El chorreo constante de casos descubiertos de esclavitud socio-laboral pura y dura que sufre gran parte de la inmigración, son solo la punta del iceberg de una lacra muy presente y extendida en la geografía del Estado Español.

Aunque estas circunstancias son muy numerosas, sólo una pequeña parte de ellas sale a la luz desde los medios de comunicación, pues apenas se denuncia y solo algunas son descubiertas por las inspecciones de trabajo.

Últimamente, en algunas comarcas del sur del País Valenciá, han sido noticia desde los medios territoriales, algunas de estas prácticas, cuyo modus operandi está asentado de manera regular en nuestra sociedad. Sirvan estos ejemplos estremecedores:

En Cocentaina (municipio de L’Alcoiá) fue identificada una empresa dedicada al reciclaje de ropa usada, en la que 13 personas trabajaban 50 horas a la semana por 150 euros, en condiciones pésimas y sin contrato. Tres de ellas se encontraban en situación irregular en España. Algunos llevaban trabajando dos años con la promesa de ser regularizados y contratados, eso sí, les exigieron 8.000 euros para facilitarles dicho contrato.

En la ciudad de Alicante, la policía e Inspección de Trabajo, localizaron a seis trabajadores, en un lavadero de automóviles (cinco inmigrantes, y dos de ellos en situación irregular. El arrestado, propietario de la empresa, les obligaba a trabajar de lunes a domingo (de 6 a 22 horas), por 140 euros y no les pagaba si no podían acudir al trabajo por enfermedad.

En Callosa del Segura, una empresa dedicada a la recolección y distribución de hortalizas, la policía localizó a 16 trabajadores y trabajadoras, todas inmigrantes y 9 en situación irregular. Los y las trabajadoras no contaban con la más elemental normativa en materia de riesgos laborales con jornadas de 6 a 22 horas sin descanso ni para comer, siendo su principal labor la de pelar cebollas de seis de la mañana a diez de la noche. Su salario dependía de la cantidad de trabajo realizado: cinco céntimos de euro por kilo de hortaliza limpia (unos diez euros al día). Los tres empresarios fueron detenidos.

Esta situación, es una realidad muy extendida en miles de centros de trabajo de la geografía estatal, golpeando especialmente a la población inmigrante por su especial vulnerabilidad (irregularidad administrativa, idioma, xenofobia, desconexión social, desconocimiento de sus derechos, etc.) que permite a esclavistas sin escrúpulos, ejercer con impunidad, la capacidad de coerción que el capitalismo ofrece al patrón.

Estamos ante el eslabón más débil de la clase. Pero no debemos olvidar que hay centenares de miles de trabajadoras y trabajadores (inmigrantes o no), que carecen de condiciones laborales, salariales y de seguridad dignas, que, aunque sobrepasen las circunstancias arriba denunciadas, también requieren un análisis y una respuesta firme. Hostelería, reparto, kellys, operadoras, falsos autónomos, vendedoras on-line, recolectoras agrícolas y cientos de actividades laborales más, que no por sufrir un trato algo menos degradante que el de los ejemplos expuestos anteriormente, deban desconsiderarse y terminen formalizándose e implantándose como la única realidad posible.

La exigencia de trabajar con derechos, dignidad y protección social no es una cuestión sólo para mileuristas con trabajo regulado o para quienes lo hacen en centros con presencia sindical, más o menos importante. Todos los derechos sociolaborales que aún el capitalismo no ha podido erradicar a la clase trabajadora, son fruto de largas y duras batallas libradas contra la patronal y sus gobiernos; nada nos fue regalado y hace tiempo que volvieron a retumbar tambores de guerra contra la clase obrera y las capas populares: nuevos recortes; duros ataques a los derechos sociolaborales; a la libertad de luchar, de exigir, de expresar, para seguir desmantelando la formalidad democrática e implantar mayor impunidad para ejercer su violencia.

No mejorará la situación de estos colectivos hiperexplotados, ni la de nadie

(ya sean empleos regulados o no) si no se adopta la solución determinante de organizarse y luchar; denunciar y movilizar a toda la clase, sea nativa o extranjera, esté regulada o no, hasta conseguir que no haya un solo puesto de trabajo donde no se garanticen los derechos fundamentales del trabajo, recogidos en los convenios y normativa laboral.

La terrible situación sociolaboral de la población inmigrante requiere con urgencia, su incorporación a organizaciones reivindicativas y unitarias para la movilización, participación en los sindicatos y en las plataformas populares que reclaman justicia social.

Las organizaciones clasistas, debemos incrementar nuestra determinación para salir a su encuentro, llamándoles a incorporarse a la unidad y la lucha contra la misma violencia que nos explota y oprime.

Las diferencias culturales, morales o idiomáticas, entre clase trabajadora inmigrante y nativa, no nos sentencia por ser diferentes. Somos la misma clase, compartimos y padecemos los mismos explotadores, el mismo capitalismo y la misma violencia.

¡NATIVA O EXTRANJERA, LA MISMA CLASE OBRERA!

Onofre Mirón