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Pasadas ya un par de semanas de la polémica ocurrida en Andalucía entre PSOE e Izquierda Unida, polémica que durante algunas horas pareció ir a provocar la ruptura del pacto de gobierno autonómico entre ambos partidos, se puede reflexionar y extraer consecuencias políticas de lo ocurrido. Pero hablamos de consecuencias políticas para la clase obrera y el pueblo trabajador, no para las cúpulas de esas formaciones.

La primera conclusión es que, una vez más, la polémica mediática no se enfocó hacia los problemas reales y preocupaciones profundas de la clase obrera; sino, a través de la manipulación mediática, hacia los intereses del capital y de los partidos políticos del sistema.

¿Acaso lo que debería interesarnos a l@s trabajador@s es la estabilidad del gobierno burgués de Andalucía? ¿Acaso ese gobierno ha provocado algún cambio significativo en la situación de paro, explotación y miseria que padecen cientos de miles de obrer@s andaluces y andaluzas? ¿Acaso han resuelto o están en vías de resolver el problema de la vivienda? ¿Acaso no han recortado en servicios públicos igual que los gobiernos de la llamada “derecha”?

Centrar nuestra preocupación en la ruptura o continuidad del pacto PSOE-IU sería para la clase obrera una grave equivocación, un puro ejemplo de alienación, al tomar como nuestros los intereses de otros. Tras todo el revuelo mediático, resuelto finalmente el conflicto y recuperado el pacto político, quedó de manifiesto que la razón fundamental de la polémica era el puro interés electoralista a pocas semanas de las elecciones europeas entre dos partidos que son socios de gobierno pero a la vez compiten electoralmente.

En esa batalla el PSOE utilizó todo su arsenal de medios afines, con el destacable apoyo de muchos medios habitualmente vinculados al PP, para presentar a IU como culpable del conflicto por un caso de favoritismo al conceder viviendas sociales. La fragilidad del sistema, que muestra su inquietud e incomodidad incluso ante el avance electoral de una fuerza reformista como IU, debería hacer reflexionar a quienes, desde el pesimismo sincero o desde posiciones menos honestas, pretenden convencernos de lo inexpugnable del sistema y lo inútil de los esfuerzos revolucionarios.

La segunda conclusión es la desfachatada hipocresía del sistema burgués al denunciar el supuesto trato de favor recibido por las familias desalojadas de la corrala “Utopía”. Más allá de la polémica jurídica sobre la legalidad de ceder esas viviendas a familias en situación de “emergencia social” y sobre si las familias beneficiadas reunían los requisitos, se destapa el cinismo de un sistema que genera miles de casos de corrupción (desde las concejalías de pequeños pueblos hasta la Casa Real) pero considera inaceptable que se dé viviendas a unas decenas de familias. Sólo para la clase obrera la “normativa” parece ser de obligado cumplimiento.

Para justificar ese hipócrita rasgado de vestiduras, se nos presenta a otras personas de clase obrera que esperan desde hace meses una vivienda de protección social como los perjudicados, como si los realojados de la corrala “Utopía” les estuvieran robando su casa a un@s necesitad@s.

De igual modo que el capitalismo provoca que los trabajador@s compitamos entre nosotr@s por un puesto de trabajo (trabajando por menor salario, aceptando las horas extras no pagadas, agachando sumis@s la cabeza ante el patrón), pretende también que nos enfrentemos por una posición prioritaria en una lista de espera y que veamos como rivales a compañeros/as de clase que padecen las mismas penurias.

Pero ¿quién le está robando a la clase obrera y al pueblo su derecho a una vivienda digna? ¿Quién provoca que según el Instituto Nacional de Estadística en abril de 2013 hubiera en España 3,5 millones de viviendas vacías en el Estado español? ¿Quién provoca que en el primer trimestre de 2013 hubiera más de 19.000 desahucios, 216 al día, entre impagos de hipotecas e impagos de alquileres? ¿Quién provoca que según los medios haya decenas de familias sólo en Andalucía esperando una vivienda de protección social?

Los medios de producción están más desarrollados para cubrir con creces la necesidad social de viviendas; sólo las relaciones de producción y de propiedad impiden la satisfacción de esa necesidad para millones de personas obreras. En una palabra: capitalismo. Únicamente el Socialismo y el Poder Obrero asegurarán el derecho a la vivienda para la clase obrera y el pueblo.

La tercera conclusión emana de la existencia de esas listas de espera con decenas de miles de familias andaluzas, demostrando una vez más la incapacidad del reformismo para resolver los problemas y preocupaciones principales de la clase obrera y el pueblo.

Esa llamada izquierda, cuyo éxito electoral algunos presentan como la solución al paro y la miseria, no es capaz de asegurar el derecho a la vivienda. El máximo avance que ha podido generar el reformismo de PSOE-IU fue la llamada (exageradamente) “Ley Anti-desahucios”, una ley que como se recordará sólo expropiaba temporalmente a los bancos el derecho de uso de viviendas en las que estuvieran residiendo familias en peligro de exclusión social. Es decir, sólo una solución temporal para únicamente una parte de las familias obreras, no una solución global al problema de la vivienda.

La anulación por parte del Tribunal Constitucional de esta ley anti-desahucios andaluza y la existencia de interminables listas de esperas para viviendas de protección social en comunidades gobernadas por la llamada “izquierda” reflejan los limitados márgenes que el sistema capitalista permite al reformismo. El Estado burgués revela en la cuestión de la vivienda, como en tantas otras, su naturaleza de clase, su condición de dictadura del capital y su subordinación a los intereses del capital financiero.

Mientras millones de trabajador@s no tenemos acceso a una vivienda digna, el Estado ha rescatado a la banca privada de su escandaloso agujero inmobiliario, a través de la cesión de miles de millones de euros de dinero público y de la creación del llamado “banco malo”. No hay, sin embargo, ningún plan de rescate para las familias obreras, ninguna ley global contra los desahucios, ninguna ley que regule el precio de los alquileres, ningún plan integral de vivienda, ni siquiera una ley que obligue a los bancos a adaptar las hipotecas a las posibilidades de las familias obreras ni a los precios actuales del mercado inmobiliario.

La crisis inmobiliaria, que para millones de personas de la clase obrera y el pueblo suponen un drama terrible, está siendo aprovechada por los capitalistas, especialmente fondos de inversión extranjeros, para adquirir de forma especulativa y a precio de saldo numerosos inmuebles, algo que el gobierno y los medios de comunicación burgueses intentan mostrar como un éxito y una prueba de que la crisis está llegando a su fin.

Es la esencia misma del sistema capitalista: la miseria de los trabajadores/as y del pueblo se traduce en el beneficio y enriquecimiento de los explotadores.

Para la clase obrera el objetivo no consiste en implantar leyes estériles que, en el mejor de los casos, supongan pequeños parches a la miseria y la tragedia que padecemos, como fue la ley anti-desahucios andaluza o cómo sería la dación en pago.

La lucha es por asegurar de forma efectiva el derecho a la vivienda de toda la población trabajadora, derecho utópico sin la expropiación de todas las viviendas vacías y robadas por la mafia financiera al pueblo, sin la nacionalización a la banca y la posterior renegociación de todas las deudas hipotecarias, y sin la construcción de viviendas públicas allí donde sea necesario.

Eloy Baro