Los medios de comunicación burgueses tienen un leitmotiv a la hora de referirse al sistema electoral cubano: se basa en el unipartidismo y, por tanto, es ora un totalitarismo , ora una dictadura, y eso que en el Estado español el Jefe de Estado, Felipe de Borbón, no está sujeto a elegibilidad. Sin embargo, una mera aproximación superficial a la realidad electoral en Cuba permite identificar elementos antidemocráticos en las elecciones del Estado español. Para ello, es necesario acudir a la Constitución de la República de Cuba, a la Ley n.º 72 del 29 de octubre de 1992, a la Ley Electoral y al Decreto Ley 248 del 2007 sobre el Registro de Electores.
En primer lugar, es obligatorio hacer referencia al unipartidismo cubano. En las elecciones burguesas del Estado español contamos con una gran cantidad de partidos políticos que invierten un monto importante de dinero para sus campañas. Concretamente, según el periódico La Vanguardia (05/04/21), los grandes partidos burgueses se gastaron casi 60 millones de euros en las elecciones generales de 2019: 38.3 millones provenían de aportaciones privadas, mientras que 21.5 lo hacían de créditos bancarios. En el Estado español estamos acostumbrados a estos despilfarros, pero ahí está la principal confusión: el Partido Comunista de Cuba no puede presentarse a las elecciones, porque no es un sistema de partidos, sino de personas.
Según el artículo 11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, en el Estado español una persona puede ser presidente del Gobierno si es española, es mayor de edad, disfruta de los derechos de sufragio activo y pasivo, y si no está inhabilitada para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme. Sin embargo, no se hace mención a que, para ser votada, se compite con auténticas locomotoras publicitarias.
¿Qué trabajadora o trabajador podría hacer frente a semejantes gastos? El sistema electoral burgués está preparado para que gobierne el capital. Al contrario, en el sistema electoral cubano no existe esa variable, porque ni los partidos se presentan a los órganos colegiados ni hay campañas electorales.
El 10 de diciembre tenemos elecciones generales en el Estado español y todavía sigue vigente una de las normas más antidemocráticas que pueden existir en un sistema electoral: la recogida de firmas. Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para presentarse por Madrid (con más de 3 millones de habitantes) o Barcelona (más de 1 millón y medio), los partidos deberán conseguir 8.000 firmas; por A Coruña (244.700) o Elche (235.580), 3.000 firmas; y por Chiclana de la Frontera (87.493) o Arona (82.982), serán necesarias 1.500 firmas. En Cuba, por el contrario, no existe esta primera criba: cualquier persona puede postularse como candidata a delegada de la circunscripción e integrar, así, la Asamblea Municipal del Poder Popular. Por cierto: un dato que gusta mucho a la prensa burguesa es la periodicidad de las elecciones y, sin embargo, en este caso no suelen mencionar que las elecciones en el Estado español son cada cuatro años, mientras que las municipales en Cuba las municipales son cada dos años y medio, y las generales cada cinco.
Además, hay que entender las elecciones cubanas en su contexto. Mientras las municipales del Estado español solo tienen efecto en los municipios, en Cuba son los municipios, junto con las organizaciones sociales y de masas, los que postulan a las delegadas y delegados a las Asambleas Provinciales y a las diputadas y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es decir, que en Cuba cualquier persona puede llegar a diputada si cuenta con el suficiente prestigio político entre sus iguales, mientras que en el Estado español es necesario integrarse en una lista mayoritaria con capacidad de conseguir firmas y financiación. En definitiva, vivimos en un país en el que se trapichea hasta con la democracia.
Gabi
