El “pacto social” consiste básicamente en un acuerdo entre distintas fuerzas sociales -representadas por los sindicatos y las organizaciones patronales respectivamente- con el consenso o mediación y correspondiente visto bueno del gobierno, con el objetivo de estabilizar la economía capitalista a corto y medio plazo, tratando de cohonestar los intereses de la clase obrera con los intereses de la patronal, como si tal cosa fuese en realidad posible.
Este “pacto social” nos es vendido por parte de sindicatos y partidos políticos reformistas, revisionistas y oportunistas de todo pelaje, como la única vía que tiene el proletariado, o por lo menos la mejor, para situar sus reivindicaciones ya sean salariales, sociales, etc., limitando el escenario de lucha al meramente institucional, traspasando el poder decisorio de las asambleas de trabajadores y trabajadoras a las mesas de negociación donde los acuerdos se toman de espaldas a ellas y donde continuamente se producen recortes y pérdidas de derechos para miles de trabajadores y trabajadoras.
Pero si escarbamos un poco en ese “idílico pacto social”, nos encontramos que de los sindicatos, solo están legitimados frente a la patronal, aquellos, mal llamados mayoritarios, CCOO y UGT, que se arrogan la facultad de representar al conjunto de la clase obrera.
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- Escrito por F.J. Ferrer
- Categoría: Movimiento Obrero
En los últimos meses hemos visto cómo se han ido firmados convenios con aumentos salariales por debajo del IPC.
Partiendo, como se ha puesto de manifiesto en este órgano más de una vez, que el mismo IPC es ya una tomadura de pelo a la clase obrera; podemos analizar lo que han supuesto esos aumentos salariales que ni siquiera han alcanzado la subida “oficial” del IPC.
Con este marco legal, el de los convenios colectivos, la clase obrera ha perdido capacidad económica, por ende, peores condiciones de vida, mayor endeudamiento, más embargos, etc.
Lo que se ha puesto de manifiesto muchas veces: estar en riesgo de exclusión social aun cuando se tiene un trabajo “fijo” (con las condiciones del gobierno pijo progre, claro).
A estas alturas los convenios colectivos no garantizan que un trabajador/a, pueda cubrir sus necesidades básicas. Obviamente hay diferencias en función de cada Comunidad autónoma o incluso de cada ciudad.
La diferencia que hay entre los 15 municipios más baratos para vivir de los más caros, tropieza con la realidad de que algunos de ellos se encuentran en provincias donde se encuentran municipios mucho más caros. Y a todos ellos se les aplica el mismo convenio provincial.
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- Escrito por Juan Luis Corbacho
- Categoría: Movimiento Obrero
El pasado 21 de diciembre tuvo lugar la primera huelga de inspectores e inspectoras de trabajo en la historia del Estado español. Así, como titular, suena llamativo, pero ¿qué se esconde tras este conflicto?
Más allá del éxito de la convocatoria y de la respuesta de las más de 3.000 personas que hoy en día componen el servicio de la inspección de trabajo en todo el Estado (unos 1.015 inspectores/as, 990 subinspectores/as, 1.052 trabajadores y trabajadoras administrativas según datos del Informe Anual de Inspección de Trabajo), como clase trabajadora debemos leer entre líneas cómo se está desarrollando este conflicto para sacar algunas conclusiones de utilidad.
Empecemos con la noticia que nos llega de los medios de comunicación de la burguesía: Los inspectores de Trabajo convocan tres días de huelga por las “promesas incumplidas” del Gobierno 1. Se han convocado paros los días 21 de diciembre, 25 de enero y 22 de febrero. Tiene lugar por el incumplimiento de un acuerdo firmado el 7 de Julio de 2021 entre el colectivo de trabajadores y trabajadoras del servicio de inspección y los ministerios de Trabajo y de Hacienda, con Yolanda Díaz y María Jesús Montero a la cabeza, respectivamente, para implantar un necesario refuerzo en cuanto a personal y medios para este servicio.
Tras ese acuerdo, se aprobó ese mismo año un plan estratégico de la inspección de trabajo que se publicó el 3 de diciembre en el BOE 2. El eje tercero de ese Plan describe ese refuerzo diciendo: “El Eje 3 persigue el robustecimiento y modernización de todos los elementos del sistema de Inspección, en aras de la calidad del servicio público prestado.
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- Escrito por Javier Delgado
- Categoría: Movimiento Obrero
Hasta diciembre del año 2010, los funcionarios tenían un régimen especial de jubilación llamado CLASES PASIVAS, en el que se regula su jubilación. A partir del 1 de enero de 2011, el personal que accede a la condición de funcionario lo hace en el Régimen General de la Seguridad Social. Pero todavía quedan muchos funcionarios que se rigen por las Clases Pasivas, y este sistema tiene, como casi todo en esta vida, su parte positiva y su parte negativa.
