Los elementos esenciales que definen a cada clase social son el papel que ocupa en el proceso de producción, en las relaciones de producción, y en la distribución de la riqueza producida. Cada clase está constituida por el conjunto de personas que juegan un rol similar en una sociedad concreta, independientemente del nivel de conciencia que cada uno pueda tener o no de pertenecer a tal o cual clase social. 

Son miembros de la clase trabajadora todos los hombres y mujeres que, desprovistos de la propiedad de medios de producción de cierta importancia, están obligados a vender por un salario su fuerza de trabajo tanto manual como intelectual a los dueños de esos medios de producción, quienes son a su vez los integrantes de la clase de los capitalistas, o burguesía.

El movimiento obrero, creado espontáneamente con precaria organización y sin conexión con otras luchas, con el objetivo de arrancar a los capitalistas mejores condiciones de trabajo, no sólo es legítimo, sino que es necesario. Si la clase trabajadora abandonara la lucha reivindicativa por mejorar sus salarios u horarios, o para conseguir beneficios sociales, o para lograr condiciones de trabajo más saludables y seguras, no sólo quedaría desarmada ante los capitalistas, sino que se privaría además de la posibilidad de emprender movimientos de más envergadura contra el capital.

Con la noticia de que un obrero/a ,en cualquier lugar del estado, ha muerto en el tajo, nos levantamos todos los días. Noticia que  entre otras motivaciones me ha llevado a reflexionar en el tratamiento informativo que se les da a estas pérdidas humanas. Estas noticias dicho de paso,  solo llegan a un reducido número de vecinos, ya que su tratamiento por parte de los medios de información es adecuado a la correlación de poder  en la sociedad capitalista, con unos medios de información  bajo el  dominio de la burguesía y sus gobiernos títeres.

El tratamiento de la información es inherente a quien tiene el poder político del estado hoy, y aquí la burguesía está presente en los medios televisivos, radio y prensa escrita, y, obviamente, con un tratamiento informativo diseñado con la clara intención de la alienación ideológica.  El capitalismo amplía así su dominación de clase. 541.098 fueron los accidentados hasta el mes de Julio de 2018, de los que graves se contabilizaron un numero 245.922, y fallecieron 250 trabajadores/as; esta estadística, como todas ellas, las haga quien las haga son números.

La compañía Alcoa, líder en producción de aluminio y que cerró el 2017 con beneficios superiores a los 200 millones de dólares, comunicó el despido a 369 trabajadores de la factoría de La Coruña y a 317 de la de Avilés. Por eso de la memoria histórica esperamos que sirva el recordar que como buen ave rapaz Alcoa aterrizó por estas tierras en el concurso de privatización de Inespal para llevarse sus plantas precio de saldo. En un primer momento la multinacional pagó 410 millones de dólares por esta empresa pública. Posteriormente a la factura de compra-venta se le descontaron 300 millones de dólares de nada. Ya el informe del Tribunal de Cuentas en 2006 apuntó que el resultado contable de la privatización de Inespal supuso unas pérdidas de 456 millones de euros para las arcas públicas. Tras la privatización Alcoa fue bonificada con una tarifa especial al precio de la energía que duró hasta 2008. Posteriormente fue subvencionada por la mano invisible del Estado a través de un mecanismo de compensación cuyo alcance se calcula en unos 1.000 millones de euros. Estas desgracias pasan.

Vivimos tiempos de incertidumbres. El escenario económico es desolador. Durante los nueve primeros meses de 2018 Telefónica sólo ganó 2.721 millones de euros. Pero peores desastres están aún por venir. Los datos así lo muestran con toda su crudeza. Amancio Ortega, esa superhormiguita capitalista, a la chita callando, en concepto de dividendos por Inditex se embolsará este año la fatídica cantidad de 1.386 millones de euros. Pero ahí no quedará todo. Como buen magnate está obligado a repartir entre sus humildes y laboriosos accionistas más de 2.300 millones por las cuentas de 2017. Una desgracia total. Un desastre.

