Con este ya serán tres los números del Unidad y Lucha que, consecutivamente, recogen noticias relacionadas con la amenaza de cierre que pende, desde principios de 2016, sobre la factoría de Altadis, sita en Agoncillo (La Rioja), que es propiedad del monopolio británico del sector tabaquero Imperial Tobacco, y que constituiría la liquidación de la última empresa de fabricación de cigarrillos en nuestro país.
El presente texto tiene como objetivo situar una serie de enseñanzas a la luz de los acontecimientos, que puedan servir a los trabajadores y a las trabajadoras para interiorizar las consecuencias de arrodillarse ante una patronal y sus correspondientes gestores políticos que, por encima de hipócritas declaraciones, siguen a pies juntillas la máxima capitalista del “laissez faire, laissez passez” (dejar hacer, dejar pasar), es decir, permitir que, desde 1999, hayamos pasado de contar en nuestra geografía con 12 empresas de producción de cigarrillos a que, 17 años después, pueda echar el cierre la última, sin olvidar que para ello previamente se privatizó un sector, que no era precisamente deficitario, con el fin de entregarlo a unas manos privadas que, paulatinamente, fueron recortando todo tipo de derechos laborales y salariales pero que, no contentos con la magnitud de sus dividendos, han decidido deslocalizar la producción y eliminar los cerca de 600 puestos de trabajo entre plantilla y subcontratas.
La plantilla de Altadis asume un ajuste, siempre que no cierre; Los trabajadores de Altadis asumen que ya sólo pueden negociar el cierre. Entre ambos titulares recogidos en la prensa regional pasaron… 34 días, teniendo además en cuenta que, el primero de ellos, salió a la luz apenas unas horas más tarde de que se hiciera pública la amenaza de cierre (evidentemente, la dirección de Altadis y el Gobierno regional ya tenían fijada su particular hoja de ruta y sus planes previamente).
Por el camino, grandilocuentes declaraciones institucionales llamando a mantener la empresa, imágenes en los medios entre el comité de empresa y los prebostes de las distintas versiones del Partido único del capital (PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos…), o manifestaciones donde el Altadis no se cierra era el eslogan que las encabezaba, a pesar de que la voluntad de lucha real indicaba que prácticamente nadie creía o quería demostrarlo con hechos.
Si nada lo impide (y son los 600 trabajadores y trabajadoras afectadas, junto con el conjunto del pueblo trabajador riojano, quienes tenemos esa responsabilidad), el 31 de diciembre echará el cierre una empresa con 126 años de historia.
Vayamos con las reflexiones y enseñanzas:
1º) Asumir que más allá de las plantillas afectadas, es el conjunto del pueblo trabajador quien sufre una profundización en el paulatino proceso de desindustrialización que afecta a nuestra tierra. Por lo tanto, el cierre de una empresa no es algo que deba ser “cocinado” entre el comité correspondiente y la dirección empresarial, de espaldas a la mayoría obrera y popular, que dejaría de contar con una (otra más) empresa donde buscarse un futuro laboral.
2º) Asumir el discurso empresarial, según el cual los recortes de hoy servirán para mantener una empresa abierta, constituye una falacia. La plantilla de Altadis está sufriendo la dura lección que supone haber aceptado, en su día: despidos, ERE, merma de salarios y demás condiciones laborales.
3º) Fiar sus esperanzas a los Partidos del sistema, a posibles cambios de Gobierno, acudir solícitos a su llamada, acoger dichosos sus vacías declaraciones de “condolencias” y sus vanas promesas (sin darse cuenta de que, unos y otros, legislan y están ―o pretenden estar― ahí para defender los intereses de la clase explotadora), lleva directamente a cavar la tumba de su propio futuro laboral,
4º) Despreciar las voces que, tanto dentro como fuera de Altadis, apelan a la no rendición, a apostar por la expropiación sin indemnización como paso previo a la vuelta de Altadis a la titularidad pública, acogiéndose, aunque fuera, al artículo 128 de la propia Constitución monárquico-burguesa que proclama la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general, despachando el asunto con un simple eso no es serio, supone plegarse de facto a los intereses de su enemigo de clase, de los Gobiernos de las distintas contrarreformas laborales que ya están sufriendo, o de una Unión Europea que en su día exigió el desmantelamiento del sector tabaquero público como peaje para ingresar en la entonces CEE.
Dejémoslo aquí. No es grato radiografiar una, más que previsible, nueva derrota del pueblo trabajador, pero no es momento de condescendencia, sino de extraer lecciones
Si Engels escribió en su día que los bakuninistas españoles nos han dado un ejemplo insuperable de cómo no debe hacerse una revolución, gran parte del comité de empresa de Altadis y sus cúpulas sindicales nos están dando una lección de cómo no deben defenderse 600 puestos de trabajo. Claro está, si es que entre sus plantes estaba el hacerlo, y no pasar directamente de punto en el Orden del Día para centrarse en prejubilaciones, recolocaciones con dinero público (ahora sí) y demás prebendas.