La jubilación de los empleados públicos no es a los 67 como en la Seguridad Social, la ordinaria es a los 65 años, pudiendo retrasarse hasta los 70 de forma voluntaria, pero también existe la posibilidad de jubilarse anticipadamente a los 60 años siempre que se tengan 30 años de servicio en la Administración y esa es la parte positiva, te puedes jubilar a los 60 años con el 100% de lo que te corresponda si tienes 35 años trabajados.
Pero también tiene una gran desventaja: La pensión no se calcula por las retribuciones reales sino por un haber regulador, es decir, unas cantidades que aprueba el Gobierno según el grupo de titulación. Para los C2 la pensión resultante sería de 1.642,57 euros brutos, mientras que la de un funcionario del grupo A la pensión sería de 3.434,37 brutos. En este caso la persona del C2 perdería relativamente poco con lo que gana mensualmente, dependiendo de productividades y demás complementos, pero los del grupo A, pueden llegar a perder mucho dinero ya que vienen ganando bastante más.
En la Administración, como en todo el mundo laboral, quien más cobra suele tener menos penosidad y menos ganas de dejar de trabajar. Por ese motivo, los funcionarios de los Grupos Altos (A1 y A2) no suelen pedir la jubilación voluntaria a los 60 años, al contrario, piden el renganche hasta los 70 años, de esta manera siguen cobrando sus importantes emolumentos además de un suculento incremento retributivo pactado con los sindicatos por su "esfuerzo".
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- Escrito por Vicente Alcaraz, Comisión de MOS
- Categoría: Movimiento Obrero
…Y revisen sus peticiones, con una perspectiva más realista de la situación económica actual y coherente con los convenios que se están firmando en nuestro entorno.”
Así termina el comunicado1 que el pasado 14 de diciembre sacaba la FVEM (Federación Vizcaína de Empresas del Metal) para acusar a los sindicatos por estar “bloqueando la negociación del convenio”. Como siempre la patronal pidiendo responsabilidad para que como siempre (o casi siempre) los sindicatos se traguen ese anzuelo.
La lucha por un convenio digno para el sector del Metal de Bizkaia, que afecta a cerca de 56.000 trabajadores y trabajadoras, sigue con las espadas en todo lo alto tras la última tanda de huelgas a finales de noviembre de 2022. Los sindicatos llegan divididos. Por un lado, CCOO, UGT, LAB plantean retomar las protestas y un calendario de huelgas. ELA por otro pide desde ya una huelga indefinida.
La de Bizkaia está siendo una de las tantas luchas del sector del metal que hemos vivido en este 2022 por la mejora del convenio provincial. A finales de 2021 asistimos a la lucha intensa del sector del metal de Cádiz, donde los trabajadores y trabajadoras dieron ejemplo de organización y lucha, y pudieron extender las movilizaciones más allá de su sector. Esta lucha, también hay que decirlo, fue duramente reprimida por la policía, que siguiendo instrucciones de las formaciones políticas al servicio de la burguesía, llegó a sacar a la calle una tanqueta que vimos por las calles de Puerto Real. La misma policía, con las mismas instrucciones, que terminó deteniendo a varios trabajadores a los pocos días de la finalización de estas movilizaciones. En Junio de 2022 se desarrolló la lucha del metal de Cantabria y también durante este 2022 tuvimos conflicto y negociaciones en Barcelona, Madrid, y otras provincias. En todas ellas, la subida de salarios conforme al IPC fue una de las reivindicaciones comunes.
Según la prensa burguesa, las subidas salariales acordadas en la firma del convenio fueron las siguientes:
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- Escrito por Javi Delgado
- Categoría: Movimiento Obrero
Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO siguen tendiendo la mano a la patronal en la búsqueda de un acuerdo para la subida del SMI. Unas centrales sindicales sin ninguna ambición de movilización y lucha obrera desde hace 40 años que solo buscan pactar cuatro migajas engañando al conjunto de la clase obrera y que no surjan explosiones de lucha en la calle. En una nueva vuelta de tuerca más para el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, estos sindicatos - en los marcos de negociación del salario mínimo y en vistas a alcanzar un acuerdo en el V Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC) – plantean a la patronal que dicha subida se produzca en una forma de “salario diferido”, es decir, que ésta se traduzca en complemento para los planes de pensiones de empleo (PPE), planes que abren la puerta a la privatización del sistema público de pensiones. Esto supone que entidades gestoras (como bancos, sociedades, fundaciones, también sindicatos) gestionen el dinero de la clase obrera directamente a su parecer. Vendido como fondos intocables para el futuro trabajador o trabajadora pensionista, lo que supone en la práctica es que bancos, fondos de inversiones, etc de los que son partícipes en sociedades o fundaciones, dispongan de un nuevo fondo dinerario cuantioso.
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- Escrito por Arturo M.
