Y dale Perico al torno otra vez con lo de topar los precios. Tanto el ejecutivo en su conjunto, como solo la parte morada del mismo, se empecinan en dar vueltas y vueltas a propuestas que, teniendo como consecuencia (u objetivo), alejar de la agenda reivindicativa la exigencia de subidas salariales, impiden o dificultan la recuperación de la capacidad adquisitiva. La pérdida de la misma por la subida incontrolada de los precios, no se soluciona con las medidas implementadas.

La penúltima ocurrencia deja caer algo en torno a las hipotecas y, la antepenúltima, si no hemos perdido el hilo, propuesta política, en esta línea,  coincidiendo con el arranque del periodo electoral de este 2023, fue sobre la cuestión del precio de los alimentos y la necesidad de intervenir sobre los productos básicos.

Para paliar el incremento de los precios, el Gobierno ha suprimido desde el 1 de enero de 2023 el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los productos que ya tenían el tipo reducido del 4% y, además, ha bajado del 10% al 5% el IVA de los aceites, incluido el de oliva, y las pastas. Desde ese momento, yo ya intuí que me subirían el precio de mi barra de pan diaria un 4%. No me equivoqué. Los 90 céntimos que pagué por ella en diciembre de 2022, permanecieron inalterados en 2023, lo que de hecho supone una subida del 4%, puesto que ese porcentaje ha pasado de ser impuesto (recaudación), a tasa de beneficio.

Obviamente, esta anécdota de carácter personal, sirve para resumir el sentir de la mayoría del pueblo trabajador que, en ningún caso, ha percibido ningún alivio económico, fruto de estas medidas.

Es cierto que, ante la vigilancia de las organizaciones de consumo, las grandes superficies (no los pequeños comercios), han aplicado la norma. Pero ello, no es óbice, para que mañana sigan incrementándose los precios de los alimentos, a la par que el resto de productos que se exponen en estos monstruosos monopolios de la distribución.

Todo esto, como medida paliativa, tras la incapacidad para topar al precio de los alimentos o la cesta básica desde su base impositiva, que cada tanto en tanto, Yolanda Díaz, sitúa en el debate. El ministro Luis Planas (agricultura, pesca y alimentación) le enmendó la plana y al final, nada de nada.

Tampoco hubiera servido a los propósitos declarados por la ministra. Experiencias como la francesa de 2011, en la que Nicolas Sarkozy, pidió a las grandes cadenas de supermercados que elaboraran una cesta de la compra con productos básicos a un precio reducido, sirvió más como una campaña de promoción a Carrefour, que para “sacar del apuro” a la deteriorada clase trabajadora empobrecida por la crisis. Y así, respondieron sus balances, incrementando beneficios en detrimento del pequeño comercio. Por ello, la sección hispana de la multinacional, no puso malos ojos ante esta idea, con la que colaboró “solidariamente”, preparando una cesta de 30 productos básicos por un precio de 30 euros.

Junto con esto, otras medidas “anticrisis” se han ido implementando a lo largo de este último periodo.

El 29 de marzo de 2022 se aprobó en el Consejo de Ministros, el “Plan de choque en respuesta a la guerra” (título que intenta disfrazar los verdaderos motivos de la subida de precios). Este plan, en principio, estableció su validez hasta el 31 de diciembre de 2022, pero ha sido prorrogado hasta diciembre de 2023. Entre otras cuestiones abordó y aborda, la desvinculación de la subida de los alquileres al IPC, permitiendo dicha actualización a un máximo del 2%. Como novedad, se establece la decisión unilateral del inquilino de extender durante seis meses el arrendamiento, si expira su contrato entre enero y junio de 2023.

En otras ocasiones, ya hemos abordado esta cuestión y su ineficacia desde la perspectiva que el método de análisis marxista nos brinda, sobre la base de la ley del valor-trabajo y los mecanismos de fijación de precios. El resultado es pues, una medida tremendamente cortoplacista, por cuanto afecta a los contratos de arrendamiento vigentes y, efectivamente, supone un ahorro temporal para estos inquilinos, pero que sin duda, acabarán pagando, a posteriori, la contención actual.

