Hablar del derecho al aborto es hablar de libertad, de salud y de la capacidad de las mujeres para decidir sobre su propia vida y futuro. Pero también es hablar de clase. Porque cuando un derecho depende del dinero, deja de ser un derecho efectivo y se convierte en un privilegio. Una mujer con recursos puede desplazarse, acudir a una clínica privada y asumir costes. Una trabajadora precaria, una joven sin ingresos, una migrante o una mujer que vive lejos de un servicio sanitario puede encontrarse con obstáculos que convierten una decisión en una carrera de dificultades.
Por eso defendemos una posición clara: aborto seguro, gratuito y accesible en todo el Estado. No como concesión de ningún gobierno, sino como conquista de la lucha de las mujeres.
La ofensiva reaccionaria contra este derecho no es accidental. La extrema derecha pretende presentar la maternidad como destino natural de las mujeres y el embarazo como una obligación social. La derecha y extrema derecha reclama expresamente la derogación de la ley del aborto y ha defendido medidas orientadas a reforzar la natalidad y la protección del “no nacido”. Entre ellas, ha planteado ofrecer ecografías y la posibilidad de escuchar el latido fetal a mujeres que soliciten abortar, un proyecto que pretende limitar la autonomía reproductiva.
El mismo marco aparece cuando se convierte al feto en sujeto central de las políticas públicas mientras la mujer queda relegada a un segundo plano. En 2026, la Comunidad de Madrid aprobó un proyecto para reconocer al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar, dentro de una estrategia de fomento de la natalidad. Esta concepción desplaza la decisión de la mujer y sitúa la reproducción como un asunto de Estado.
La cuestión de fondo es política. El capitalismo necesita reproducir su fuerza de trabajo, y el patriarcado ha construido históricamente sobre las mujeres una parte esencial de ese trabajo reproductivo: gestar, parir, criar, cuidar, sostener hogares. Cuando la extrema derecha reivindica una supuesta “familia natural”, no está defendiendo una realidad inmutable. Está defendiendo una organización social en la que los cuidados recaen sobre las mujeres y su autonomía queda subordinada a la familia, la religión y el Estado.
Quieren una mujer que sea, antes que nada, paridora y ama de cría. Una mujer que cuide gratuitamente, que asuma dobles jornadas y que encuentre su realización en el sacrificio. Y cuando una mujer decide no continuar un embarazo, esa misma estructura pretende convertirla en culpable, egoísta o irresponsable. La técnica de la extrema derecha es cuestionar derechos que estaban logrados aún en condiciones muy pésimas, conseguir que se cuestionen leyes ya existentes cuando la lucha se dirigía a ampliar y garantizar ese derecho a decidir, lo vemos ahora cuando en Estados Unidos están cuestionando el voto femenino la técnica es la misma, el resultado que buscan siempre es dinamitar los avances que las luchas organizadas han conseguido por los derechos de las mujeres de clase obrera.
La ley española reconoce hoy el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y establece que debe garantizarse en condiciones de igualdad efectiva, accesibilidad y seguridad. Sin embargo, reconocer un derecho sobre el papel no basta. La existencia de barreras territoriales, falta de profesionales, persecución y acoso a profesionales y usuarias en las clínicas, objeciones de conciencia o desigualdades económicas pueden hacer que el acceso sea diferente según dónde se viva y cuánto dinero se tenga. Hasta que todas no podamos decidir, hasta que dejen de poner en duda los avances conseguidos, seguirán encontrando a las mujeres trabajadoras organizadas.
La lucha no puede reducirse a defender una ley concreta o una medida concreta que facilite el laberinto de acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo, o penar el acoso en las clínicas, el derecho a decidir es mucho más amplio: Hay que defender las condiciones materiales que hacen posible decidir. Educación sexual pública, anticoncepción accesible, sanidad pública con recursos suficientes, permisos y derechos laborales, vivienda, servicios de cuidados y una red pública que permita criar sin pobreza. Defender el aborto es también defender una vida digna para quien decide continuar un embarazo.
Frente al proyecto reaccionario, la respuesta debe ser colectiva. Ninguna mujer debe verse obligada a continuar un embarazo por falta de dinero, presión religiosa, miedo o ausencia de atención sanitaria. Ninguna debe ser empujada a la clandestinidad ni a situaciones inseguras.
El aborto seguro no puede ser un lujo reservado a quien puede pagarlo. Es un derecho. Y como todos los derechos conquistados por la clase trabajadora y por las mujeres, sólo estará garantizado mientras exista organización, movilización y lucha. Frente a quienes quieren devolvernos al papel de paridoras, respondamos con solidaridad y conciencia de clase.
Porque decidir sobre nuestros cuerpos no es un privilegio.
Edurne Batanero
