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El Pacto de Toledo  nace  con el objetivo de proveer de recomendaciones efectivas  para el fortalecimiento  del sistema de pensiones públicas del Estado Español.

Las múltiples reformas que ha sufrido a lo largo del tiempo, destacando la última en  Noviembre 2020, no han servido para dicho objetivo.  Tal y como  denuncian organizaciones como COESPE o Marea Blanca de pensionistas, las recomendaciones que se establecen facilitan cada vez más la privatización y la precarización del poder adquisitivo de los jubilados y con mayor incidencia  de las jubiladas.

El Informe Forum de Política Feminista (2018)  denuncia que en los últimos cuarenta  años en las pensiones,  la brecha de género  continúa prácticamente inalterable. También señala que ninguna de las pensiones medias cobradas por las mujeres alcanza el salario mínimo interprofesional. La cuantía media de las pensiones contributivas otorgada  a los hombres  en  2018 era de 1.491 euros,  mientras que la otorgada a las mujeres era  de 622 euros.

Diferentes organizaciones socialdemócratas,  feministas postmodernistas  y en el mejor  de los casos  organizaciones políticas  consideradas de “pseudoizquierda”, analizan las diferentes causas que provocan que las pensiones que cobran  la mayoría de las  mujeres sean no contributivas o  contributivas pero de cuantía mucho menor, pero no lo abordan desde un punto de vista de clase. En el actual sistema capitalista no es probable conseguir  una equidad en los salarios y cotizaciones de todas las mujeres, la  patronal  más que nunca necesita  un nivel máximo de explotación. 

Una sociedad patriarcal imposibilita  la equidad en el acceso al mundo laboral de hombres y mujeres, que a su vez provoca una brecha salarial y unas consecuentes cotizaciones más bajas, que  desembocan inevitablemente en la vulnerabilidad máxima de las condiciones de vida en la vejez  de muchas mujeres de  clase obrera y capas populares.

Desde una visión marxista no  dudamos  que el Patriarcado dificulta la igualdad de condiciones laborales y sociales de las mujeres. Y que se requieren  unas  medidas a corto, medio y largo plazo  que posibiliten la desaparición de las desigualdades por motivo de género.

Se necesita  un cambio de paradigma ideológico donde no se conciba al género femenino como el ente responsable de los cuidados y de las labores domésticas. Materializado en una política que  establezca verdaderamente la obligación de la corresponsabilidad de las tareas de reproducción.

Siendo imprescindible acabar con las reformas laborales que permiten la contratación precaria de las mujeres,  que el trabajo de reproducción y cuidados computen  a la hora de percibir las pensiones de jubilación  e ineludible la abolición de La Ley de Extranjería actual, que potencia la esclavitud y la economía sumergida.

Sólo si las trabajadoras con conciencia de clase organizan su lucha para conseguir la igualdad de oportunidades, se logrará un sistema de Pensiones Público de calidad, conscientes que la lucha organizada de la clase obrera comienza en nuestros propios centros de trabajo y continúa en las calles uniéndonos a  la lucha  que las y los pensionistas llevan a cabo diariamente.

M. Carmen Lupiañez Molina.