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A finales de junio de este año, la patronal le propone al Ministerio de Sanidad asumir un porcentaje de la lista de espera en cualquier servicio que se necesite. Para contextualizar esto, el año pasado las aseguradoras privadas tuvieron la mayor subida en los últimos 10 años, casi medio millón de personas más en España; empresas como DKV subieron un 20% su beneficio. Es un mensaje claro: entrar cada vez más en la sanidad pública hasta desplumarla.

Y es que durante 2020, CCAA como Cataluña han derivado a pacientes a la sanidad privada, Madrid contrató a empresas privadas para realizar el seguimiento de los contactos COVID o la Generalitat Valenciana recurrió al sector privado para la realización de pruebas diagnósticas de la COVID-19.

De los contratos que empezaron al inicio de la pandemia, en ninguna CCAA del Estado Español continúan el 100%, cuando este personal ya era necesario antes de la pandemia, debido a los bajos ratios que tienen la sanidad pública española con respecto a otros países o estándares de calidad. Los datos que empiezan a salir son demoledores: “en lo que llevamos de pandemia se han reducido en un 31% los contratos COVID, lo que equivale a la destrucción de 29.000 empleos. Y seguirá bajando: de cara al 1 de enero de 2022, solo está garantizada la continuidad de 4.798 personas. Hasta final de año está previsto que desaparezcan otros 58.700.”[1]

Tampoco consolidan puestos de trabajo, el continuo cambio de puesto de trabajo en un mismo contrato o la temporalidad de estos empeoran la atención sanitaria. O directamente se degrada la formación hasta la pura explotación, como ha pasado con los MIR, que han visto empeoradas sus condiciones: hasta 70 horas a la semana o guardias de 24 horas sin un descanso al día siguiente.

Un sistema público de sanidad no puede basar su modelo en la extenuación de su relevo generacional y así lo explicaron mediante una de las mejores formas de autodefensa que tiene la clase trabajadora: la huelga.

Pero en este balance de lo vivido durante la pandemia de la COVID-19, no podemos no mencionar a las residencias socio-sanitarias. Las grandes olvidadas, antes y ahora; primero por pertenecer la gran mayoría al sector privado, en segundo lugar porque entre la derecha y la socialdemocracia han estado jugando a ver de quién era la culpa de la mala gestión, si de las CCAA o del gobierno. Y mientras, aumentaron los contagios y las muertes. Esto se podría haber evitado: la nacionalización de este sector sanitario es una necesidad para el cuidado de nuestra población dependiente. Como hemos visto, la falta de personal suficiente y recursos materiales insuficientes crearon una combinación que fue catastrófica junto a la COVID-19.

La sanidad pública se ha de gestionar y organizar en torno a las necesidades de la población, no según los intereses de la UE ni de la burguesía española. Se ha de dotar a la Atención Primaria de los recursos necesarios para evitar la progresión de la pandemia y la saturación de los hospitales. Obtener la patente de la vacuna que nos permita la producción de esta y llevar el ritmo adecuado para proteger a nuestra población, que sea administrada por la sanidad pública con el incremento comentado anteriormente a la AP y no mediante concursos a las empresas privadas. Y por supuesto la derogación de las leyes privatizadoras como la ley 15/97 y el artículo 90 de la LGS.

David Martínez Tenza