El grupo francés Adeo, propietario de las cadenas Leroy Merlin y Aki, especializadas en bricolaje y en acondicionamiento del hogar, ha puesto en marcha un proceso de integración de ambas. Este proceso afecta sólo a España y Portugal, aunque en el resto de países se hará una unificación de marcas. Así, Leroy Merlin se integrará en Italia con Bricocenter o en Francia con Weldom. El nombre de la marca con la que operará la multinacional no está anunciado, lo que si anunciaron es que esperan incrementar la facturación por encima del 7% en nuestro país para este 2018, y que aspiran “a construir un negocio más sano, mucho más potente y que genera un vínculo mucho más productivo con todas las partes interesadas”. Seguramente no están pensando en los trabajadores y trabajadoras.

Como muestra de la verdadera cara de esta multinacional, aspirante junto con Ikea a mantenerse como la mayor europea del sector, reproducimos el comunicado de la USB (Unione Sindicale di Base) difundido en solidaridad con quienes trabajan en la logística de Leroy Merlin Italia y que desenmascara lo que esconden las proclamas de su Web “En Leroy Merlin, nuestro principal valor son las personas. Te ofrecemos toda clase de opciones para desarrollar tu trabajo. Queremos invitarte a unirte a este gran equipo y descubrir que en Leroy Merlin tienes mucho que ofrecer... y también mucho que disfrutar.”

Los trabajadores del Metro Málaga lleváis más de un año peleando por un convenio justo.  En qué situación se encuentra ahora la negociación, ¿se ha abierto vías de diálogo con la empresa?

Por desgracia después de un año luchando por dar dignidad a unos puestos de trabajo precarios y con las peores condiciones del país y una negociación de casi 10 meses fallida por la ineptitud de la dirección de Metro Málaga de llegar a acuerdos, el único diálogo que abre la empresa es el de la represión. Con denuncias infundadas y sanciones sin motivos, intentando argumentar así la imposición, nuevamente, de unas condiciones precarias a los trabajadores, intentando inocular el miedo entre la plantilla. Por lo que diálogo a día de hoy, pese a nuestra disposición, no existe.

¿Cómo valoráis la participación de la plantilla de la empresa en las movilizaciones y los paros intermitentes que se han convocados durante la Semana Santa?

Muy positivamente y de éxito total, en cada uno de los paros hemos tenido una participación del 100% de la plantilla en conflicto, por lo que solo han funcionado los servicios mínimos impuestos por la Junta de Andalucía. Y en las diferentes movilizaciones la participación de los compañeros ha sido altísima y con la colaboración inestimable de toda la FSC de CCOO, que están haciendo un trabajo espectacular de asesoramiento, movilización y participación en todo lo que realizamos.

¿Se ha interpuesto denuncia por los abusivos servicios mínimos implantados por la empresa con el visto bueno de la Junta de Andalucía durante la pasada huelga intermitente en Semana Santa?

Así es desde CCOO se ha interpuesto denuncia por lo abusivo de los servicios mínimos impuestos por la Junta de Andalucía, ya que estos no obedecen a ninguna lógica, incluso dejando algún colectivo sin poder ejercer su legítimo derecho de hacer huelga y sin dar unas razones lógicas a su imposición en servicios mínimos. Convirtiéndose en partícipe de coartar derechos a los trabajadores.

Micaela Bastidas Puyucahua fue una valiente luchadora peruana de la independencia hispanoamericana, que marcó con su determinación y coraje, y que defendió sus ideales de libertad y justicia hasta su muerte.

De sangre mestiza, Micaela Bastidas era hija de una indígena y de un español descendiente de africanos. No tuvo en la infancia más que una educación elemental, ya que era lo habitual para las mujeres en ese momento. El hecho de no haber podido acceder a una educación académica nunca fue una limitación para ella, demostró con creces sus capacidades mentales y revolucionarias alcanzando niveles remarcables en los sucesos que la tuvieron como protagonista en la rebelión independentista.

El conflicto en Metro Málaga se agrava por momentos, y la plantilla no está dispuesta a someterse, a pesar de los chantajes, las mentiras y la represión que sufren.

Esta empresa es propiedad de la Junta de Andalucía (23’69%) y cuatro multinacionales (Globalvia, Comsa Emte, Mirova e Infravia). En enero de 2017, las trabajadoras/es, organizados mayoritariamente en CCOO, iniciaron movilizaciones contra los desajustes de su convenio: mientras controladoras/es y conductoras/es tienen salarios inferiores a los establecidos en metros de otras ciudades, los puestos directivos tienen sueldos muy superiores. “Casualmente”, el convenio se firmó antes de la puesta en marcha del servicio de metro, cuando aún no se había incorporado el grueso de la plantilla, especialmente controladores/as y conductores/as. Además, la empresa no explica una desviación de la masa salarial de 500.000 euros, que se sospecha va a salarios por encima de convenio para personal directivo.

