El sector de la gran patronal hostelera en España mantiene tasas de ingresos considerados por los indicadores económicos como aceptables.

Esta realidad se contradice con las intenciones de reducción salarial e incremento de jornada laboral que la patronal del sector intenta aplicar en los diferentes convenios.

Un ejemplo de esto lo podemos ver en la discusión del convenio laboral de hostelería en Granada. La intención de la patronal es recortar en un 10%, como mínimo, el salario y aumentar la carga de trabajo en 45 días más, que serán robados del descanso de la plantilla; cambiar, además, los contratos fijos a temporales; y suprimir el plus de cultura (309 euros), que la patronal se quedaría.

El título del artículo no deja lugar a dudas; el 18 de julio no hubo huelga municipal en Torrelavega por el descuelgue de última hora de la dirección de CCOO de Cantabria.

El grupo ACS forma la principal compañía de construcción y servicios del IBEX 35. En el año 2013 obtuvo unos beneficios netos de más de 700 millones de euros. Ello no le impide aumentar la explotación sobre los trabajadores y trabajadoras de sus empresas, sino más bien se explica por esto mismo.

Tras año y medio de conflicto en la mina de Cerredo los avances y victorias de los trabajadores son incuestionables, la lucha ejemplar de estos compañeros ha sido la que los ha llevado a la reincorporación de los trabajadores despedidos, a mantener intacta la jornada laboral, a no trabajar los sábados y más cuestiones.

Quisieron obligarlos a producir más en el mismo tiempo y, como mostraron resistencia, se les castigó con una medida sin precedentes.

La situación en el sector de telemarketing resulta ser el paradigma de las nuevas formas de explotación de la clase trabajadora que, en los últimos años, han ido echando raíces de forma alarmante en nuestro país.

El PCPC y los CJC apoyan la huelga de los trabajadores y trabajadoras de Kalise, en lucha por un convenio colectivo propio en Canarias, y contra las propuestas de la empresa, que ayudándose de la última contrarreforma laboral, amenaza a la plantilla con un convenio de mínimos o atenerse al Estatuto de los trabajadores, lo que les dejaría con las garantías laborales y salariales mínimas.

Tras varios meses de conflicto entre los trabajadores del matadero central de Asturias y la empresa propietaria Junquera Bobes, como consecuencia de los salarios adeudados por la empresa a los trabajadores, ésta solicitó a finales de julio el concurso de acreedores ante las reclamaciones salariales de los mismos, entrando el conflicto en una nueva fase. La respuesta de los trabajadores ha sido contundente ante la maniobra de la empresa, haciendo pública la decisión de su asamblea de instalarse en el propio matadero y comenzar las movilizaciones para exigir el inicio de la actividad y el mantenimiento de los 94 puestos de trabajo que están juego.

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