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El 28 de septiembre es el “Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe”. Las mujeres y los hombres combatientes de las FARC-EP, queremos sumarnos a esta campaña, al tiempo que apoyamos la despenalización del aborto en Colombia, además de compartir nuestra visión respecto a uno de los derechos de las mujeres en el cual se ha llegado a notables avances y mecanismos de protección en diferentes latitudes.

 

Para nuestro caso, es conocido que cuando se ingresa a las FARC-EP, la decisión conlleva aceptar libremente todas y cada una de las normas de la organización; una de ellas es la obligatoriedad de planificar para evitar los embarazos no deseados por las condiciones de nuestra lucha, acorde con la realidad o circunstancias de guerra en las que suele ser extremadamente difícil la concepción y crianza de los niños y niñas en medio de la confrontación. También tenemos a nuestra disposiciónla práctica del aborto, en condiciones médicas seguras y favorables, como mecanismo de planificación familiar. Esta es la manera como las guerrilleras, en medio de la guerra, ejercemos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo.

Esas circunstancias especiales impuestas por la guerra, con todos los enormes y terribles sacrificios que supone, no son adecuadas para la crianza con seguridad de los niños y niñas; por lo tanto, nosotras las guerrilleras nos obligamos a plantearnos un estricto control de nuestra natalidad con una planificación y educación sexual mediante diferentes medios, realizados con propósitos de concientización en el crecimiento y la responsabilidad personal. Cuando, a pesar de las precauciones, una combatiente queda embarazada, ella, el padre de la criatura y la organización, se encuentran ante un dilema, con características específicas para cada caso, que es tratado con humanismo y sensibilidad.

Es preciso recordar que una mujer embarazada necesita cuidados básicos que no son compatibles con la vida en una guerrilla móvil, donde cada combatiente debe moverse diariamente, cargar equipos pesados, entrenamientos exigentes y sortear operativos del enemigo; donde se puede sufrir ataques o bombardeos en cualquier momento y donde no siempre se tiene a mano los medicamentos y el personal profesional de la salud necesarios. Se debe pensar, además, en el futuro del niño o de la niña que nacerá de padres guerrilleros, cuyas familias suelen ser perseguidas por el Estado. ¿En qué condiciones crecerá? Por las mismas razones, habrá que entregar la criatura, ¿A quién? ¿Podrán o querrán los familiares encargarse de ella? ¿Su integridad y seguridad quién la proveerá y garantizará? Estos interrogantes los hacemos, pues es conocido que numerosos hijos e hijas de guerrilleras y guerrilleros fueron arrancados de los brazos de sus abuelas o parientes para ser entregados al Bienestar Familiar, instituto que se ha prestado de diversas formas a la utilización de los menores en la guerra, en muchos casos entregándolos al ejército o usando la información de su parentesco para infiltrar y golpear a la insurgencia en acciones de guerra sucia.

Existen experiencias de madres que tuvieron que salir de la selva para dar a luz y fueron denunciadas y encarceladas, o casos de guerrilleras que tuvieron que parir en medio de combates y bombardeos; de menores confiados a familiares que desaparecieron a manos del ejército; o de otros que han terminado deambulando en las calles de muchas ciudades al ser abandonados por sus tutores.

¿Qué hacer entonces? En últimas es la madre quien toma la decisión, y asume sus consecuencias. Pues siendo parte de un ejército, ella deberá, si desea tener el bebé, contar con la autorización de sus superiores, quienes estudiarán el caso, teniendo en cuenta la situación operativa y de seguridad, tanto de la madre como de la unidad insurgente. En la mayoría de los casos, la decisión unánime es el aborto, para lo cual se prepararan las mejores condiciones posibles y personal calificado para atender la situación, incluyendo la ayuda solidaria, sicológica y moral que nos damos siempre entre combatientes.

En la guerrilla, la práctica del aborto se ha ido despojando de su carga de moral religiosa. El hecho que por las circunstancias particulares expuestas, sea una necesidad extrema, no significa que lo consideremos deseable, banal o trivial.

Nuestra posición política para la nueva sociedad colombiana, para su proceso de transformación en diferentes dimensiones, es que el aborto debe ser despenalizado y legal en todas las circunstancias, pues la mujer interesada en la plenitud de su conciencia, tiene la capacidad de evaluar su situación y proyectar su futuro. Además, debe ser acompañada por especialistas que le garanticen un tratamiento médico, una asistencia psicológica adecuada, respetuosa de su libre determinación y voluntad.

Esta razón fundada en la ética revolucionaria, debe ser integrada en una política de planificación familiar emancipadora, que eduque y prevenga los embarazos no deseados y los riesgos ligados a la sexualidad. En las FARC-EP el aborto no es un tema tabú, obedece a razones de salud y de seguridad por nuestra condición de ejército guerrillero. Por tanto, reiteramos el apoyo a todas aquellas mujeres que quieren tener derecho a decidir sobre su cuerpo, a que este derecho sea efectivamente protegido y garantizado, es decir debe hacerse una realidad.

No nos cabe duda que la dura elección de renunciar a ser madres o padres, o de no ver crecer nuestros hijos, nos hace víctimas de este conflicto que no hemos elegido, pero en el cual estamos decididas y decididos a sacrificar hasta nuestras vidas y nuestro bienestar, como una necesidad, para que las nuevas generaciones puedan vivir lo que no hemos podido disfrutar: la paz con justicia social.


Artículo e imagen extraídos de la web www.mujerfariana.org