Desde las ventanas se escuchan los aviones pasar. El cielo ha dejado una luna de sangre bajo un manto de humo, y las nubes negras, incapaces de traer salvación, ocultan los últimos rayos de luz. España vuelve a arder.
La guerra contra las llamas evidencia lo que Marx dijo: «La producción capitalista... solo desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción socavando al mismo tiempo las dos fuentes originarias de toda riqueza: la tierra y el trabajador». Más de siglo y medio después, la lógica de la acumulación continúa chocando con los límites ecológicos del planeta.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), España está experimentando un claro aumento de la temperatura asociado al cambio climático. Los cuatro años comprendidos entre 2022 y 2025 han sido los más cálidos desde que existen registros y el Mediterráneo alcanzó, en 2025, una de las temperaturas más altas de toda la serie histórica. A ello se suma una mayor frecuencia de sequías y un déficit creciente de humedad en los suelos, condiciones que secan la vegetación y multiplican el riesgo de incendios forestales. La crisis climática no es un accidente de la historia: es una consecuencia de un modelo económico basado en el crecimiento permanente sobre un planeta con límites físicos.
Ante esta realidad, la Ley 43/2003 de Montes establece que todas las administraciones públicas tienen el deber de organizar la prevención, detección y extinción de los incendios forestales, correspondiendo la competencia principal a las comunidades autónomas. Durante años, la legislación prohibió, con carácter general, cambiar el uso forestal de un monte incendiado durante treinta años, precisamente para impedir que el fuego pudiera convertirse en un incentivo económico. La reforma de 2015 introdujo excepciones por razones imperiosas de interés público de primer orden, entre ellas determinadas infraestructuras estratégicas.
Aquí hay aspectos que considerar. En la Vall d'Uixó existen importantes proyectos energéticos. Statkraft impulsa Arada Solar, una macroplanta fotovoltaica de 155 MW entre La Vall d'Uixó, Xilxes y Moncofa. Greenspan Global Energy promueve otro proyecto en la zona y Sungrow Renewables desarrolla tres instalaciones de almacenamiento mediante baterías, con una potencia conjunta de 171,5 MW.
Estos proyectos han tenido una oposición significativa. Organizaciones agrarias como La Unió Llauradora, plataformas locales (como la Plataforma Energía y Territorio de la Plana Baixa) y partidos políticos han llevado a cabo protestas públicas y campañas en contra. Denuncian que la macroplanta destruye cientos de hectáreas de suelo fértil, amenazando la economía de las cooperativas locales.
El incendio afecta precisamente a un espacio atravesado por estas tensiones. No es necesario afirmar que el fuego haya sido provocado para plantear una cuestión política más profunda: ¿quién está en mejores condiciones para beneficiarse económicamente de un territorio devastado?
Tras un incendio de estas dimensiones, muchos pequeños propietarios y vecinos pueden verse incapaces de hacer frente a los gastos, sobre todo si tenían un terreno forestal que ya daba poco rendimiento, si no pueden asumir los costes de recuperación o si se trata de parcelas pequeñas con numerosos propietarios. En ese contexto, vender deja de ser una elección plenamente libre para convertirse en una consecuencia de la presión económica.
Las sospechas sobre el posible aprovechamiento económico de los incendios no nacen de la imaginación colectiva. La propia legislación endureció las restricciones al cambio de uso precisamente porque, históricamente, existieron intentos de obtener beneficios económicos tras los incendios. La pregunta decisiva no es únicamente quién prende la cerilla, sino qué relaciones económicas hacen que determinados actores puedan salir beneficiados tras una catástrofe mientras otros pierden sus medios de vida.
Más allá de esta cuestión, existe otro debate menos visible: una parte significativa de la prevención y de la extinción de incendios forestales está externalizada a empresas privadas que forman un macroconjunto oligopolista. Buena parte de los medios aéreos (aviones y helicópteros) funcionan mediante contratos con estos oligopolios especializados. Las administraciones contratan las aeronaves junto con sus pilotos y personal de mantenimiento, embolsando grandes cantidades, sobre todo en la extinción de incendios, como ocurre con Babcock España/Avincis, líder en extinción aérea, o Pegasus Aviación, otro gran operador aéreo con numerosos contratos estatales y autonómicos convirtiendo el fuego en un negocio rentable. Mientras tanto, los bomberos forestales denuncian la temporalidad y estacionalidad de sus contratos, la falta de personal y la necesidad de una mayor inversión en prevención durante todo el año. Además, el contrato estatal de apoyo a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), gestionado por la empresa pública TRAGSA, apenas alcanza los 33 millones de euros anuales y la capacidad de supervisión de las administraciones suele estar limitada por la escasez de personal técnico, agentes medioambientales e inspectores.
Cuando el mercado tradicional se satura y la rentabilidad disminuye, el capitalismo necesita abrir constantemente nuevos espacios de acumulación. Esta lógica impulsa la privatización de actividades que durante décadas fueron consideradas derechos colectivos. España ha recorrido ese camino con sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones o numerosos servicios públicos. Se nos promete eficiencia mientras los beneficios se privatizan y los riesgos continúan socializándose. No resulta casual que el Banco de España encontrara una asociación positiva entre una mayor externalización y un mayor gasto público autonómico entre 2002 y 2018.
Al mismo tiempo, nuevas actividades como los centros de datos impulsados por la inteligencia artificial incrementan el consumo de energía y agua en un contexto de recursos cada vez más escasos. La Agencia Internacional de la Energía prevé que su demanda eléctrica pueda más que duplicarse antes de 2030.
¿Qué podemos esperar? ¿Que el mercado se regule por sí solo? No. Al estar orientado principalmente hacia la acumulación de capital y la competencia entre empresas, el aumento de la productividad se traduce en una mayor producción, una intensificación de la competencia y una presión constante por encontrar nuevos mercados rentables. El aumento de la productividad no reduce la presión sobre la naturaleza: la multiplica. El capitalismo responde a la crisis ecológica con más infraestructuras, más extracción y más consumo de recursos.
¿Y el Estado? Marx y Engels escribieron en el Manifiesto Comunista que el Estado actúa principalmente para gestionar y proteger los intereses de los capitalistas y las grandes empresas y media los conflictos entre clases para preservar el orden social.
Mientras el capital siga organizando la producción, la naturaleza continuará siendo explotada como una mercancía y las catástrofes serán tratadas como oportunidades económicas. La alternativa no pasa por esperar un capitalismo más verde, sino por disputar el control democrático de la economía y poner la producción al servicio de las necesidades sociales y de los límites ecológicos del planeta.
Hoy lloramos por nuestros bosques; mañana no nos quedarán lágrimas: el capitalismo habrá obtenido de nosotros hasta la última gota de sangre.
Organízate y lucha.
Celia R.
