El Pacto de Toledo nace con el objetivo de proveer de recomendaciones efectivas para el fortalecimiento del sistema de pensiones públicas del Estado Español.
Las múltiples reformas que ha sufrido a lo largo del tiempo, destacando la última en Noviembre 2020, no han servido para dicho objetivo. Tal y como denuncian organizaciones como COESPE o Marea Blanca de pensionistas, las recomendaciones que se establecen facilitan cada vez más la privatización y la precarización del poder adquisitivo de los jubilados y con mayor incidencia de las jubiladas.
El Informe Forum de Política Feminista (2018) denuncia que en los últimos cuarenta años en las pensiones, la brecha de género continúa prácticamente inalterable. También señala que ninguna de las pensiones medias cobradas por las mujeres alcanza el salario mínimo interprofesional. La cuantía media de las pensiones contributivas otorgada a los hombres en 2018 era de 1.491 euros, mientras que la otorgada a las mujeres era de 622 euros.
Diferentes organizaciones socialdemócratas, feministas postmodernistas y en el mejor de los casos organizaciones políticas consideradas de “pseudoizquierda”, analizan las diferentes causas que provocan que las pensiones que cobran la mayoría de las mujeres sean no contributivas o contributivas pero de cuantía mucho menor, pero no lo abordan desde un punto de vista de clase. En el actual sistema capitalista no es probable conseguir una equidad en los salarios y cotizaciones de todas las mujeres, la patronal más que nunca necesita un nivel máximo de explotación.
Una sociedad patriarcal imposibilita la equidad en el acceso al mundo laboral de hombres y mujeres, que a su vez provoca una brecha salarial y unas consecuentes cotizaciones más bajas, que desembocan inevitablemente en la vulnerabilidad máxima de las condiciones de vida en la vejez de muchas mujeres de clase obrera y capas populares.
Desde una visión marxista no dudamos que el Patriarcado dificulta la igualdad de condiciones laborales y sociales de las mujeres. Y que se requieren unas medidas a corto, medio y largo plazo que posibiliten la desaparición de las desigualdades por motivo de género.
Se necesita un cambio de paradigma ideológico donde no se conciba al género femenino como el ente responsable de los cuidados y de las labores domésticas. Materializado en una política que establezca verdaderamente la obligación de la corresponsabilidad de las tareas de reproducción.
Siendo imprescindible acabar con las reformas laborales que permiten la contratación precaria de las mujeres, que el trabajo de reproducción y cuidados computen a la hora de percibir las pensiones de jubilación e ineludible la abolición de La Ley de Extranjería actual, que potencia la esclavitud y la economía sumergida.
Sólo si las trabajadoras con conciencia de clase organizan su lucha para conseguir la igualdad de oportunidades, se logrará un sistema de Pensiones Público de calidad, conscientes que la lucha organizada de la clase obrera comienza en nuestros propios centros de trabajo y continúa en las calles uniéndonos a la lucha que las y los pensionistas llevan a cabo diariamente.
M. Carmen Lupiañez Molina.