Este martes, 27 de junio, militantes del PCPA-PCPE han participado en la Asamblea-Concentración convocada por la Coordinadora de Profesionales del metal en Astilleros de Puerto Real con motivo de los dos últimos accidentes laborales ocurridos en esa factoría, y en los que resultaron heridos dos trabajadores, uno con graves quemaduras y el otro con lesiones que le han provocado la pérdida de las dos piernas y cuyo estado aún es grave.

En esta Asamblea, que ha contado con el apoyo de las organizaciones sindicales que conforman la Intersindical de Clase de la Bahía de Cádiz (CGT, AO, USTEA, SAT Y CTA) y a la que se sumó un importante número de trabajadores de esa factoría de Puerto Real, se expusieron los motivos y circunstancias por las que se han producido estos accidentes: precariedad laboral, ausencia de control de prevención de riesgos laborales, subcontratas con escasos medios y ningún interés en preservar la salud de sus trabajadores...

¿En qué consiste el sector del Contact Center?

El Sector de Contact Center ha sido utilizado por las grandes empresas multinacionales para subcontratar a trabajadoras y trabajadores que ofrezcan los mismos servicios en condiciones mucho más precarias y salarios mucho más bajos. Hablamos de, empresas de telecomunicaciones, entidades bancarias, aseguradoras o energéticas que ceden sus servicios de Atención al Cliente o sus operaciones aplicables telemáticamente (transferencias, compras, asesoramiento, operaciones bursátiles…) a empresas “especializadas” muy competitivas entre ellas. Con el inicio de la crisis capitalista y la reforma laboral empeoraron aún más a las teleoperadoras/es: el abaratamiento del despido y las facilidades para hacer horas extra y horas complementarias, supuso a destrucción de decenas de miles de empleos fijos, de muchos años a jornada completa, para contratar a personas eventuales, de 20, 25 o 30 horas con salarios aún más ridículos y miserables. En 2014 caducó en V Convenio del sector y comenzaron las negociaciones que daba una oportunidad de dignificar la vida de las personas del Contact Center.

El pasado 3 de marzo, horas después de haber salido del trabajo, nuestra compañera Judith fue telefoneada por el jefe de Recursos Humanos de la empresa Ebone, para entregarle una carta de despido, fulminante e injustificado, a priori manifestando “despido disciplinario” sin especificar motivos, para ahorrarse la indemnización que le correspondería después de 10 años trabajando como coordinadora y monitora en un servicio público del Ayuntamiento de Granada (Medicina Terapéutica y Deportiva en el Polideportivo Núñez Blanca), con impecable trayectoria, reconocida tanto antes como después del despido, por el médico deportivo del Servicio, por sus compañeros de trabajo y de instalación, y por los usuarios que la ven trabajar cada mañana.

Esta mañana, como viene sucediendo desde hace  más de un mes, seis trabajadores de la empresa INYCONSUR, S.L., contrata de NAVANTIA en Cádiz, han mostrado su rechazo a la pérdida de sus puestos de trabajo por la situación de concurso de acreedores de dicha empresa. Estos trabajadores, casi todos ellos con una antigüedad de más de catorce años, reivindican que sus empleos sean reabsorbidos por las otras dos contratas que hay en esos astilleros, dada que la carga de trabajo no ha variado. La concentración de hoy ha contado con la participación de un nutrido grupo de trabajadores y trabajadoras de Navantia, que se han sumado a la hora del bocadillo, así como con compañeros del SAT, USTEA, Autonomía Obrera, CGT y CTA.

El conflicto social de las trabajadoras de las residencias privadas de Vizcaya sigue enquistado por parte de las tres patronales que conforman el sector (LARES, GESCA y ELBE) y el ente político y económico que sustenta todo el entramado capitalista desde la Diputación Foral de Bizkaia. Recordemos que el Gobierno de coalición en esta institución está conformado por parte del PNV y del PSOE; reforzando a su vez estos mismos, el nuevo Gobierno vasco, con un reparto de consejerías y de senadores territoriales de forma muy notoria, como se ha podido ir viendo en estos últimos días desde el juramento de la Casa de Juntas de Gernika.