Al final no sabemos si se trata de un quiero y no puedo o de un puedo y no quiero. Que cada cual lo entienda como crea conveniente, pero como conclusión, sabemos que esta medida vigente durante el 2022, no consiguió frenar la subida de los precios de alquiler, sino todo lo contrario. El índice de precios de la vivienda subió el 7,6% anual en el tercer trimestre de 2022, según el INE. Los alquileres de Barcelona, Valencia o Alicante se encarecieron en más del 20% anual. ¡Que tiemblen los nuevos inquilinos de este inicio de año! Les aplicarán las subidas pasadas y las que probablemente no puedan actualizar los caseros durante 2023.

Otra de esas iniciativas, con alto nivel de autocomplacencia, es la aprobada por Consejo de Ministros  el pasado 27 de diciembre. Ésta, hasta me hace sonrojar. Se trata de la paguilla de 200 euros destinada a apoyar las rentas de las familias que percibieron  ingresos íntegros inferiores a 27.000 euros anuales y tienen un patrimonio inferior a 75.000 euros.

Poco hay que comentar de una cuestión que habla por sí misma. Simplemente, evoca, tanto a un aguinaldo tardío, como a un gesto de caridad cristiana post navideña. Tan fatuo como ineficaz.

Otras, como las ayudas para reducir el precio del transporte público urbano e interurbano a viajeros habituales, el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, y las que dejamos de enumerar, no vamos a analizarlas para no abundar en este relato que tiene como único objetivo reflexionar, en primer lugar, sobre la ineficacia de estas medidas, si atendemos que se proponen para aliviar los efectos de la carestía de la vida, y en segundo, sobre el abandono, el silencio o la omisión de las subidas salariales serias, como única medida coherente para conseguir atenuar el empobrecimiento de trabajadoras y trabajadores.

Es cierto que el ejecutivo ha subido el SMI. ¡No todo va a ser malo! Es cierto que se hace sin el beneplácito de la patronal. ¡Normal! Esta parte sí tiene claro su papel en la lucha de clases y se lo cree. Pero, es claramente insuficiente, en cuantía y en alcance.

El debate (fundamentado) sobre la subida de sueldos, desde la perspectiva de clase, realmente, solo apareció de una forma más o menos seria, cuando el incremento de los precios, hizo pensar, tanto a patronal como a gobierno, en una escalada de la movilización social. Esto llevó rápidamente a plantear la cuestión del “pacto de rentas” como medida de contención a las subidas salariales. De haberse dado, la clase trabajadora habría recuperado parte (poca) de la capacidad de compra.

No hizo falta. Pasada la amenaza, con la colaboración inapreciable por inacción de nuestros “sindicatos mayoritarios”, se olvida la idea de pacto de rentas, la amenaza fantasma de la inflación de segunda ronda y la llegada de que las diez plagas de Egipto presionaran la osadía obrera. Todavía ha resultado más lucrativo para la patronal las subidas salariales del 2,78 % de media que se están fijando por convenio.

La conclusión es que 2022 termina con una pérdida de poder adquisitivo de más de 5 puntos para las personas trabajadoras según UGT. Si a esto se le suma la pérdida paulatina de peso de las rentas salariales en relación al PIB, en las últimas décadas, en beneficio de las del capital, la conclusión no puede ser otra, que la necesidad de la clase trabajadora, de dar pasos adelante en la reorganización de la respuesta colectiva ante la desvalorización consciente y programada de la fuerza de trabajo. Ello, frente al único objetivo de consenso, que trata de incrementar la tasa de explotación, para aliviar el descenso de la tasa de beneficio empresarial, verdadero quebradero de cabeza de los sucesivos gobiernos que con distinto tinte ideológico, se convierten en colaboradores necesarios en el apuntalamiento de un sistema que se desmorona.

Todas las medidas que se implementan por el gobierno de la socialdemocracia, tratan de aparentar una preocupación por el deterioro social y la precarización de la clase trabajadora, pero abundan un reparto más beneficioso de la riqueza para la minoría social poseedora de los medios productivos y trabajan decididamente, en colaboración con los representantes sindicales, autodenominados “agentes sociales”, por la desmovilización, sin precedentes, de las bases que constituyen el movimiento obrero actual.

Kike Parra

Otros medios: Periodismo Alternativo, publicado el 10 de febrero de 2023

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