Por segunda vez Saint-Barthélemy escribe un capítulo en la lucha de clases. Este es un un barrio del norte de Marsella, donde los 77 empleados de un McDonald’s ya protagonizaron un capitulo de lucha contra la empresa transnacional en el año 2018, cuando iniciaron una huelga para evitar el cierre del establecimiento. Denunciaron que bajo la excusa de tener pérdidas, lo que se escondía era un intento de acabar con un establecimiento que era un foco de activismo sindical, puesto que según la plantilla el restaurante era viable.

 

Las trabajadoras de la salud en el Jacobi Medical Center de El Bronx, una de las zonas más castigadas por el Covid-19 en Nueva York, denuncian estar tratando a los pacientes sin la protección adecuada y en muy malas condiciones.

Un grupo de enfermeros estadounidenses en Nueva York protestan por la escasez de equipo médico y protección personal en hospitales del país.

Seguramente sin la crisis sanitaria actual seguiríamos mirando a otro lado pese a las denuncias de las trabajadoras de residencias de tercera edad y las de algunos colectivos de familiares. La gallina de los huevos de oro de un servicio público esencial se lo reparten empresas privadas. El accionariado mayoritario son fondos buitre como en VITALIA HOME propiedad del fondo británico CVC, ORPEA o DOMUSVI de fondos franceses o de inversores inmobiliarios en Ballesol, Sanitas o La Saleta. Esas empresas privadas acaparan el 85 por ciento de las plazas y centros disponibles y sus ingresos provienen mayoritariamente de fondos públicos a través de conciertos y concesiones.

 

Trabajan en la conocida como economía de las aplicaciones, llevan años circulando por nuestras ciudades y también denunciando sus condiciones de explotación.

 

Según han denunciado desde la sección sindical de CGT, “la plantilla de Telepizza en todas las ciudades llevamos semanas denunciando públicamente que la empresa se negaba a dotarse de un plan de prevención”.

El pasado viernes día 10, en Zaragoza, casi una decena de trabajadoras y trabajadores de Telepizza, de la tienda situada en la avenida Miguel Servet, han recibido sanciones disciplinarias por negarse a trabajar sin EPIs ni protocolos efectivos de protección contra el COVID-19 con suspensiones de de empleo y sueldo durante 20 días.

Prestan un servicio esencial, son mayoritariamente mujeres y desde el inicio del estado de alarma han estado en primera línea de exposición y sin ninguna medida de protección para su salud. Han ido saltando noticias de su situación y desprotección.

 

Según datos de la propia Diputación, los fallecidos en las Residencias de Gipuzkoa suman ya más de 90; el 70% de los fallecimientos de Gipuzkoa por COVID-19 se han dado ahí. Los contagiados totales en esos centros ascienden a 301.

 

CGT denuncia que la empresa Airbus sigue haciendo “caso omiso” de las medidas de seguridad, también después de la visita de Inspección de Trabajo reflejada en un acta del día 6 de abril a los centros de trabajo de Getafe y Barajas. Dicha inspección detectó que no hay medidas de seguridad apropiadas entre los trabajadores blue collar (operarios), no consta la utilización de contenedores biosanitarios Tipo III para la retirada de los EPI desechables y tampoco hay distancias de seguridad en una de las salas de almuerzo y en vestuarios. Durante la parada de la actividad, la empresa no ha resuelto ninguno de los problemas de salud laboral detectados por el comité de empresa.