En el Estado español, miles de familias sufren el empeoramiento de sus condiciones materiales de existencia. Este empeoramiento se ha visto recientemente agravado por un incremento notable de la inflación, es decir, por un aumento notable y generalizado de los precios de los bienes y servicios que estas familias adquieren en el mercado. Habitualmente, el surgimiento de un escenario de inflación es multicausal, y el caso actual no es una excepción. Entre el total de razones detrás de la situación inflacionaria actual en los países centrales, destacaremos las dos siguientes: 1) la crisis de suministros y producción amplificada por la pandemia (crisis que ha disparado escandalosamente los costes de infinidad de materias primas como el hierro o el litio), y 2) el desproporcionado aumento del precio de la energía como consecuencia del vergonzoso sistema de subastas del mercado eléctrico. Evidentemente, aparte de a un incremento del precio de la factura de la luz, las dos razones anteriores conducen a un aumento de los costes de producción que se ve reflejado en los precios finales a los que los consumidores (muy mayoritariamente, la clase trabajadora) han de hacer frente.
Quizás, los salarios nominales de la clase trabajadora (el número que vemos en nuestra nómina a final de mes) no se hayan visto reducidos en estos últimos tiempos, pero, evidentemente, sí los salarios reales, que, a fin de cuentas, es lo importante. En otras palabras, los trabajadores hemos visto mermado nuestro poder adquisitivo, por lo que sería de justicia (por la mínima, todo hay que decirlo) un incremento generalizado de los salarios de acuerdo con el índice de precios al consumo, ¿verdad? Pues bien, Nadia Calviño, nuestra «querida» ministra de Economía y vicepresidenta primera del gobierno más progresista de la Historia (como la izquierda reformista gusta de denominarlo) o gobierno socialcomunista (según la rancia derecha nacional-católica), negó tal posibilidad el pasado mes de diciembre. En concreto, Calviño esgrimió uno de los clásicos «argumentos» entre los economistas ortodoxos, es decir, que las subidas salariales afectan de forma estructural a la inflación (supuestamente, por un aumento de la demanda agregada que presionaría sobre la oferta). Si de verdad le preocupa tanto la cuestión de la inflación a nuestra «querida» ministra, ¿por qué entonces no se decide a atajar el desorbitado precio de la energía a través de medidas como la nacionalización del sector energético? Ah, claro, que una cosa es tocar los salarios y, otra muy distinta, los beneficios privados. En resumidas cuentas, la posición de la ministra Calviño no tiene otra calificación que la de cínica, algo que no debe sorprender a estas alturas proviniendo de la socialdemocracia, la cual, llámese PSOE, Podemos o Izquierda Unida, está comprometida con la acumulación capitalista. Dicho esto, también es de justicia añadir que, aunque el gobierno más progresista de la Historia quisiera tomar medidas como la nacionalización del sector energético para la reducción radical del precio de la energía, la Unión Europea no se lo permitiría bajo ningún concepto (lo que da cuenta del «carácter democrático» de esta última institución).
Tal y como se puede ver, muy al contrario de lo que claman las escuelas de economía ortodoxa que primordialmente achacan la culpa de la inflación al aumento salarial, el actual escenario inflacionario nada tiene que ver con los salarios. Es más, debemos ser conscientes de que la inflación tiene una función que es complementaria a la del desempleo en el modo de producción capitalista. Si el desempleo sirve para presionar los salarios a la baja, la inflación tiene la utilidad de operar un trasvase de valor desde las rentas del trabajo (salarios de los trabajadores) hacia las rentas del capital (beneficios privados). Es evidente, ¿no? En otras palabras, la inflación se traduce en una reducción del salario real, esto es, en que los salarios crecen por debajo de lo que lo hacen los precios de los productos que, a pesar de ser manufacturados por los trabajadores, son propiedad en primera instancia de la clase capitalista (por aquello de la propiedad privada de los medios de producción con la que damos algunos tanto la lata). La clase capitalista lo tiene claro: si la reducción de los salarios nominales no es una opción para hacer decrecer los salarios reales, déjese a la inflación obrar su magia. En resumidas cuentas, tanto el desempleo como la inflación son mecanismos de represión salarial que tratan de relanzar la acumulación capitalista mediante el incremento de la tasa de plusvalía.
Como nota final, añadir que la reforma laboral de la ministra «comunista» Yolanda Díaz mantiene los mecanismos de represión salarial ya presentes en la anterior reforma laboral. Por algo será…
Iván López Espejo
