Más de 33.000 personas no tienen hogar y viven en las calles españolas, según datos de la fundación Hogar Sí. Estas personas ven reducida su esperanza de vida en 30 años con respecto al resto de la población, debido a que a menudo les resulta imposible empadronarse y conseguir su tarjeta sanitaria y no cuentan con las condiciones de salubridad necesarias para recuperarse eficazmente de una enfermedad. El 47 % han sufrido un delito de odio y el 44 % lleva más de tres años en la calle. Es evidente que las personas sin hogar no están en la calle porque quieren, sino que llegan a esta situación a través de una sucesión de experiencias traumáticas encadenadas (muerte familiar, desahucio, separación o divorcio, falta de recursos económicos, etc.) y a la falta de una red de apoyo familiar y afectivo. Estas vivencias provocan que pierdan sus habilidades sociales, sus recursos económicos, su estabilidad emocional y la capacidad de revertir su situación, desembocando en el impedimento de ejercer sus derechos más básicos.
Esta situación pandémica en la que nos vemos envueltos evidencia, aún más si es posible, la necesidad de tener un hogar que proteja del clima y de las agresiones y brinde un espacio propio e íntimo en el que refugiarse y vivir dignamente. Está claro que la legislación burguesa no garantiza los derechos y la salud del pueblo trabajador, quedando en papel mojado aquella que procura asegurar unos mínimos. Esto se puede observar en el incumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”
Cabe mencionar que, si atendemos a los estándares actuales acerca de lo que se puede considerar como un lugar digno para servir de alojamiento, los alojamientos precarios, la infravivienda, etc. podrían entrar dentro de la población sin hogar o "en riesgo" de verse sin hogar, aunque estrictamente hablando no se encuentren sin techo.
Con la pandemia de la COVID-19 el número de personas sin hogar ha aumentado exponencialmente y ante esta alarmante situación los estados capitalistas han centrado sus esfuerzos en reducir los efectos de la crisis sanitaria y económica atendiendo a las necesidades y requisitos de la burguesía, acentuando, más si cabe, la aceptación de la exclusión social como parte del sistema inhumano en el que vivimos.
El sistema de protección social del estado burgués es insuficiente y no atiende a las necesidades de estas personas, los recursos sociales son asistenciales, están enfocados a atender la emergencia y no a la consecución de su reintegración social. En el Estado español contamos con aproximadamente 668 centros que atienden a personas sin hogar, de los cuales, la amplia mayoría es de titularidad privada y , en gran medida, pertenece a instituciones religiosas. Los centros de titularidad pública son un 21 %, apenas la quinta parte del total, además una buena parte de ellos están gestionados por instituciones privadas.
Tal y como señala Leilani Farha “la falta de hogar se produce cuando la vivienda se trata como una mercancía y no como un derecho humano”, el “sinhogarismo” es un problema estructural cuya erradicación requiere de transformaciones sociales y medidas políticas amplias en materia de vivienda, salud, empleo, educación, seguridad y servicios sociales que no serán efectivas sin un sistema socialista construido desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Sin nuestra pieza, el puzzle no va a estar completo. La sociedad está hecha de unas cuantas piezas. Si yo compro un puzzle, cuando descubro que me falta una pieza, ese puzzle ya no me sirve. Ese puzzle debe completarse.”
Luis, persona sin hogar en Madrid.
Blanca Madrid
