La Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) ha convocado, para el próximo día 16 de octubre, una concentración en Madrid de todos los pensionistas y jubilados, convocatoria que debe ser extensible a todas las trabajadoras y trabajadores en activo y demás sectores de la sociedad afectados por las intenciones de recortes en estos momentos, privatización en un futuro inmediato.

En el momento en el que se escriben estas líneas, la convocatoria electoral del 10 de noviembre está asumida (a falta solamente de que se publique en el BOE). Atrás quedan cinco meses de circo y espectáculo televisivo, negociaciones radiadas y banalización de la política, convertida en salsa rosa y guiones para imponerse en el ya famoso “relato”, que no son más que apariencias para tapar la verdadera crisis de dominación del sistema.

La sorpresiva decisión, por unanimidad, del Tribunal Supremo en relación a la sacada de la momia del criminal Francisco Franco de su monumento en el Valle de los Caídos, después de más de cuarenta años debe ser interpretada en clave de resolución en función de los intereses de Estado.

Diversas instancias judiciales han estado retrasando y enredando esta cuestión desde que Pedro Sánchez, después de su triunfante Moción de Censura contra Mariano Rajoy, decidiera dar traslado a los restos mortales del criminal. En algún caso las pretendidas justificaciones se refirieron a problemas de seguridad a la hora de retirar la pesada lápida, y a la ausencia de documentación que acreditara el cumplimiento de la normativa técnica en la materia.

En esta ocasión, a pesar de la composición reaccionaria de la Sala del Supremo, la noticia de la unanimidad supuso una sorpresa no esperada.

La vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo está llena de deficiencias en su desarrollo y aplicación. El gobierno socialdemócrata no la dotó de presupuesto y continúa sin hacerlo, y el PP ahondó en esa política dando apoyo a las organizaciones “provida”, e incluso planteó una reforma pretendiendo volver a 1985 con la ley de supuestos.

No está asegurada la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, alcanzando un precio de unos 1700 euros en la sanidad privada, no se garantiza a las mujeres que sobrepasan las 14 semanas, existe una clara desprotección de mujeres jóvenes migrantes y de las que se encuentran en extrema vulnerabilidad, como las mujeres víctimas de violencia de género. Todo ello hace que hoy en día en el Estado Español continúen practicándose abortos ilegales y con un importante riesgo para la mujer.

El 10-N el sistema dominante convoca Elecciones Generales para tratar de resolver su profunda crisis de poder. Será un intento más, como los realizados en estos últimos años, pero su resultado –previsiblemente-, será el mismo, la continuación de la crisis.

Interpretar la convocatoria de estas nuevas Elecciones como el resultado de una confrontación entre Sánchez e Iglesias, o entre el trifachito y la socialdemocracia, es quedarse con la anécdota de las cosas, como si de un HOLA se tratara, sin entrar para nada en las causas reales de lo que es un nuevo fracaso de la burguesía en su intento de dotarse de un gobierno estable que dé cobertura política a sus necesidades económicas.

Nuestro planeta se enfrenta al colapso ecológico, es evidente. Calentamiento global, pérdida de biodiversidad, desertización o contaminación atmosférica, son algunos de los muchos problemas ambientales que nuestra generación enfrenta.

El capitalismo se ve forzado a producir sobrepasando los límites biofísicos del planeta para sobrevivir, llevando con ello a una parte mayoritaria de la humanidad a sobrevivir en la más extrema miseria y otra pequeña (USA, Canadá, UE y Japón) en una miseria camuflada con el consumismo extremo como forma de vida.

El PCPC se solidaritza amb totes les persones detingudes i totes les que han patit escorcolls a casa seva, dels seus familiars i que han vist les seves rutines interrompudes aquest passat 23 de setembre a les localitats de Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, (Vallès Occidental), Mollet del Vallès i Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) i Sant Vicenç de Torelló (Osona) com a resultat d’una operació policial ordenada per l’Audiència Nacional.

No és la primera vegada que es fan actuacions com aquesta, escorcollant vivendes i detenint persones treballadores amb acusacions basades en indicis poc concloents i fonamentades en buscar materials que suposadament serveixin per planificar possibles futures accions violentes.

SOCIALMENTE INSOSTENIBLES, ÉTICAMENTE INACEPTABLES

¿Te imaginas que dentro de 5 años tu salario, pensión, o beca de estudios fuera el doble del actual? Pues eso es, aproximadamente, lo que se pretende con los gastos militares cuando, tanto el gobierno anterior del PP como el actual del PSOE, se comprometen con la OTAN a subir el presupuesto militar español al 2% del PIB antes de 2024. Y no es que el actual sea precisamente pequeño: el gasto militar en España durante 2018 se calcula que fue cercano a los ¡24.000 millones de €!, dos veces y media más que toda la inversión anual en las Universidades Públicas. En otras palabras, el gasto militar anual por habitante, niñas/os y ancianas/os incluidos, es de 504 €. Así, por ejemplo, una unidad familiar de 4 miembros contribuye involuntariamente con unos 2.000 € al año para los “juegos” de la guerra. Y todo ello sin mencionar los aproximadamente 8.500 millones de € dedicados a gastos de control social (policías estatal y autonómicas, prisiones,…), que bien merecerían un artículo en sí mismos.