Con ocasión de la aprobación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, la Coordinación Estatal Contra la OTAN y las Bases manifiesta su más rotunda condena al sesgo belicista de estos, que contienen un incremento desmesurado en las partidas destinadas a los gastos militares, al tiempo que desatienden las apremiantes necesidades sociales consecuencia de una crisis sistémica que se profundiza por momentos.

No se trata únicamente de que el presupuesto del Ministerio de Defensa aumente casi un 26%, sino de que se multiplican hasta la extenuación los gastos militares escondidos en otras partidas, dedicados a los programas especiales de modernización de armamentos, a la investigación y desarrollo, a las cuotas de organismos militares multilaterales, a organismos autónomos de Defensa o a las misiones militares en el exterior.

Si a todo ello se suman el presupuesto del cuerpo militar de la Guardia Civil y las pensiones de los militares retirados, el total ascendería a más de 27.000 millones de euros, según los criterios establecidos por la propia OTAN. Esto supone, de facto, un 2,13% del PIB, más del 2% exigido por la propia OTAN y que el Presidente Sánchez había prometido alcanzar para 2030.

De todos estos gastos militares, 7.700 millones de euros son para los programas de modernización, o sea, compra de nuevas armas. Suponen el 30 % del total de las inversiones del estado. Se hacen a largo plazo contra créditos del Ministerio de Industria y hoy suponen una deuda de 25.000 millones de euros.

Pero lo importante de los gastos militares en los presupuestos no es tanto su cuantía o su incremento, como la utilidad que se les da. De ninguna manera están destinados a defender a nuestro país de supuestos enemigos.

Por el contrario, los presupuestos militares se orientan a mantener la industria militar y unas fuerzas armadas disfuncionales, con enormes lastres y servidumbres: un ejército que dilapida en nuevas adquisiciones mientras mantiene una carencia crónica en el mantenimiento de los sistemas, cautivo de un sistema económico colonizado por el complejo industrial militar de los EEUU sin apenas cesión de tecnología y que invierte ingentes cantidades en armas que no funcionan o que están destinadas a guerras ajenas.

 

Pero además, unas fuerzas armadas en las que perduran los intereses de una casta militar celosa de su autonomía, con una ratio de 7 mandos por cada 10 soldados, que mantiene la herencia ideológica del dictador Franco, en las que sus mandos consideran que son su patrimonio personal y que hacen recurrentes incursiones en la vida pública para intentar suplantar la soberanía popular.

Para todo eso son los presupuestos militares. Se nos pretende convencer de que el enorme incremento responde a exigencias de la guerra; sin embargo, son simplemente la expresión del juego de intereses, que se aprovecha de la excusa de una guerra promovida por la autodenominada “comunidad internacional” para medrar en su inagotable apetito.

Y como es habitual en los presupuestos presentados por los sucesivos gobiernos, el gasto real viene a ser más del doble de lo consignado al Ministerio de Defensa, en un ejercicio de engaño que va dirigido exclusivamente al pueblo español y no a la OTAN. Todo ello, inscrito en la farsa que supone la política exterior y de seguridad en un acuerdo parlamentario sin fisuras, en el único ámbito en el que todas las fuerzas políticas coinciden, obedientes al mandato del imperio yanqui, sin que se haya oído ni una voz discordante.

Las fuerzas del progresismo liberal, nuevamente, utilizan su posición de gobierno para adelantar la agenda imperialista, adoptando medidas que las propias derechas no se atreverían a tomar en las mismas circunstancias. Le llaman política de estado y se basa en la profundización de la dependencia y el sometimiento a los intereses de los EEUU y de los capitales vinculados a ellos, reforzados con un papel activo en la guerra en Ucrania. Todo ello, con desprecio de las genuinas necesidades populares, siguiendo las directrices emanadas de la Cumbre de la OTAN y de su Asamblea Parlamentaria, ambas celebradas en Madrid, que ha llegado esta última al extremo de declarar a Rusia como “estado terrorista”.

La práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias han apoyado los presupuestos de guerra, mostrando así su disposición a continuar con la política de confrontación con la Federación Rusa exigida por los EEUU, en lugar de avanzar en una política exterior soberana de convivencia pacífica con otros pueblos y estados del mundo.

La paz es el resultado de la correlación de fuerzas: la presión del occidente colectivo contra la Federación Rusa, la única fuerza hoy en día con capacidad de confrontarla en su propio terreno, solo será neutralizada y alcanzada la paz cuando la Federación Rusa haya alcanzado sus objetivos militares de derrota del nazismo y la eliminación de la amenaza de la OTAN sobre su territorio.

Consideramos que la derrota de Rusia por la OTAN significaría el final temporal de toda resistencia a su estrategia expansionista y de saqueo de otros pueblos y naciones, así como la generalización de un régimen totalitario, de exclusión y superexplotación de las poblaciones al interior de los países aliados, que no podemos consentir de ningún modo.

28 de noviembre de 2022

Coordinación Estatal Contra la OTAN y las Bases