Empecemos por lo más básico: las empresas en ERTE se han ahorrado más de 30.000 millones en sueldos y cotizaciones A los 7.000 millones en cotizaciones a la Seguridad Social exoneradas se suman a los salarios por valor de 23.000 a los que están vinculadas, lo que equivale a una sexta parte de la factura laboral del sector privado, mientras los más de 6,6 millones de trabajadores afectados han ingresado 13.400 como prestaciones. Estos datos son los dados por el Ministerio de Trabajo e Inclusión.
El nivel de uso de los ERTE se generalizó hasta el punto de que algo más de la mitad de los trabajadores por cuenta ajena de empresas del sector privado, para la protección de los y las cuales fue diseñada la medida, han pasado por ellos.
Según indicó el Gobierno en sus respuestas a una batería de preguntas parlamentarias del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, el número de "altas iniciales" de los ERTE, es decir, de trabajadores incluidos por primera vez en un expediente, ascendía a finales de mayo a 6.615.357, lo que supone más de la mitad de los 12,81 millones de asalariados del sector privado que la EPA (Encuesta de Población Activa) contabilizaba en 2020 en España y menos de un punto por debajo de esa cota de los 13,44 del año anterior.
Esos trabajadores habían recibido hasta el mes pasado prestaciones por valor de 13.384 millones de euros que equivalen al 70% del salarios proporcional a la parte de la jornada que tenían suspendida y que suponen uno de los principales componentes de la factura de protección del desempleo que en el primer año de crisis pandémica se disparó hasta los 45.000 millones de euros.
Señalemos que de los más de 30.000 millones de euros que se les ha ahorrado a los empresarios cerca de 7.000 millones son cotizaciones (parte del salario diferido) que no han tenido que abonar. ¡Adivinen quiénes tendrán que poner esos milloncitos!
Ese volumen de dinero equivale al 7,52% de los salarios del país entre abril de 2020 y marzo de 2021, que los datos de la Contabilidad Nacional del INE (Instituto Nacional de Estadística) cifran en 409.721 millones de euros, y a un 5,5% de las cotizaciones sociales de ese mismo periodo, que ascienden a 127.199. Aunque la verdad es que la cuota de los sueldos asumidos por los ERTE (o sea, la factura que los trabajadores tendremos que pagar) es prácticamente el doble, ya que los datos sobre la masa salarial de la Contabilidad Nacional del INE incluyen en un único bloque a los autónomos y a los empleados públicos, cuyos formatos laborales no pueden acogerse a los ERTE.
Teniendo en cuenta ese matiz, los expedientes de regulación de empleo extraordinarios por la pandemia habrían cubierto en torno a la sexta parte de la masa salarial del sector privado empresarial del país.
Esa inyección de dinero público, que permitió en mayo del año pasado, en la fase de mayor uso de esta herramienta de relaciones laborales, mantener ‘hibernados’ hasta 3,18 millones de empleos de 533.206 empresas, que a su vez quedaban exoneradas de los costes salariales y sociales de la ocupación suspendida, ha permitido, la conservación de medio millón de puestos de trabajo, al margen de los directamente protegidos por los ERTE, según las cuentas del gobierno. Pero, ¿a qué precio?
Junto con los expedientes de regulación por fuerza mayor, el cese de actividad de los autónomos incluyó hasta mediados de mayo exoneraciones de cuotas por valor de 3.000 millones de euros y el pago de 6.600 en prestaciones que cubrían el 70% de las bases de cotización.
Unas cuentas básicas: siendo generosos y añadiendo a los 3.18 millones de empleos “protegidos” (¿no conocen ustedes personas que fueron sacados de los ERTE con el unico fin de despedirlas a continuación?¡yo sí!) el otro medio millón resulta que -si en vez de “financiar” a los patrones hubieran repartido pura y simplemente los 45.000 millones de euros gastados desde el inicio de la pandemia tocaban 12.230 euros por persona, ¿no está mal verdad? Pero claro de esa forma “no se protegía el tejido productivo ni la economía NACIONAL” (vamos, que no se subvencionaba a la patronal).
No pareciéndoles suficiente debemos añadir a los más de 4.500 empresarios a los que la Inspección de Trabajo había cazado haciendo trampas con los expedientes de regulación hasta el 9 de marzo de este año, en lo que supone prácticamente el primer año de aplicación de esta medida, que habían cargado a la Administración de manera fraudulenta salarios por más de 23 millones de euros, a una media de 5.140 euros por empresa. Ese volumen de fraude, endosado a las arcas públicas mientras los empleados continuaban trabajando con el contrato suspendido o en tramos de jornada cubierto por el ERTE, se corresponde con los 7.074.865 euros en liquidaciones por cuotas impagadas a la Seguridad Social que recogen las actas de infracción cerradas hasta esa fecha. El 9 de marzo, la Inspección había cerrado 29.407 de las 36.565 inspecciones de ERTE iniciadas "a fin de controlar posibles supuestos de fraude". Las 4.588 actas de infracción levantadas como consecuencia de ellas, que conllevan sanciones por un importe de 21.965.702 euros, suponen que los inspectores detectan fraudes en casi la sexta parte de las actuaciones.
Como vemos, además de ser un negocio redondo para la patronal los ERTE se han convertido también, como no podía ser menos teniendo en cuenta a nuestros capitalistas, en otro nicho de fraude y desfalco de bienes públicos. ¡Y veremos que parte de las multas se cobrarán al final y qué parte se les perdonará a los pobrecitos! No nos olvidemos de que hablamos de los fraudes detectados, no significa -como sabemos- que dichos fraudes representen la totalidad de los que ha habido.
Y no nos olvidemos de los beneficios récord que han presentado a sus accionistas las grandes compañías y las multinacionales en este año y medio de pandemia. ¿Pero no les había ido tan mal?
Desde el PCPE consideramos los ERTE una medida del gobierno de coalición socialdemócrata para sostener la ganancia de los monopolios y la patronal. Es extremadamente urgente aplicar un seguro de paro indefinido para toda la clase trabajadora que se encuentre en desempleo, como parte de un Plan Urgente de Emergencia Social, e imponer un plan de empleo público basado en las necesidades de la mayoría social, sustituyendo el modelo dependiente hostelero, por un modelo de soberanía económica en los distintos sectores productivos, con derecho a un trabajo cualificado y de calidad.
Marcos
