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La divulgación  hace unas pocas semanas del informe fiscal que, a petición del Ministerio de Hacienda, ha realizado  el llamado “grupo de expertos” presidido por el catedrático Manuel Lagares, hace pública la agenda fiscal del capitalismo español y marca la senda a los diversos gobiernos que se sucedan en los próximos años.  Bajo la supuesta neutralidad académica, las conclusiones que presentan en su informe, son una suma de 125 propuestas absolutamente lesivas para los intereses populares. 

Aumento de los impuestos proporcionales indirectos tipo IVA en el que todos pagamos el mismo porcentaje, reducción de los tipos impositivos directos y tramos fiscales del IRPF y reducción del impuesto de sociedades son, en resumen, junto a una evidente tendencia a la unificación fiscal que apunta directamente contra las competencias autonómicas en esa materia, la esencia del paquete presentado al ministro Montoro para, en el tiempo que elijan este gobierno o sucesivos,  vayan aplicándolas.   Medidas tendentes a rebajar la recaudación directa de impuestos y compensarla con los impuestos indirectos en un escenario de drástica reducción de las políticas sociales (pensiones, sanidad, educación, desempleo, invalidez…)  y el gasto público, para cumplir el objetivo sagrado ¡y constitucional! de reducción del déficit público.

En un país de crecientes desigualdades sociales en el que la brecha entre ricos y pobres no para de crecer y las rentas del trabajo con un 44,2% del PIB son inferiores a la parte de los beneficios empresariales  en 1.9 puntos, todas las medidas que apuntan los 270 cambios tributarios que se desarrollarán en los próximos años no suponen más que una consolidación de esta situación.   El capitalismo en crisis necesita adoptar este tipo de medidas fiscales para mantener los beneficios  del gran capital y seremos la clase trabajadora y los sectores populares quienes de forma progresiva asumamos el peso impositivo del Estado.  No hay duda, ese es el camino y todos los gobiernos –sean del PP, del PSOE o de “progreso” con la participación de diversas fuerzas oportunistas– estarán obligados a cumplir con este recetario firmado por el Sr. Lagares, pero dictado por el FMI y la Comisión Europea.

Un asunto que viene de lejos y que desde la unificación del IRPF en 1978 por el gobierno de la UCD hasta la última reforma fiscal de 2012 en que, por la crisis de la deuda –excepcional y temporalmente– se le subió más el tipo a las rentas altas que a las bajas , ha sufrido un proceso regresivo imparable sustanciado en los siguientes datos: el PSOE ha bajado 14.5 puntos a las rentas más altas y el PP 8, el PSOE le ha subido 14 puntos el tipo a las rentas más bajas y el PP se lo ha bajado 5.  Sí, efectivamente,  pues como dijera  en mayo de 2003 Rodríguez Zapatero "bajar impuestos es de izquierdas" y "resulta increíble que en algún momento nuestras posiciones intelectuales hayan estado tan cerradas”.  Palabras que en un momento de crecimiento económico en el que no consideraron necesario andar con mayores mentiras a su electorado,  expresaron con claridad el nivel de compromiso orgánico de la socialdemocracia (y aliados) con las necesidades del capitalismo en cada momento y dejan apuntada en negro sobre blanco su posición política en temas fiscales.

En resumen, estamos ante  una declaración de guerra del capital  a las, cada vez más reducidas,  rentas del trabajo, que no se verá modificada con un futuro cambio de gobierno y que requiere de una respuesta contundente y organizada del pueblo en la calle, enfrentando cada una de las medidas que progresivamente se irán adoptando por los sucesivos gobiernos centrales y autonómicos. 

Julio Díaz