Van poco a poco, pero no se apartan ni un ápice de su hoja de ruta: el Gobierno, reducir las pensiones como le pide Europa; la patronal, pagar menos y ganar más; y CC.OO. y UGT han encontrado la gran fórmula de financiación a costa de nuestras pensiones. Dicen defender las pensiones públicas pero permiten la entrada a los fondos buitres en la gestión de los salarios de los trabajadores.

En junio de 2022 se aprobó la Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo (ley Escrivá), que sin duda es un misil contra las pensiones públicas. Para hacer más atractivos los Fondos de Pensiones se desviarán cuatro fuentes de ingresos públicos, aumentando la reducción en la base imponible del IRPF hasta 10 mil euros y, entre otras medidas, la empresa dejará de aportar hasta 400 euros por cada partícipe a la Seguridad Social. Así mismo, las empresas depositarias de los fondos estarán exoneradas del Impuesto sobre Transacciones Financieras.

El uno de febrero pasado entró en vigor el primer Plan de Pensiones al amparo de la citada ley, firmado por CC.OO. y UGT en el Convenio para el Sector de la Construcción, que afecta a 1 millón 300 mil trabajadores/as.   Otros sectores y empresas están negociando la inclusión de los Planes de Pensiones en los Convenios.   CC.OO. y UGT, en lugar de mejorar los salarios garantizando el poder adquisitivo, pactan salarios diferidos que nos reducen nuestro verdadero poder adquisitivo actual y futuro.

Por qué decimos esto desde la Comisión de Movimiento Obrero del PCPE:

• Ahorro que el plan supone para las empresas. Se establece dos incentivos para fomentar los planes de empresa. El primero, incentivo en el Impuesto Sociedades: Deducción en la cuota íntegra del 10 % de las aportaciones empresariales al PPE para salarios inferiores o iguales a 27.000 euros. El segundo, incentivo en la cotización social a cargo de la empresa: La aportación al PPE, aunque forma parte de la base de cotización, está exenta de la cotización por contingencias comunes a cargo de la empresa (23,60 %).
• Pérdida para las trabajadoras y trabajadores. Al destinar una parte de nuestra presunta subida salarial a un concepto futurible, dejamos de cotizar por esa subida, por lo que nuestro salario actual será menor y la futura pensión también. Si esa aportación a un plan privado se hiciese en la nómina, ganaríamos más cada mensualidad y más en nuestra pensión pública. Además que la TGSS deja de ingresar una cantidad importante, por cada partícipe al plan de pensiones de empresa.

Se transfieren parte de las cotizaciones sociales, disminuyendo la base de cotización para la pensión pública, a un plan de pensiones de empleo, es decir, un plan de pensiones privado de capitalización, sin que esto mejore el bienestar en la vejez de las trabajadoras de salarios bajos y medios, ni de los y las jóvenes precarios. Sí beneficiará a las entidades depositarias de los fondos de los que percibirán comisiones seguras. En la actualidad hay cinco entidades gestoras: Caser Pensiones, GPP (CC.OO.-UGT y BBVA) Ibercaja Pensiones, Santander Pensiones y VidaCaixa.

En el caso de la construcción, se cederá parte del salario a los gestores de activos, que lo   invertirán donde consideren que pueden sacar mayores beneficios, (guerras, destrucción del medio natural, etc., para obtener beneficios inmediatos).

Comisiones Obreras y UGT, mientras dicen defender el Sistema Público de Pensiones, mantienen una participación del 40% en la gestora de planes de pensiones Gestión de Previsión y Pensiones (GPP), que administra activos por valor de 6.500 millones de euros, y maneja el mayor plan de empleo de España, el de la Administración General del Estado (566 millones y casi medio millón de partícipes).   Además del de la Administración General del Estado, GPP también gestiona el de Radio Televisión Española, el del Canal de Isabel II, Puertos del Estado, la Diputación Provincial de Sevilla, Unilever, Mahou, Heineken, EDP, etc. Ahora también tiene el Plan de Pensiones del Convenio de la Construcción. La decencia establecería que los que negocian un Plan de Pensiones no sean los posibles adjudicatarios del mismo.

Nos reducen las pensiones públicas, perdemos dinero cada mes para enriquecer a quien poco a poco nos privatiza las pensiones públicas. Algo huele a podrido y no es en Dinamarca, es en el mal llamado progresismo. 

Por la defensa del Sistema Público de Pensiones, no a los planes privados de empresa, no a la ley Escrivá.

Para más información: "ANÁLISIS CRÍTICO DEL PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO DE LA CONSTRUCCIÓN", Xabier Pérez Dávila.