecutivas búsquedas de una solución diplomática por parte de algunos actores que tanto tienen que ganar como que perder.

El drama, sin embargo, no se circunscribe a las regiones del Bajo Don. El gobierno de Ucrania conduce a su país a una hecatombe económica que causará un terrible perjuicio en las ya depauperadas condiciones de vida y trabajo en las regiones occidentales y centrales del país. Según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interior Bruto ucraniano descendió un 6’9% durante el año 2014, y volverá a caer un 5’5% en el 2015. Tanto es así, que la institución ha acordado facilitar un total de 15.500 millones de euros como asistencia financiera a Kiev; dinero que con toda probabilidad terminará en las arcas de un puñado de oligarcas o destinado a la compra de armamento para sostener el conflicto en el Este, bajo la creencia ilusoria de que de ese modo se logrará alcanzar una resolución de la Guerra Civil que en nada beneficiará a la mayoría de la población del resto del país.

Alfonso Reyes