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En anteriores ocasiones y en estas mismas páginas nos referíamos al Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (más conocido como TTIP) como una de las principales amenazas que se cierne sobre las condiciones de vida y trabajo ya fuertemente depauperadas de las mayorías obreras y populares de nuestro país y del resto de Estados Miembros de la UE; una amenaza cuyas dimensiones ya parecen adivinarse, pese a la opacidad en la que hasta el momento se han desarrollado las negociaciones entre la Comisión Europea y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y cuyas consecuencias nada tienen que ver con las vacuas y cínicas promesas que una y otra vez las autoridades europeas se han obstinado en pregonar desde sus púlpitos comunitarios.

La eliminación de barreras no arancelarias, o en otras palabras, la armonización de los respectivos marcos regulatorios que rigen los sectores económicos que de mutuo acuerdo se mantienen como objeto de negociación entre ambas partes, representa el principal afán de los monopolios estadounidenses y norteamericanos. Pero tras lo que parece una mera cuestión técnica, solo de interés para los mas duchos en economía o derecho, subyace una ofensiva tan sibilina como implacable, que dirigen los monopolios de uno y otro lado del Océano Atlántico contra el pueblo trabajador de nuestro país y del resto de Estados Miembros de la UE.

Serán los trabajadores quienes de forma más brutal sientan sus resultados. De manera difícilmente reversible, buena parte de la normativa nacional y comunitaria en materia laboral, y particularmente toda aquella referida a la salud y seguridad en el trabajo desaparecerá, y en su lugar nacerá una regulación creada a imagen y semejanza de las leyes norteamericanas, fuertemente restrictivas. Los monopolios estadounidenses, cuyo país ni tan siquiera ha ratificado algunos de los más básicos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, encontrarán en los países pertenecientes a la UE el marco idóneo para el desarrollo de una explotación aún más atroz que la ya existente. El escaso derecho a la libertad sindical tal y como lo conocemos desaparecerá, llevándose consigo el derecho a huelga y dando paso a un escenario de desprotección total en los centros de trabajo. Para más inri, buena parte del ya maltrecho tejido industrial de España será incapaz de hacer frente a la competencia estadounidense, arrojando a miles de personas a las filas del desempleo; y aquella industria que consiga no echar el cierre o verse absorbida por los grandes monopolios, lo hará aprovechando las nuevas oportunidades que ofrece una regulación laboral tan lesiva para los trabajadores, sometiéndoles a niveles de explotación inéditos hasta la fecha.

Pero el expolio no se detendrá ahí. La Comisión Europea también se ha dispuesto a sacrificar en el altar trasatlántico algunos servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación o la gestión del agua. Las grandes aseguradoras médicas y las prestadoras de servicios hospitalarios, las entidades bancarias y las farmacéuticas transnacionales serán las únicas beneficiadas de este tratado, en detrimento de los elementos más básicos de nuestra precaria subsistencia.

Algunos desmoralizados dirán que todo ello sucederá irremediablemente. Y puede que sea así. Pero existe una fuerza ciclópea, de tal magnitud que es capaz de echar al traste tan aviesas intenciones: la fuerza de la clase obrera en su conjunto, que no se entregará tan fácilmente al sometimiento y al latrocinio que la Unión Europea nos depara. Otros, tímidos y timoratos, afirmarán que ante tan negro futuro, la fuerza de nuestro pueblo trabajador deberá destinarse a volver a un pasado idílico que jamás existió, a defender la miseria e inmundicia ya existente. Jamás nos encontrarán dando eco a ese rumor tan vergonzante, pues no debe de asustarnos caminar hacia un futuro incierto si partimos de la convicción de que tal fuerza es real y de que no existe sendero que no se pueda transitar. En esa dirección, hacia delante, marcharemos.

Alfonso Reyes