Para abaratar despidos de trabajadoras/es con mayor antigüedad, derechos adquiridos, contratos algo más decentes y jornadas a tiempo completo, las empresas, como si simples números “problemáticos” fuéramos, sigue utilizando los despidos colectivos de cientos de familias como mejor forma de “sanear” sus enriquecedoras empresas. Una técnica – la de los despidos colectivos o ERE`s-, cada vez más perfeccionada, y difícil de combatir legalmente debido a las Reformas Laborales, y adendas a la ley, que ponen todo tipo de facilidades a disposición de las empresas para que esas sangrías de puestos de trabajo tengan todas las garantías y no tengan que enfrentar una molesta nulidad que obligue a reponer el desaguisado (eso sin tener en cuenta que, aun siendo nulo, un despido colectivo, los largos tiempos, legales, los trámites con las Seguridad Social y los complejos pagos muchas veces incompletos que deben realizar las empresas, etc., hace que amedrente y disuada a la gente de recuperar sus puestos de trabajo).

2,3 millones de muertes anuales globalmente por causas directamente relacionadas con el trabajo

El 28 de abril o Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo refleja un ambiente de inseguridad en el puesto de trabajo en el que dedicamos buena parte de nuestra vida generando la plusvalía que enriquece al empresario. Frente a las idealistas o interesadas pretensiones que suponen que el ambiente de trabajo debería ser un lugar libre de riesgos y enfermedad, la clase obrera sabe que se juega el tipo cada día en el puesto de trabajo y observa cómo se deteriora su salud.

Según la estadística de accidentes de trabajo en el avance enero-diciembre de 2017 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se registraron 618 accidentes mortales, cerca de dos fallecimientos cada día. Asimismo, se registraron 583.425 accidentes, de los cuales 3.796 fueron graves, lo que representa unos 10 accidentes graves cada día. Todo ello en un contexto de precariedad laboral creciente por las contra-reformas laborales que se suceden para apuntalar el sistema capitalista.

“Comercializarás las fiestas”. Éste es el mandamiento del capital, cada vez más exigente y coercitivo, como así lo demuestra cada nueva ley valenciana de comercio. Los de la ley de dios, tan activos en la defensa del “Valle de los Caídos” o de la cruz fascista de Callosa del Segura, ni abren la boca para defender su 3er mandamiento, que llama a santificar domingos y fiestas “de guardar”. Todo vale en el intento de incrementar el PIB, del que la Iglesia Católica se lleva más del 1% cada año: ¡Religión y Capital, alianza criminal!

Tras la firma del llamado “Acord de la Llotja”, el pasado 28 de diciembre, el Conseller de Economía, Rafael Climent, y el Director General de Comercio, Natxo Costa, ambos de Compromís, estaban exultantes y repartían abrazos a los representantes de las grandes patronales del sector. En el breve tiempo que va desde los “inocentes” hasta “los enamorados” el pacto fue traspuesto a la Ley 3/2018 de comercio de la Generalitat Valenciana, que se tramitó por un procedimiento de urgencia en un pleno de Les Corts celebrado el 14 de febrero sin debate ni enmiendas. Nada importó que los principales sindicatos del sector, CCOO y UGT, no firmaran el pacto.

En abril de 1978, todavía con la Constitución sin aprobar, se convocó en España la primera huelga general porque en Europa había un 5% de desempleo. En 1985, ya con Felipe González, tuvo lugar una huelga contra la reforma de las pensiones que pasaban su cómputo de 2 a 8 años. En diciembre de 1988 se realizó una huelga contra el plan de empleo juvenil y el abaratamiento del despido. El 28 de mayo de 1992 contra el recorte de las prestaciones por desempleo. El 27 de enero de 1994 volvimos a salir a la calle contra una nueva reforma laboral y recortes.

Ya con Aznar en el gobierno, el 20 de junio de 2002 se convoca una nueva huelga general contra el intento de recorte en las prestaciones de desempleo. El 29 de septiembre de 2010 con Zapatero en el gobierno se convoca huelga contra la congelación de las pensiones y una nueva reforma laboral.

Las dos últimas huelgas generales fueron en el 2012 a los gobiernos de M. Rajoy, el 29 de marzo y el 14 de noviembre, con motivo de las reformas laborales que dejó a la clase obrera con los derechos muy recortados.

Los padres y madres de la patria, diputados y diputadas han decidido que su derecho fundamental a tomar un café, comer o tomar un gin tonic a precios irrisorios, está por encima del derecho reconocido en la constitución de huelga. Y si no lo está, se adaptan las leyes o lo que haga falta, pero el cafelito de la mañana en el bar del congreso es indiscutible.

Siempre había pensado que el derecho de huelga se pondría en cuestión alegando el derecho a las personas al uso de los servicios públicos. Es bien sabido que en dichos servicios, el derecho de huelga está muy mermado, con servicios mínimos que alcanzan el 100% en algunos casos, estableciendo en un día de huelga más servicios que los habituales en un domingo o festivo. Esto ocurre cada vez que hay huelga en el transporte, en la sanidad, o en aquellos servicios que la misma administración a la que se le hace la huelga es la encargada de dictar los servicios mínimos, normalmente abusivos. Y cuando no los ponen, no tardan mucho en enviar a los cuerpos y fuerzas de seguridad a ejercer de esquiroles revienta huelgas, como en el caso de los controladores aéreos, los servicios de acceso y control o los servicios de limpieza.

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