Compartir

La juventud en el Estado español sufre desde hace años incontables ataques por parte de la patronal y los gobiernos títeres afines a ella. Con tasas de desempleo cercanas al 55% y más de un millón y medio de parados entre los 16 y los 29 años, se hace una tarea casi imposible para un joven obrero o estudiante el acceder a una vivienda digna.

Desde 2008 se han llevado a cabo numerosas leyes para, supuestamente, paliar este problema, teniendo en realidad como único fin el aumentar la rentabilidad del mercado inmobiliario. Las principales son: la Renta Básica de Emancipación, Plan de Vivienda 2009-2012, Plan de Vivienda 2013-2016, Ley de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de deuda y Alquiler Social, Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas y la Ley de Alquiler o de “desahucio exprés”. De todas estas leyes se extrae un mensaje claro: se incentiva el alquiler y se eliminan las ayudas a la adquisición de viviendas. Vamos a tratar las dos que más repercusión tienen.

La Renta Básica de Emancipación de 2008 se trataba de una ayuda de 210€ para jóvenes entre 22 y 30 años que pretendieran alquilar una vivienda y con ingresos regulares inferiores a 22000€ al año. En 2012, se redujo a 147€. Desde el comienzo recibió críticas por parte de numerosos sectores pero, o bien la percibieron con retraso o les fue directamente denegada y recibió denuncias de muchos jóvenes que tienen que devolverla en su totalidad con intereses años después si superan los 22000€ de renta básica a pesar de cumplir los requisitos cuando se solicitó.

En junio de 2013 se aprobó el Plan de Vivienda 2013-2016, que eliminaba la solicitud de la RBO y dejaba a los jóvenes sin ninguna medida específica de ayuda. El Plan es un programa de medidas cercano a los 2311 millones de euros, supuestamente destinados a facilitar el acceso a la vivienda y para la rehabilitación y renovación urbanas que centra su actuación en potenciar el alquiler. Con este Plan se suprimieron las ayudas a la compra de VPO y se abrió la puerta a la financiación privada de las ayudas siendo privatizados muchas infraestructuras y servicios ya que se da preferencia a la cofinanciación y la gestión a través de empresas colaboradoras.

Además el Plan endurece los requisitos para las ayudas. Se aplica por unidad de convivencia, siendo el tope total del salario percibido en la misma de 22300€ y sólo para alquileres inferiores a 600€, lo cual limita la ayuda en muchas ciudades españolas como Madrid, Bilbao o Barcelona donde el alquiler medio se sitúa en torno a los 9€ por metro cuadrado. El plan pretende dar vivienda a 130000 familias y evitar los desahucios, lo cual choca frontalmente con los 39206 desahuciados en 2013. Este año además se ha aprobado una enmienda que entrará en vigor en 2015, que suprime las deducciones fiscales del IRPF a los inquilinos de viviendas en alquiler, lo cual aumenta notablemente los costes.

Alejandro Navarro.