En las últimas décadas el capitalismo ha experimentado unas mutaciones autoritarias que han redefinido el papel de las corporaciones en la vida económica, política y social. Estas mutaciones no implican necesariamente el retorno a dictaduras clásicas sino el surgimiento de nuevas formas de dominación, centralizadas, opacas y despolitizadas, que operan en los ámbitos económico, cultural y simbólico.
Nancy Fraser propone para describir una fase del capitalismo caracterizada por la desconexión creciente entre el capital y las instituciones democráticas el concepto de “capitalismo autoritario”. En él el Estado ya no actúa como mediador entre intereses sociales y económicos, sino como facilitador del capital corporativo, reprimiendo resistencias y externalizando los costos sociales y ecológicos. Como señala Wendy Brown este capitalismo autoritario articula elementos neoliberales con prácticas estatales centralizadas, excluyentes y punitivas. Se trata de una racionalidad neoliberal que despolitiza la vida pública y convierte a las y los ciudadanos en consumidores o inversores de sí mismos y los Estados ya no intentan garantizar el bienestar general sino preservar la estabilidad macroeconómica.
Durante la pandemia de COVED-19 en Estados Unidos grandes corporaciones como Amazon, Google y Pfizer expandieron su poder y recibieron ayudas o contratos privilegiados sin rendición de cuentas pública. En Europa varios países impusieron restricciones severas a las libertades civiles, mientras empresas como McKinsey y otras consultoras privadas fueron contratadas para gestionar tareas críticas durante la emergencia sanitaria. En América Latina la crisis sanitaria fue utilizada por las élites políticas y económicas para profundizar reformas estructurales regresivas y el Estado funcionó como brazo ejecutor del capital, con políticas que beneficiaban a grandes conglomerados financieros y extractivos en detrimento de los sectores populares.
El capitalismo autoritario es un reordenamiento del poder político donde la lógica empresarial se impone a las instituciones democráticas. Estas dinámicas han llevado a lo que Wolfgang Streeck denomina 'congelación de la democracia', donde el poder económico de las grandes corporaciones supera ya los límites de la soberanía estatal.
Como señala Saskia Sassen el poder corporativo ha desarrollado capacidades para desplazar funciones tradicionalmente soberanas del Estado. Algunas corporaciones transnacionales han establecido sistemas legales paralelos a través del uso de mecanismos de arbitraje internacional. El sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS), contenido en tratados bilaterales y multilaterales, permite a las empresas demandar a los Estados por políticas que afecten sus expectativas de ganancia. El resultado es una arquitectura global de poder fragmentada donde los derechos ciudadanos quedan subordinados a lógicas de acumulación transnacional.
El surgimiento del capitalismo de plataformas ha consolidado un modelo de acumulación basado en la extracción masiva de datos, el control algorítmico y la desestructuración de los derechos laborales, articulando un sistema donde el valor económico procede de la intermediación digital, de la apertura de puertas y la acumulación de datos, más que de la producción directa de bienes y servicios, pueden ser utilizadas para erosionar deliberadamente el debate democrático, consiguiendo re articular los términos de dicho debate al tener en sus manos el poder de ofrecer mayor o menor visibilidad pública, colaboran frecuentemente con los Estados en tareas de vigilancia masiva configurando una nueva realidad autoritaria y representa una nueva etapa del capitalismo global donde el poder se concentra en infraestructuras digitales privatizadas que escapan al escrutinio democrático y a los marcos regulatorios tradicionales.
El poder corporativo se ejerce también mediante la construcción y reproducción de una hegemonía simbólica que moldea valores, identidades y narrativas culturales en sociedades contemporáneas. La idealización del “emprendedor de sí mismo” convierte a las y los trabajadores en sujetos responsables de su propio éxito o fracaso, invisibilizando las condiciones estructurales que precarizan el empleo y fragmentan la solidaridad colectiva. La mercantilización del conocimiento y la financiación privada condicionan agendas académicas, priorizando proyectos que favorecen intereses empresariales y relegando líneas críticas o autónomas. Esta captura simbólica del saber contribuye a reproducir el consenso hegemónico y dificulta la emergencia de un pensamiento crítico y emancipador, como señala Bourdieu.
La consolidación de un capitalismo autoritario se manifiesta en la creciente subordinación de los Estados a los intereses empresariales, fenómeno que se traduce en políticas públicas diseñadas para favorecer la rentabilidad del capital antes que el bienestar colectivo. Emerge un tipo de soberanía privada en el que actores corporativos asumen funciones que antes eran prerrogativa del poder público, como la provisión de servicios básicos, la vigilancia digital o a gestión de datos personales. Enfrentar este panorama exige una crítica integral del poder corporativo que comprenda sus múltiples dimensiones económicas, políticas, culturales, tecnológicas y ecológicas.
Marcos M. Rodríguez Pestana
