Hablar hoy del derecho a un trabajo digno en el Estado español es, en realidad, hablar de su negación sistemática. En el marco del capitalismo, el empleo, lejos de ser garantía de una vida digna, se transforma en un mecanismo de explotación que condena a la clase trabajadora a la precariedad, la inseguridad y la pobreza.
Aunque las cifras oficiales puedan señalar una aparente disminución del desempleo, la realidad material es otra: un porcentaje muy elevado de personas permanece excluido del mundo del trabajo, ya sea por su edad, por su origen o por ser mujer, entre otros factores, mientras que millones de trabajadores y trabajadoras no pueden cubrir sus necesidades básicas pese a tener empleo, en un contexto de creciente inflación. La precariedad laboral, expresada principalmente en contratos temporales, jornadas parciales impuestas, subcontratación y falsos autónomos, es una herramienta deliberada del sistema para fragmentar a la clase obrera y debilitar su capacidad de organización.
En este contexto, la juventud se enfrenta a un acceso tardío y profundamente precario al mercado laboral. Encadenando contratos temporales, prácticas en condiciones abusivas y salarios insuficientes, la juventud trabajadora se ve condenada a renunciar a la construcción de su propio futuro.
A esta realidad se suma la situación de los trabajadores migrantes, sometidos a condiciones extremas. La falta de derechos plenos, el racismo estructural y la amenaza constante de la irregularidad administrativa los convierten en un sector especialmente vulnerable, utilizado por el capital como mano de obra barata y cuya sobreexplotación se aprovecha para presionar a la baja las condiciones del conjunto de la clase trabajadora.
Del mismo modo, las mujeres trabajadoras soportan empleos más precarios y peor remunerados que los hombres, mientras asumen la mayor parte de los cuidados familiares y las tareas domésticas. Esta acumulación de cargas condiciona sus opciones laborales, mientras que el sistema ni ataja la brecha salarial ni facilita condiciones para la conciliación. De hecho, se beneficia de esta reproducción gratuita de la fuerza de trabajo, perpetuando así una desigualdad estructural.
En este escenario, el papel de los sindicatos mayoritarios resulta determinante. Bajo la llamada “paz social” han asumido un rol conciliador que, en la práctica, contribuye a desmovilizar a la clase obrera y a legitimar retrocesos en derechos laborales. La pérdida de su carácter de clase condiciona las negociaciones y elimina la confrontación necesaria para arrancar conquistas reales, consolidando así el poder hegemónico de la patronal.
Por su parte, el gobierno PSOE-Sumar, subordinado a las imposiciones de la Unión Europea y a los presupuestos de guerra de la OTAN, evidencia los límites de la gestión reformista del capitalismo. Las medidas adoptadas, aunque presentadas como avances, son claramente insuficientes para revertir la degradación de las condiciones de vida del pueblo trabajador. El incremento del salario mínimo o ciertas reformas puntuales no alteran la estructura profunda de explotación ni cuestionan el poder de quienes dominan la economía.
Con un gobierno y unas estructuras sindicales que se limitan a administrar la crisis del capitalismo sin alterar sus cimientos, la clase trabajadora se encuentra en una encrucijada. No basta con reformas cosméticas que dejen intactas las estructuras de poder. La urgencia del momento histórico exige la recuperación del sindicalismo de clase y la organización de las trabajadoras y los trabajadores en los centros de trabajo y en los barrios, sentando de este modo las bases para la construcción del Frente Obrero y Popular por el Socialismo. Necesitamos herramientas de combate que no se plieguen al diálogo social de la derrota, sino que ataquen la raíz del sistema. El derecho al trabajo no se ruega en los despachos, se conquista en la calle mediante la lucha sostenida y la organización revolucionaria.
Javier Martorell
