El pasado día 9 de junio se presentó en lo que, embadurnados de pomposa desvergüenza, algunos denominan “templo de la voluntad del pueblo” un Proyecto de Ley para el Impulso de los Planes de pensiones de empleo colectivos, siendo aprobado por 172 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, Cs, PdeCat, PNV y NuevaCanarias), contra 164 votos (ERC, Mas País, Junts, CUP, Compromís, BNG,PP y Vox), y seis abstenciones (EH Bildu, y Coalición Canaria).
Es un paso más en el proyecto del capital de situar el sistema público de pensiones en algo meramente asistencial o, yendo más allá, de pura beneficencia e instalar el sistema de pensiones privadas y de capitalización, apoderándose así de gran parte del enorme y creciente volumen económico que supone el salario diferido de la clase trabajadora. Pues su objetivo es introducir planes privados para la banca y fondos financieros y no proponer planes complementarios de pensiones; más propiamente pueden ser llamados planes sustitutivos de las pensiones públicas.
Conseguir un avance significativo en implantar estos planes a través de la negociación colectiva sectorial significaría avanzar también en sentar unas bases precisas para colocar en el imaginario social que solo un plan privado es el que soluciona el problema de una vejez insegura. Que lo público es mísero y además insostenible.
Contra esto se usa el argumento de que, precisamente, son los planes de pensiones de capitalización o ahorro privado los que han manifestado un cierto aprecio a la falta de rentabilidad, cuando no una directa “querencia” al fracaso de la quiebra. Ejemplos no faltan.
Además, en este asunto hay que ver un elemento todavía de mayor enjundia y más decisivo: un elemento consciente y persistente del capital procurando segmentar, desarticular, desestructurar a la clase trabajadora. Que no reconozca su ser social. Erosiona un elemento histórico y material de estrechísima solidaridad de clase representado por el SPP: universal, de reparto, intergeneracional.
Aún más. Es un intento en la necesidad del capitalismo actual por remunerar la fuerza de trabajo por debajo de su valor (una de las causas contrarrestantes señaladas por Marx para paliar o detener la caída de la tasa de ganancia). El sistema de seguridad social, y la pensión pública pertinente, forma parte del salario relativo, es decir, del tiempo de trabajo necesario para la producción y reproducción del obrero/a propietario de la fuerza de trabajo. Tiempo de trabajo necesario que el capitalista trata, por variadas formas, de reducir para aumentar el tiempo de trabajo excedente o plusvalía.
En el momento presente se implantan diversos e inventivos medios para conseguir ese tiempo excedente; uno de ellos es meter mano en el fondo de consumo obrero a través de intervenir fondos de activos acumulados por la clase obrera. De ahí, la furia iconoclasta por destruir todo lo llamado público como sanidad, seguridad social, enseñanza, ocio, etc. Soportados por salarios diferidos e indirectos, que a su vez proceden del tiempo de trabajo necesario soportado en la jornada laboral.
Se ha de articular una respuesta contundente a un estropicio que lleva directamente a un precipicio de miserabilización de las condiciones de vida y de trabajo de la clase y de las masas trabajadoras, a un vivo sin vivir en mí que solo tiene fin con la lucha organizada. Se requiere el máximo compromiso del sindicalismo de clase, de delegados sindicales y de comités oponiéndose a este paraíso esplendoroso propuesto por el capital consistente en depreciar el trabajo y rebajar y rebajar el precio de la fuerza de trabajo muy por debajo de su valor. Por supuesto: no, no pasarán.
Que la lucha y organización de la clase nos salve de tal tropelía.
Julio Mínguez