Tras un mes de noviembre lleno de movilizaciones por parte de este colectivo de 5.000 obreras, que se han movilizado una vez más por las calles de Bilbao, realizando varias concentraciones en las entradas de las vías de comunicación de la villa; reivindicaciones simbólicas en el último lunes de octubre en el que se celebra el mercado agrícola más importante de la zona como es el de Gernika; así como marchas por la Margen Izquierda del Nervión, o concentraciones frente a las sedes de las tres patronales, destacando la realizada en la residencia Aspaldiko de Portugalete.

 

Ni la palabra Blas de Otero, ni la palabra deja la oligarquía en su guerra desatada contra la clase obrera. No son únicamente leyes mordazas, criminalización del derecho de huelga, códigos penales y todo un arsenal de leyes represivas, la patronal ansia más. Quiere dejar la libertad sindical, el derecho de manifestación y de opinión, reducidos, como todos nuestros demás derechos, a una farsa. Formalidad sin ejercicio real posible… Ayer era la morosa churrera canaria o la patronal de hostelería quienes denunciaban a trabajadores y trabajadoras que ejercían legítimamente sus derechos y ahora es la multinacional de la agroalimentación BONNY SA quien acaba de denunciar a CGT y a su delegado sindical por exhibir, en una concentración contra impagos de la empresa, la siguiente pancarta: “Bonnysa morosa, explota, cobra y no paga”. Pide 6.000€ para la restauración de su dañado honor, que la epidermis de los explotadores es muy sensible, ya sabemos. Y, de paso, da un aviso a navegantes protestones y protestonas. Ejemplar escarmiento se pretende para quien critique la explotación en el puesto de trabajo u ose ejercer derechos sindicales, de opinión o cualquier otro que evidencie que esto no es un bailecito sino lucha de clase. Toda nuestra solidaridad y apoyo al compañero y al sindicato CGT.

Mariano Fuentes, delegado de CCOO decidió pelear por su puesto de trabajo, y le ha ganado a una multinacional como BIMBO. Pero la pelea no ha terminado. 

En febrero de 2011 BIMBO planteó un ERE con el despido de 720 trabajadores en la empresa y la destrucción de la representación sindical, desde ese momento, se iniciaron las movilizaciones para garantizar un proceso de negociación que permitiese afrontarlo en condiciones de defender el empleo, no solo subir las indemnizaciones. Se estudió la figura del TRADE (Trabajador Dependiente Económicamente) firmando un acuerdo con BIMBO que les garantizase las mismas condiciones que las establecidas en convenio, y pactando un sistema de representación sindical basado en la afiliación a sindicato u organización, de esta forma mantienen una estructura sindical estable. No era lo mejor, pero se consiguió mantener el empleo y las condiciones; sin embargo, perdieron su relación laboral con BIMBO, ahora son autónomos, y ya sabe, si no quieres caer enfermo, hazte autónomo.

Desde que, en el mes de septiembre estallara el conflicto laboral en IKEA-Sevilla, militantes del PCPE-PCPA y de los CJC vienen prestando su apoyo a los trabajadores y trabajadoras afectados por los despidos, con la participación activa en las concentraciones convocadas a la puerta del centro comercial que la multinacional sueca tiene establecido en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta. De hecho, las banderas y símbolos de nuestra organización son los únicos que acompañan con regularidad a la ya conocida pancarta con la consigna "Ikea despide a trabajadores como tú", sostenida por quienes, una vez más, han perdido su puesto de trabajo por culpa del afán acumulativo sin límites del sistema capitalista y al amparo de la legislación que, como traje a medida, le vienen confeccionando desde hace décadas los gobiernos burgueses que se han ido sucediendo en nuestro país.

El pasado miércoles 16 de noviembre amanecimos con una noticia en la prensa digital que corría como la pólvora entre las organizaciones sindicales de Canarias. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avala el despido de un miembro del comité de empresa de Seguridad Integral Canaria perteneciente al sindicato Intersindical Canaria. De esta manera el TSJC anula la sentencia de despido nulo que tenía el compañero, dando ahora la razón al empresario explotador Miguel Ángel Ramírez que despidió al compañero por entender que éste había participado en una acción de protesta en un pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la que decenas de personas protestaban con una camiseta que decía “Donde hay corrupto, hay un corruptor. Tanto o más importante que el nombre del político corrupto, es conocer el de la empresa de seguridad corruptora”.