Nunca es mal momento para recordar algunas enseñanzas que la historia nos regala, pero que nuestra mala memoria lamentablemente nos hace olvidar. Hace unos días escuché por la radio una frase de la escritora anarquista norteamericana Voltairine de Cleyre, que dice que “los trabajadores tienen que aprender que su poder no está en la fuerza de su voto, sino en su capacidad de parar la producción”. Es decir, que si queremos avanzar en el poder obrero debemos centrarnos más en conocer los mecanismos que mueven el motor de la historia, y dejar de creernos las mentiras que nos van a contar los que viven de la idea de que esto es una democracia porque se vota cada cuatro años.

Que les pregunten a las valientes trabajadoras de residencias de Bizkaia si la fuerza está en su capacidad de parar la producción. Sin sus huelgas y paros no habrían logrado la victoria conseguida recientemente. Y, cómo éste, tenemos muchos ejemplos.

Parar la producción no es poca cosa. Hay que saber cuándo y cómo. Medir las fuerzas y colocar esta opción cuando corresponda. Y, a ser posible, contando con el mayor respaldo del resto de clase trabajadora que puede “sufrir” esos paros. En este sentido la comunicación de la lucha es fundamental.

Luego tenemos la importancia de la unidad y de la organización, en cualquier colectivo que se decide a luchar. Son pilares básicos para sacar adelante los objetivos que nos planteamos cuando empezamos a pelear por lo nuestro. Por eso, el patrón busca romper la organización y la unidad a través del miedo, o llegando a acuerdos con otros miembros de la plantilla. Divide y vencerás.

En mayo de 2016, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, afirmó sin titubeos, que el trabajo “fijo y seguro” era “un concepto del siglo XIX”; en el futuro habrá que “ganárselo todos los días”. Esto lo dijo después de asegurarse una subida de su propio sueldo como consejero de Gas Natural Fenosa −empleo arduo donde los haya −, de un 64% o, lo que es lo mismo, 208.000 euros brutos al año.

Mientras, como se explica en el FMI y otras instituciones, piden mano dura y más reformas a los gobiernos de turno en España. Debe ser que les parece poco el nivel de explotación al que se está llegando en nuestro país, donde los convenios sectoriales empiezan a ser una mera referencia simbólica, cuando no un recuerdo de tiempos pasados, de antes de las dos reformas laborales PP-P$OE.

Y es que, si se lee una página de ofertas de empleo, no es raro encontrar ofertas -verídicas- como éstas: “Ofrecemos acogida, alojamiento y manutención, ropa, a madre soltera (un solo hijo o sin) que lo necesite. Necesita tener conocimiento de computadoras y manejar Internet. Así como cocinar y hacer quehaceres del hogar. ¡No es nada de sexo! Ni raro. ¡Anuncio serio!” o “Busco persona necesitada, que me ayude como vigilante y mantenimiento de una pequeña empresa dedicada al ramo del automóvil. A cambio de alojamiento y manutención, si tiene conocimiento de mecánica ¡mejor! Más adelante ya hablaré de ayuda económica, incluso sueldo. Más detalles por teléfono”

Los españoles vivieron en días recientes un episodio más de subordinación de su país al Imperio y la truculencia de un Gobierno carente de principios.

Despertamos un día 4 de septiembre con la noticia de que la Ministra de Defensa había resuelto entregar a Arabia Saudí las 400 bombas de guiado laser, de alta precisión, retractándose así de su anterior decisión de suspender la operación de entrega, movida por escrúpulos de conciencia humanistoide, propios de la socialdemocracia filistea y santurrona.

Este incidente palaciego desveló el engaño de una venta, cuyo contrato se había firmado en secreto por el Gobierno de Rajoy en mayo o junio de 2015 y acababa de pagarse en enero de 2018. Las bombas pertenecían a la reserva de guerra del Ejército del Aire, que luego tendría que reponer volviéndolas a comprar por un precio superior al de la venta, de 92 millones de euros.

Aquello significaba, internacionalmente y en términos políticos, no una mera venta de armamento, sino la manera ladina como secretamente España contribuía a la intervención de la coalición árabe, liderada por Arabia Saudí, contra Yemen. Una intervención bélica criminal que Estados Unidos y Reino Unido apoyan abiertamente.  El pueblo español se hallaba ignorante de la sucia operación que cocinaban entre bambalinas, de espaldas a la legalidad de la que tanto se ufana la democracia occidental, dos Estados mercaderes de la guerra.

