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A unas horas de que sus vidas fueran segadas, el 3 de Agosto los camaradas Raymundo Velázquez Flores, dirigente del Partido Comunista de México en el estado de Guerrero, Samuel Vargas Ramírez y Miguel Solano, salieron de una reunión del Frente de Izquierda Revolucionaria en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

El día 4 de Agosto se esperaba la asistencia de Raymundo en una reunión con campesinos de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur – Emiliano Zapata (LARSEZ), organización que dirigía, pues se supondría que el gobierno les entregaría, tras arduas jornadas de movilización, recursos para reparar los techos de lámina de varios cientos de familias indígenas y campesinas. Sin embargo ya habían sido interceptados en el camino.

Desde el día anterior, en la noche, se perdió comunicación con Raymundo al poco tiempo de haber dejado a la compañera Tomasa Vázquez Juárez en su domicilio en el municipio de Coyuca de Benítez.

El lunes 5 de Agosto fueron encontrados sin vida los cuerpos de los tres camaradas a las orillas del río de Coyuca de Benítez. Tenían las manos amarradas, huellas de tortura e impactos de bala. En el lugar también se halló calcinado el auto marca Tsuru color blanco sin placas con rotulación de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes del Estado de Guerrero (Cetig) en el que viajaban.

Raymundo preparaba para el pasado 20 de agosto el primer Congreso Regional del PCM que agruparía a varias células comunistas compuestas por campesinos y maestros de comunidades de la Costa Grande y La Montaña guerrerense.

Raymundo era un profesor indígena mixteco, que desde años atrás mantenía una lucha activa contra la instalación de minas canadiense en más de 200 mil hectáreas de territorio comunal guerrerense, al tiempo que mantenía una disputa histórica contra grupos caciquiles y organizaba la apropiación legítima de las tierras de campesinos e indígenas. Con la LARSEZ enarbolaba las demandas más sentidas por la población pobre de la región: maestros, escuelas, carreteras, financiamiento de proyectos productivos, entre otras.

Raymundo, junto con los dos camaradas que lo acompañaban, fueron asesinados con una saña salvaje. Sin embargo el gobierno pretende justificarse diciendo que fue algo fortuito, que lo que les pasó no fue político y pudo pasarle a cualquiera en México. Pero esa versión se viene abajo cuando ese mismo gobierno enfoca sus baterías no contra los grupos paramilitares que operan en total impunidad en este país, sino contra las comunidades que han decidido organizarse y armarse para defenderse de su embate.

Se viene abajo cuando acepta como asesor en “seguridad” al impresentable Oscar Naranjo, general colombiano ligado a los intereses de paramilitares y narcotraficantes.

Se viene abajo cuando Hortensia Gallardo, esposa de Raymundo, describe ante los medios de comunicación cómo personal de la secretaría de finanzas del estado de Guerrero habló a la casa de materiales donde se les entregarían los recursos a la LARSEZ para cancelar la entrega, bajo el argumento de que “Raymundo ya no está entre nosotros”, 24 horas antes de que el Ministerio Público declarara el hallazgo de su cuerpo…

Con el asesinato de Raymundo el gobierno del Pacto por México (PRI-PAN-PRD-PV) espera descabeza al PCM y a la LARSEZ en Guerrero. Espera ya no tener la presión de cientos de campesinos e indígenas que les hacían plantones, marchas y tomas de edificios, exigiendo la solución a sus demandas. Espera detener para siempre el crecimiento del Partido Comunista en un periodo de duras confrontaciones.

Solo queremos decir que se equivocan en su cálculo.

Diego Torres,

Segundo Secretario del Comité Central del PCM

Responsable para el Área Internacional del Buró Político.