La socialdemocracia -entiéndase: la clásica, representada por el PSOE, y la más moderna, representada por el revisionismo de IU, con el PCE incluido, y los postmodernos de Podemos-, va a utilizar todos los medios a su alcance para atraer a la clase obrera y demás sectores populares a la ciénaga donde han caído ellos y ellas por su alianza con la burguesía.

Las promesas electorales de esta socialdemocracia, tales como la derogación de la reforma laboral o de la ley mordaza, entre otras, lanzadas a bombo y platillo por los líderes y lideresas de estos partidos supuestamente “amigos del pueblo” se tropiezan, cuando llegan al gobierno con una cruda realidad.

Esta realidad se expresa a través de la lucha de clases, y condiciona absolutamente cualquier acción política que estos gobiernos llamados “progresistas” o de “izquierdas” pretendan poner en práctica si dejan las bases intactas del sistema capitalista, pretendiendo hacer cambios desde las instituciones burguesas. Que una cosa es decir y otra hacer… o que te dejen hacer, claro.

El poder estatal moderno no es más que una junta administradora que gestiona los negocios comunes de toda la clase burguesa. Así lo expresaba Marx en el Manifiesto Comunista. En este sentido, hay que entender que, siendo la burguesía la clase dominante actual en el estado español y en el conjunto de los países capitalistas, es esta clase social, poseedora absoluta del poder económico y financiero y de toda la influencia que se deriva de él y por tanto, del poder político también quién, en última instancia, pone, quita, deroga y modifica todo aquello que a su interés le resulta conveniente. Y es en este escenario donde hay que situar el bandazo dado por la ministra de Trabajo, debido a la colleja que ha recibido de la gran patronal económica y financiera, a través de sus socios de gobierno y que se ha podido oír hasta en Tarifa.

La reforma laboral no es algo que haya puesto caprichosamente el PP, porque son así de malvados. No perdamos de vista que el Estatuto de los Trabajadores, desde su promulgación en 1980, ha sufrido cambios y modificaciones en los años 1984, 1994, 1997, 2001, 2006, 2010 y 2012, unas propiciadas por gobiernos del PP y otras por gobiernos del PSOE. Ninguna de estas modificaciones han logrado solucionar los graves problemas con los que se enfrenta la clase obrera; antes al contrario: más paro y precariedad, salarios cada vez más bajos con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, alargamiento de las jornadas laborales, pérdida de derechos laborales y sociales conquistados, ataques al sistema público de pensiones, etc. Las reformas laborales, cualquiera de ellas, siempre obedecerán a los intereses de la burguesía que, ante la crisis estructural del sistema capitalista, no le queda otra que reformar las normas que rigen el mercado laboral de tal manera que la fuerza de trabajo que se vende -y se compra- en dicho mercado, les salga lo más barata posible, pues así lo exige la tendencia decreciente de su tasa de ganancia.

Así sí que se puede entender que, de la “derogación de la reforma laboral” se haya pasado a que “no se puede derogar por cuestiones técnicas”, que de lo que en realidad se trata es de retocar aquí y allá para dejarla más mona, más moderna, pero sin tocar el fondo de la cuestión, que con la Iglesia hemos topado, Sancho.

Por todo esto, El PCPE, expresa su rechazo a las políticas conciliadoras de la socialdemocracia oportunista; al mal llamado “dialogo social”, pues en realidad se trata de un monólogo, donde la voz de la burguesía es la única que se oye, y a la paz social. Sólo la movilización de la clase obrera y demás sectores populares, su organización en torno a su partido y la lucha independiente más resuelta, fuera de las instituciones burguesas, constituyen la única alternativa para derrotar al capital y la única garantía de victoria. 

F.J. Ferrer

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