La vivienda en el capitalista estado español nunca ha sido un derecho: es una mercancía en manos de especuladores, blindada por una Constitución del 78 que jamás protegió a la clase obrera.
Los grandes burgueses que especulan con nuestro territorio y hasta con nuestras vidas, han convertido el acceso a la vivienda en algo inalcanzable para la clase obrera, especialmente para las mujeres.
Las mujeres trabajadoras sufrimos una brecha más, la que nos margina del acceso a una vivienda digna. Mientras los grandes fondos buitre compran edificios enteros para inflar los alquileres, las mujeres tardan en promedio de casi 20 años en poder acceder a una casa, dos años más que los hombres. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el sistema nos condena a la precariedad: contratos temporales, salarios más bajos y a una sobrecarga brutal de trabajos de cuidados que ni se ven ni se pagan. Así, nos cierran las puertas del mercado inmobiliario antes siquiera de haberlas tocado. No es casualidad que el 54% de las personas que viven en alquiler social sean mujeres, muchas de ellas cabezas de familias monoparentales que sostienen hogares sin apenas recursos.
Los datos muestran que la precariedad laboral y la desigualdad de género afecta al acceso a la vivienda de las mujeres trabajadoras dado que la precariedad laboral y la brecha salarial imponen unos ingresos que dificultan tanto el crédito como el acceso a programas de vivienda protegida, así como las somete mayores niveles de vulnerabilidad y exclusión residencial, lo que puede afectar negativamente su salud mental y física.
Así la gentrificación en España ha tenido un impacto directo en la vida de las mujeres de bajos ingresos;, un estudio de la Universitat Autònoma encontró que las mujeres que viven en áreas gentrificadas de Barcelona experimentan un mayor riesgo de desplazamiento debido al aumento de los precios de la vivienda y la falta de servicios y recursos para mujeres, tales como como centros comunitarios y servicios de salud por lo que lo que puede experimentar un aumento en la carga de cuidado, ya que deben asumir más responsabilidades para cuidar a sus familias y comunidades.
El resultado de la especulación inmobiliaria y la subida constante de los alquileres se traduce en que está expulsando a miles de mujeres de sus barrios, condenándolas a vivir en condiciones infrahumanas o lo que es peor, las mantiene atrapadas con su maltratador. Por eso, la crisis de la vivienda no solo se mide en números cuando hablamos de mujeres trabajadoras, también se mide en violencia. La violencia de género es una realidad que muchas mujeres sufren dentro de sus propios hogares, un infierno del que es imposible escapar sin una alternativa real. En 2025, la mayoría de las mujeres asesinadas por violencia de género fueron encontradas en su propia casa. Ese “hogar” que debía protegerlas fue su tumba. ¿Puedes imaginar lo que es vivir cada día sabiendo que no tienes donde refugiarte, que compartes el techo con tu agresor? En el conjunto del Estado español, miles de mujeres víctimas de violencia machista siguen esperando una vivienda digna para poder rehacer sus vidas, incluso algunas abandonadas por el sistema vuelven con su agresor al no encontrar otra salida.
Actualmente, alrededor del 23% de las personas sin hogar en España son mujeres, y muchas de ellas han terminado en la calle tras huir del maltrato físico, psicológico o sexual. En lugar de encontrar protección, se ven forzadas a sobrevivir en condiciones de máxima exclusión e invisibilidad social. La falta de acceso a una vivienda segura y estable no es solo una consecuencia de la violencia patriarcal, sino una forma más de ejercerla.
Además, según datos de la Universidad de Barcelona, el 70% de las mujeres en situación de sinhogarismo ha sufrido violencia de género. La falta de recursos habitacionales adecuados y la escasa oferta de viviendas de alquiler social dificultan la salida de estas mujeres de situaciones de violencia.
Desde el Partido Comunista de los Pueblos de España estamos convencidas de que para revertir esta situación es necesario tomar una serie de medidas que ningún gobierno reformista va a llevar a cabo, porque no están en el poder para defender los derechos de la mayoría, como la nacionalización de las viviendas de fondos buitre o la banca o el control de los precios y la especulación, sino que ni siquiera ha puesto en marcha medidas como aumentar el parque de vivienda social en el estado español, que actualmente representa solo el 3,4% del total, muy por debajo de la media europea del 9%. La construcción de viviendas públicas debe ser una prioridad para garantizar el derecho a la vivienda para todas las personas, especialmente las mujeres de la clase obrera.
Las mujeres trabajadoras tenemos que organizar nuestra propia lucha también el derecho a una vivienda digna, que no es solo una cuestión de bienestar, sino porque es una pieza clave para poder organizarnos, construir poder popular y enfrentarnos al machismo y la explotación que nos quiere doblegar, atrapadas en la doble opresión del patriarcado y el capitalismo.
Secretaria Feminista
