El 28 de septiembre es el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, un día de lucha por la despenalización del aborto, y la legislación sobre él y el acceso a los métodos anticonceptivos. Un día de reivindicación de un derecho que reduce el acceso al I.V.E. (Interrupción Voluntaria del Embarazo), pero va más allá. Empieza en el acceso a la educación sexual, a los métodos anticonceptivos cubiertos por la seguridad social y que menos impacto tienen en nuestra salud, y por último a la I.V.E. de una forma segura. Sin embargo, lejos de poder profundizar en la amplitud de este derecho, tan relacionado con la defensa de la sanidad pública y de la educación feminista, en los últimos años se queda en una defensa de la autodeterminación sobre la reproducción contra la derecha católica y rancia.
Es por esto también que los derechos sexuales y reproductivos no son algo privado o que competa únicamente al feminismo. Perseguir a quienes pretenden decidir sobre sus cuerpos y reproducción no es una decisión individual, están legislando y atacando cuando consideran que la ley no responde a su moral. Quién considere que cuando atacan este derecho solo están atacando derechos de la mitad de la población con capacidad reproductiva (y en edad de hacerlo) está equivocado. En la penalización del derecho al aborto, negación a la educación sexual y restricción al acceso a los medios anticonceptivos reside la posibilidad de decidir y que esto no ponga nuestra vida en riesgo. Un retroceso en este derecho sería hacernos más vulnerables ante quienes quieren legislar en cuanto a su moral, religiosa o no. Entre los últimos ataques está la creación del ‘Refugio Pro-vida’” a las puertas de una de las clínicas más importantes en cuanto a realización de I.V.E. en la Comunidad de Madrid. Los grupos anti-elección no han tenido problema para sufragar el alquiler de un local frente a la clínica, desde el que seguir atacando al grito de “asesinas” y “locas” a quienes acuden.
En uno de estos casos, después de increpar a una mujer que entraba con dos acompañantes, a la salida la esperaba la policía para identificarles y, días después, llamarles a declarar. Esto ocurre pese a la modificación del Código Penal que supuestamente sanciona las concentraciones en las clínicas; pese a su promulgación, las trabajadoras y las usuarias siguen viviendo el acoso, los grupos anti-elección han buscado nuevos métodos. Estos ataques solo demuestran que el derecho al aborto no es un derecho blindado, los opositores de conciencia siguen pudiendo obstaculizar el acceso a él y ocupar una plaza en la sanidad pública y no existe un registro de ellos en todas las comunidades. No debemos aceptar que tengamos que abortar en una clínica privada, aunque lo cubra la seguridad social; queremos ejercer nuestro derecho en un hospital público, tanto por la seguridad de la intervención de salud y hacer más difícil el acoso, como por no aceptar que ninguna clínica privada se lucre con el ejercicio de nuestra autodeterminación.
Por todo ello, la defensa del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro es una reivindicación con un marcado carácter feminista de clase, pues el acceso a él siempre ha estado marcado por la clase; es un día de acción por una sanidad pública, sin privatizaciones ni objeciones de conciencia que imponen la moral a pacientes y usuarias; por una educación pública que incluya la educación sexual, porque la derecha siempre quiere imponer su modelo de familia y moral sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Edurne Batanero
