Morir de calor no se debe solamente a las temperaturas extremas. Las consecuencias del calor también tienen clase social y rostro de mujer. La crisis climática está agravando unas desigualdades que ya existían y que determinan quién puede protegerse de las altas temperaturas y quién queda más expuesta a sus consecuencias.

Las mujeres mayores que viven solas representan uno de los perfiles de mayor vulnerabilidad. A unos ingresos generalmente inferiores se añade el hecho de que muchas perciben pensiones de jubilación o viudedad más bajas que las de los hombres. En hogares donde existe un único ingreso, afrontar el coste de la energía, mejorar el aislamiento de la vivienda o disponer de sistemas de refrigeración puede resultar imposible. La pobreza energética alcanza especialmente a estos hogares y la mortalidad asociada al calor extremo afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

Esta desigualdad económica se encuentra estrechamente relacionada con las condiciones de la vivienda y del entorno. Buena parte de las personas con menores ingresos son mujeres y residen en edificios antiguos, deficientemente aislados y situados en barrios densamente urbanizados, donde escasean los espacios verdes. Las llamadas islas de calor urbanas convierten determinados barrios en auténticas trampas térmicas durante los episodios de temperaturas extremas. Mientras algunas familias pueden recurrir al aire acondicionado, mejorar sus viviendas o incluso desplazarse temporalmente a lugares más frescos, otras deben elegir entre refrigerar su casa y asumir una factura energética que no pueden pagar o morirse de calor. La pobreza energética alcanza casi el 39% en hogares donde vive una mujer sola mayor de 65 años y el impacto de la mortalidad por calor extremo en las mujeres es un 56% superior al de los hombres.

El problema se agrava con la edad. La disminución de la capacidad del organismo para responder al estrés térmico, las enfermedades crónicas y la polimedicación incrementan el riesgo de hospitalización y fallecimiento. Y cuando una mujer mayor vive sola, la ausencia de una red de apoyo vecinal cercana puede retrasar la detección de los primeros síntomas. La soledad y el aislamiento social se convierten así en otro factor de riesgo, al tiempo que las situaciones de precariedad y vulnerabilidad económica pueden deteriorar también la salud mental.

Según Greenpeace, un 33,6 % de los hogares del Estado español declara no poder mantener una temperatura adecuada en su vivienda durante los meses de verano. El Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) señala igualmente que la mortalidad asociada al aumento de las temperaturas no depende exclusivamente del calor, sino también de la renta y de la capacidad económica para hacerle frente.

Desde los años 90, la cifra de muertes causadas por el calor ha crecido un 23%. Las muertes de calor son el resultado de un sistema de desprotección social y se sitúan en barrios de renta baja.

Por eso son necesarias medidas urgentes y también transformaciones estructurales: rehabilitación energética de las viviendas, aislamiento de fachadas y ventanas, vegetación y zonas verdes, refugios climáticos próximos y adaptación de los servicios públicos. Pero la protección frente al calor no puede convertirse solo en una responsabilidad individual. La vivienda debe ser un refugio climático y la energía un derecho, no una mercancía al alcance únicamente de quien pueda pagarla.

Aquí también se sitúa la propuesta del PCPE: la defensa de unas pensiones públicas dignas y suficientes; garantizar el derecho a la vivienda, la rehabilitación de los barrios populares y la paralización de los desahucios; y avanzar en la organización y asegurar los derechos de las mujeres trabajadoras, la socialización de los cuidados etc. El PCPE defiende también unos servicios plenamente públicos, especialmente en sanidad, servicios sociales, dependencia y atención a las personas mayores.

Estas medidas deben formar parte de una respuesta global a la crisis general del capitalismo. Para el PCPE es necesario superar este modelo energético sometido a los intereses del capital, nacionalizar los sectores estratégicos y avanzar hacia un modelo económico que sitúe las necesidades de la mayoría trabajadora y el respeto al medioambiente por encima del beneficio privado.

Porque frente a un sistema que convierte la vivienda, la energía, los cuidados y hasta la posibilidad de protegerse del calor en mercancía, se hace imprescindible organizarse para luchar por nuestros derechos. Pensiones dignas, vivienda, energía, cuidados y servicios públicos no son privilegios: son derechos de la clase trabajadora y condiciones imprescindibles para que las mujeres de extracción obrera y popular no se vean abocadas a sobrevivir a costa de sus derechos.

Àngels Grau

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