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Desde que la pandemia llegó a nuestras vidas la población está siendo inoculada con el virus mortal de la insolidaridad, cuyo objetivo no es otro sino el de perpetuar un sistema injusto y violento. Con más de 123 millones de personas que han contraído la enfermedad a nivel global y 2.719.828 de muertes, se fomenta el sálvese quien pueda, las mezquindades para obtener la vacuna y para sobrevivir a la COVID-19 y sus variadas mutaciones y se entra en una competición salvaje por obtener el ansiado antídoto. Así, hacen caja y obtienen escandalosos beneficios las farmacéuticasi. A la vez, se nos anestesia frente al horror, normalizando el descarte humano a gran escala, cuyo objetivo es el de conformar mentalidades sumisas y bien dispuestas a ser explotadas sin rechistar.

Según la OMS la mayor dificultad para acabar con la emergencia sanitaria en todo el planeta se centra en la desigualdad para la obtención de las vacunas. Las patentes, los intereses de las corporaciones farmacéuticas (1) y el acaparamiento de vacunas por parte de EE.UU., la entidad sionista de Israel o los países miembros de la Unión Europea están provocando lo que el organismo denomina un fracaso epidemiológico. Pero la causa de esa desigualdad y de ese fracaso tiene nombre, se llama capitalismo.

Las desigualdades y las discriminaciones tienen también su dimensión en el reino borbónico. No es picaresca, es una cuestión de clases sociales. Ahí tenemos esos obispos vacunados anticipadamente, no debe quedar ninguno sin su dosis, altos mandos militares con el (ex) JEMAD encabezando la lista, Infantas y eméritos, burguesía local y aparato burocrático-político de alguna que otra comunidad. Ninguna consecuencia para infractores y cómplices. Pero como la dictadura del capital se viste con ropajes de formalidad democrática, se hacen protocolos con pomposa denominación como “estrategia de vacunación frente a COVID-19” donde se establece población de riesgo, tipo de vacunas, orden, etc… eso sí, lo van variando con criterios económicos más que de salud pública y de gestión administrativa más que con evidencias científicas. Menos mal que al menos la preferencia del personal sanitario en la vacunación sí ha sido respetada.

Hay otros descarnados ejemplos de exclusión y discriminación en la estrategia de vacunación. Como el anciano de 92 años, grado II de dependencia que en la España rural y profunda, tras ser avisado hasta en dos fechas distintas para vacunarse, fue excluido porque “hay pocas dosis y según el protocolo al haber resultado positivo en enero no procede ser vacunado en su turno pues está inmunizado durante 6 meses “(SIC). Sin ninguna prueba que acreditara el estado inmunológico real, aunque dichas pruebas que en la sanidad privada (otro negocio con nuestra salud) cuestan 60 € no están permitidas en el protocolo para decidir si vacunar o no. ¿Adivinan razón? Simplemente de índole económica. Es mejor excluir porque "teóricamente" debe de haber inmunización (aunque según datos un 20% de enfermos no desarrollan anticuerpos) que gastar dinero en quienes están al final de su vida. No fue el único caso. Al menos 2 personas más en la misma población estaban en circunstancias similares.

La estrategia de vacunación establecía que las personas mayores de 55 años habían de ser vacunadas empezando por los grupos de mayor riesgo por edad, hubieran pasado o no la enfermedad. Ya no, la vacunación con Astra-Zeneca hasta 65 años abre la puerta a la inoculación masiva de población más joven y, primordial, en edad de ser exprimida como fuerza de trabajo, excluyendo a más de 13 millones de personas (entre 66 y 89 años) que en este país estaban en orden de prioridad por edad y riesgo. La decisión de privar de vacuna a quien tiene derecho, amparándose en la escasez de dosis, tiene responsables directos médicos y políticos. Aunque nos vistan la mona y vendan la propaganda de atención y cuidado de la población más vulnerable, es una mentira. Aquí se practica el descarte humano con total impunidad.

María Luna