La patronal, es decir la burguesía, no tolera que ningún miembro de la clase obrera se organice, y muchísimo menos, que se organice en sindicatos de clase y en partidos comunistas. Esto es algo obvio, pues solo la organización de la clase obrera en sindicatos de clase que defienda sus derechos y objetivos inmediatos sin pactos ignominiosos, como estamos acostumbrados a ver, así como en partidos comunistas, cuyo fin sea la toma del poder y la construcción del socialismo-comunismo por la vía revolucionaria, suponen el más serio peligro a su dominación y a la permanencia de su status.

En este caso, la persecución sindical desatada contra nuestro camarada José Ramón por parte de la dirección de la empresa con la cooperación del delegado de personal, afiliado a CCOO, reúne todos estos requisitos.

Nuestro camarada José Ramón, es representante de la sección sindical de CTA en la empresa Setex Aparki, concesionaria del servicio ORA del Ayuntamiento de Jerez. Esta empresa viene tratando de imponer a los trabajadores y trabajadoras del servicio ORA unas condiciones que, día tras día, empeoran sus condiciones laborales; para ello cuenta con la traidora complicidad del delegado de personal -de CCOO-. Frente a esto, las afiliadas y afiliados de CTA, entre los que se encuentran dos camaradas simpatizantes del Partido, están presentando una durísima batalla, interponiendo denuncias ante la Inspección de Trabajo y ante la jurisdicción de lo social, así como desarrollando una actividad de concienciación del colectivo de trabajadoras y trabajadores de esa empresa.

La precariedad con la que lidiamos los/las trabajadores/as es inimaginable, sometiéndonos a unas leyes que nos imposibilita realizar en condiciones óptimas nuestro trabajo, cada día perdemos más derechos con un gobierno que apoya a la oligarquía española, creando leyes a favor de ésta y en contra de los/las trabajadores/as, todo un sistema para enriquecer al rico y empobrecer cada día mas al pobre, un sistema que no quieren perder los que tienen el poder, asentándose en sus tronos y jamás perderlos.

Como es de esperar, todos los empleos que se están creando son precarios, tanto, que el/la empresario/a hace todo lo posible para ahorrarse cada vez más, y a costa de la vida del trabajador/a, en equipos de protección integral, ropa, calzado, etc., o en nómina quitando pluses esenciales y básicos. Atemorizan a la clase trabajadora con el despido, enseñándole o diciéndole que tiene más gente que desean trabajar, para que no se rebele o haga huelga, despidiendo a los/las que intenten que haya una mejora en el trabajo para él/ella y los/las compañeros/as, y sobre todo que no haya un convenio al que agarrarse para pedir los derechos como trabajador.

Nos encontramos con esta situación, cada vez más extendidas en el sector de los auxiliares, que, al no tener un convenio a nivel nacional, muchas empresas se aprovechan de los/las trabajadores/as, acogiéndose en cualquier convenio que le convenga a la empresa, aquí nos encontramos también con la subcontratación, en donde siempre pierden los mismos, el/la trabajador/a.

La empresa concesionaria del servicio de gestión del aeropuerto militar de la base de Rota, la firma norteamericana  Louis Berger Aircraft Services, que se hizo con la adjudicación del aeropuerto con una oferta a la baja, con un ahorro de cuatro millones de euros para la administración norteamericana, y un aviso a los trabajadores nada más llegar: pasaron de proponer el despido de 45 empleados a 15, siempre y cuando el resto de la plantilla aceptase una rebaja salarial del 26.5%.

Desde el año   2016 los trabajadores en su mayoría españoles que trabajan en la base están enfrentados a las intenciones de la empresa concesionaria que pretende reducir la plantilla y, podríamos afirmar que despedir a la totalidad de esta si no se presta a las exigencias salariales e intereses de la empresa la cual manifiesta que está pagando salarios un 100 % más caros que la media de los trabajadores que trabajan fuera de la base naval, estos cifran en 15.564 euros anuales el salario medio de los/as obrera/os o trabajadoras/es Roteños  y ella paga entre 30.000 y 36.000, para el intento de esta bajada de salarios, manifiestan que los trabajadores tienen un alto nivel de absentismo y que no cumplen con el trabajo encomendado.

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