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En un reciente documento, IU lanza su programa político de cara a las próximas elecciones europeas. El programa oportunista se articula en siete ejes que plantean, en la práctica, una reforma del sistema capitalista. Bajo el nombre de “Revoluciones” vacían de contenido una categoría política para llenarla de oportunismo desaforado. Sea como fuere, voy a centrar mi atención en eso que IU llama la “Revolución de los Servicios Públicos”.

Todo el texto destila el aroma que siempre ha tenido el oportunismo (del cual el reformismo es una variante especialmente dañina), y la “Revolución de los Servicios Públicos” no es una excepción. Uno de los pilares fundamentales del reformismo es la defensa del papel del Estado como un ente neutral, situado por encima de las clases sociales y llamado a mantener la paz social y asegurar el bienestar común.

En coherencia con el reformismo, se comienza “olvidando” que el Estado de Bienestar tuvo unas razones históricas por las que nació (la existencia del bloque socialista) y unas razones económicas por las que está condenado a muerte (el desarrollo de las fuerzas productivas y la agravación de las sucesivas crisis del sistema, junto a la imparable caída de la tasa de ganancia, hacen inviable para el capitalismo su existencia, so pena de acelerar su despeñamiento). Por tanto, hacer creer que el Estado de Bienestar es recuperable es falso, desde el punto de vista científico, y reaccionario desde el punto de vista político.

Con respecto a la educación, dos consignas se oponen. De un lado, una consigna vacía de contenido de clase, abstracta, ciudadanista: “Educación pública, laica, democrática y de calidad”; la consigna del reformismo y la socialdemocracia. De otra parte, una consigna de clase, revolucionaria, y emancipadora: “Educación pública al servicio del pueblo trabajador”; la del PCPE y los CJC, la de quienes estamos por destruir el capitalismo desde sus cimientos y no reformarlo.

IU asume que a través de la Constitución es factible mejorar las condiciones de vida de la clase obrera y de los sectores populares, y todo ello sin confrontar nunca con las bases del capitalismo. Poco importa que la Constitución del 78 no sea más que la forma en que la clase dominante adecuó el ejercicio de su dictadura tras la muerte de Franco (con el apoyo inestimable del PCE, conviene recordar). Y así trata de colar de tapadillo la antigua consigna eurocomunista de la “profundización democrática” a través de la Constitución y el resto de leyes burguesas.

¿Los problemas? No es necesario confrontar con el capitalismo ni socavar las bases de la oligarquía. Basta con elaborar una Carta de Derechos Sociales o implementar una Ley de Servicios Sociales Estatal y una Ley Orgánica de las Pensiones.

La diferencia entre un programa de lucha que incluye reformas, como herramientas tácticas, y un programa reformista es como la de la noche y el día. El primero, plantea luchas por reformas que contribuyen a socavar las bases del sistema y a acumular fuerzas revolucionarias; un programa reformista, en cambio, plantea reformas que facilitan la gestión del capitalismo a la oligarquía, que no socavan sus bases y que desmovilizan.

Un ejemplo es la dación en pago. La realidad es que la dación en pago en lugar de mejorar la situación de la familia afectada, sólo la agrava y en vez de socavar las bases económicas del sistema de dominación, las legitima. La dación en pago es la entrega de la vivienda al banco a cambio de saldar la deuda, independientemente de a cuánto ascienda la deuda pendiente de pago. En segundo lugar, al reconocer legalmente la deuda se está legitimando el sistema de expropiación bancario. En tercer lugar, la dación no confronta con el capitalismo, sólo le facilita a la Banca su gestión (la deuda será pagada de una forma u otra). En cuarto lugar, la familia queda en una situación no mucho mejor: efectivamente ya no tendrá la deuda con el banco, pero tampoco tiene donde vivir, debiendo recurrir, si hay suerte, a la solidaridad de familiares y amigos; si no, a vivir en la calle sin dinero y sin casa. Finalmente, la dación en pago contribuye a afrontar el problema de una forma individual y no colectiva. Resultado final: la oligarquía financiera soluciona el problema sin ver cuestionada su dominación y mejora su imagen ante muchas personas (“el banco me ha hecho un favor”). La familia se queda sin casa, sin dinero y la clase obrera y los sectores populares más lejos de su emancipación: el capitalismo se ha fortalecido.

En esa misma dirección apuntan otras medidas estrella como la de que el Estado (una vez más, así en abstracto, al margen de las clases sociales) dé viviendas a precio de coste (hay que creer, por lo visto, que la oligarquía financiera permitirá que su Estado le perjudique de esa manera) o la autoconstrucción de viviendas (¿?) ¿Quién puede autoconstruirse su vivienda? Sólo alguien con mucho dinero (vía libre para la especulación urbanística); el resto sólo podremos autoconstruirnos una chabola. Una vez más, dos medidas que apuntalan el capitalismo y desactivan la lucha colectiva.

El colofón de este esperpento interclasista es la Justicia (de nuevo en mayúsculas y en abstracto). De entrada se lamentan los autores del texto de que no haya independencia del poder judicial. ¿Cómo es posible creer que puede existir esa independencia es un Estado capitalista? Sólo cuando asumes que el Estado es una entidad neutral al margen de la lucha de clases. Desgraciadamente para los reformistas eso es sólo una ilusión: en un Estado capitalista la justicia estará siempre al servicio de los capitalistas, que para algo son clase dominante.

Marx, Engels o Lenin siempre dijeron que la emancipación de la clase obrera sólo puede ser obra de la propia clase obrera. El texto de IU demuestra que cuando las propuestas son interclasistas, ciudadanistas, la clase obrera siempre queda relegada a seguir siendo esclava del Capital. 

Y así revolución se convierte en reforma y el engaño sigue adelante.

Armiche Carrillo