- Categoría: Movimiento Obrero
Pero… ¿de qué Estado se trata? Con el cinismo y la hipocresía que le es habitual, el gobierno socialdemócrata, ha logrado que se aprueben unos Presupuestos Generales del Estado para este próximo año de 2023, con el apoyo de las burguesías periféricas, presentándolos como unos presupuestos enfocados eminentemente en lo “social” dado el caos económico en el que se haya inmerso el conjunto del estado y cuyas consecuencias más negativas y perjudiciales recaen en los de siempre, en la clase obrera y sectores populares.
Contestando a la pregunta que se plantea al inicio de este artículo, de qué Estado se trata, traemos la definición dada por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, donde sitúa que “El Poder en el Estado moderno, es tan sólo un consejo de administración de los negocios de la clase burguesa”. Puesto así, se puede comprender con relativa facilidad que, como objetivo primordial, estos presupuestos están enfocados en gestionar los intereses de la burguesía, en todos los ámbitos donde esta clase parasitaria ejerce su dominación.
En la actual situación de aguda crisis del sistema capitalista, con la burguesía española -y las periféricas, también- embarcada en la aventura belicista del imperialismo liderado por los EEUU, ésta necesita gestionar unos presupuestos que, por una parte, cumplan con las exigencias impuestas por la OTAN y Bruselas, y por otra, traten de mitigar con migajas la enorme fractura social que tal crisis provoca, con depauperación a marchas forzadas de la clase obrera y demás sectores populares. De este modo, estos presupuestos contienen medidas pretendidamente sociales, como una subida de las pensiones del 8,5 %, una subida del salario de los empleados públicos del 2,5 %, la extensión a 2023 de la gratuidad del servicio de Cercanías, la prórroga del bono de alquiler joven y poco más.
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- Escrito por F.J.Ferrer
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Este tipo de contrato que, por cierto, no es nuevo en el ordenamiento laboral del estado español, ha sido uno de los elementos estrella que la reforma laboral del gobierno socialdemócrata (PSOE-UNIDAS PODEMOS) utilizó para, por un lado, engañar a la clase obrera con unas supuestas mejoras, y por otro, adecuar el mercado laboral a las necesidades actuales de la patronal y, ya de paso, maquillar las cifras del paro en el Estado.
El Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado laboral, fue la conclusión de un proyecto de la socialdemocracia que comenzó con un “derogaremos las reformas laborales anteriores” y terminó en un lamentable calco de las anteriores con unos retoques que de ningún modo han venido a cubrir las necesidades que la clase obrera tiene respecto a estabilidad en el empleo. De esta forma, el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, en la nueva redacción dada por la citada reforma laboral, define el modelo de contrato “fijo-discontinuo” como aquél que, siendo un contrato indefinido, tiene la particularidad de que la actividad laboral se lleva a cabo de forma intermitente en el tiempo. Esto es, existe una discontinuidad en el ejercicio del trabajo, que se suspende y se activa en función de la época del año, como puede ser los meses de verano o navidad. Esta norma establece una serie de requisitos para la formalización de este tipo de contratos, como que “se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.”
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- Escrito por F.J. Ferrer
- Categoría: Movimiento Obrero
Son como los perros de presa: una vez que les hemos dejado morder las pensiones, no las quieren soltar hasta que estén a gusto de la UE, la banca y la patronal. Cuando hablamos de que “son”, nos referimos a todos aquellos que en lugar de defender un sistema equitativo y solidario, nos venden la necesidad de “retocar”, por no decir recortar, las pensiones para que éstas sean sostenibles.
O les quitamos las pensiones de la boca, o nos quedamos sin ellas, metiendo nuestros ahorros en planes privados que harán ganar dinero a la patronal, pero descapitalizarán a la clase obrera.
Vamos a intentar acabar con algunos de los mitos que se usan insistentemente para justificar la prolongación de la vida laboral, el computo de años necesarios para poderse jubilar o el incremento de la pensión si prolongas más allá de la edad de jubilación.
1.- El gobierno, la oposición, los sindicatos y la patronal, todos saben que la esperanza de vida no es igual según qué profesiones; de hecho, y sin realizar ningún estudio en University of Colorado, podemos asegurar que un albañil, una limpiadora, un camionero no llegan a la edad de jubilación con el mismo estado físico que un abogado o juez, un senador, un profesor universitario o un policía local (aunque estos últimos pueden jubilarse a los 59 años). Es decir, dependiendo de la profesión tendrás una calidad de vida y por tanto una esperanza de vida.
Según el INE (que para Ayuso debe de ser un nido de comunistas) la esperanza de vida crece porque disminuye la mortalidad infantil, y como esto es una media, cada niño/a que no muere o joven que no se accidenta, hace incrementar la esperanza de vida, aunque nos muramos a la misma edad. Es como lo de la cena donde está el Gobierno, la patronal, los sindicatos y el obrero. Sacan dos 2 pollos: el gobierno se come uno, la patronal y los sindicatos se comen otro y el obrero se queda sin cenar, pero la estadística dirá que nos hemos comido medio pollo cada uno.
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- Escrito por Vicent Alcaraz
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