La educación pública atraviesa una fase de tensiones que desbordan el ámbito estricto de la docencia reglada. De hecho, las recientes movilizaciones en el sector de 0 a 3 años, con episodios de huelga que han superado los sesenta días en algunos territorios, son ejemplos de una resistencia sostenida que cuestiona el relato dominante sobre quién educa y quién sostiene el sistema. Este colectivo, integrado por monitoras, educadoras infantiles, trabajadoras sociales, entre otras profesiones, soporta una doble marginación. Por un lado, en la reducción de su labor a una función de custodia o conciliación, y, por otro, en la invisibilización de su contribución al desarrollo cognitivo y emocional en la infancia. Por ello, el reconocimiento de esta etapa como eje pedagógico fundamental choca con una realidad retributiva y organizativa que degrada la profesión.
Las condiciones laborales de estas trabajadoras, en su mayoría mujeres jóvenes, son estructuralmente precarias, con salarios por debajo del mínimo interprofesional y ratios de alumnado por educador que alcanzan cuotas desbordantes para la calidad de la atención y la seguridad del personal y alumnado. Esta precariedad se acentúa cuando se reconoce la creciente diversidad del alumnado, con necesidades educativas específicas y bagajes culturales diversos, cuya integración es un valor pedagógico innegable, pero que exige recursos humanos y materiales que no están en absoluto garantizados. A este escenario se añade el modelo de gestión indirecta, mediante conciertos o subvenciones a entidades privadas. Este modelo, al priorizar la rentabilidad empresarial sobre las condiciones laborales y pedagógicas, perpetúa la desigualdad y dificulta una atención educativa verdaderamente inclusiva.
La invisibilidad de estos sectores dentro del movimiento sindical y de la comunidad educativa constituye, por otra parte, un problema político de primer orden. En efecto, los convenios colectivos firmados por los sindicatos mayoritarios han ignorado sistemáticamente las reivindicaciones de estas trabajadoras, al priorizar acuerdos que no alteran la precarización ni garantizan una carrera profesional digna. Como resultado de esta dinámica, el descontento se canaliza hacia la organización autónoma y genera una desconfianza creciente hacia las estructuras sindicales tradicionales. En este contexto, el conflicto del 0 a 3 constituye un episodio de la lucha de clases en el terreno de la reproducción social, donde se dirime el control de los servicios esenciales y los criterios de distribución de los recursos públicos. Además, la educación infantil, al estar feminizada y ocupada mayoritariamente por jóvenes, concentra todas las contradicciones de un mercado laboral que expulsa a este grupo etario hacia empleos inestables y mal remunerados.
Por tanto, las luchas del sector educativo, aunque se expresan en reivindicaciones tácticas concretas, requieren una articulación con una estrategia política de transformación radical. En este sentido, la táctica sindical, por sí sola, resulta insuficiente para revertir la precariedad estructural, pues deriva de la lógica de acumulación del capital en los servicios públicos. De ahí que el horizonte estratégico deba situarse en la ruptura con el modelo de gestión indirecta y en la orientación hacia la toma del poder político por parte de la clase obrera. Esta perspectiva implica superar el reformismo, que las asambleas de centro acaben en una organización sindical de clase, pues de cada conflicto laboral debe salir una sólida organización obrera y popular, bajo los criterios de clase. La combinación de la dinámica táctica, que atiende a las necesidades inmediatas de las educadoras, y la firmeza estratégica nos ayuda a que el descontento juvenil no se disipe en conquistas parciales y trascienda a una organización de base.
Guillem.
