El Pacto de Toledo fue el documento que la burguesía colocó allá por 1995 en el Congreso de los Diputados para supuestamente analizar los problemas del sistema de la seguridad social y proponer las principales reformas que había que emprender. Detrás de esta palabrería se pretendía crear una herramienta cuyo objetivo es principalmente privatizar el sistema público de pensiones, un potencial “negocio” para muchos que en 2019 movió 134.629 Millones de Euros1.

En 1999 nos contaron que para evitar la confrontación política alrededor de las pensiones crean la Comisión del Pacto de Toledo. Esta Comisión debía lanzar unas recomendaciones cada cinco años. ¡Ojo! No se trata de un comité de sabios ni nada de eso. Son representantes de todos los partidos del arco parlamentario que en función de sus intereses (y de la correlación de fuerzas que impone la lucha de clases) acuerdan colocar una serie de recomendaciones para el mantenimiento y “mejora” del sistema.

Pues bien, tras años de parálisis el pasado 27 de octubre de 2020 la Comisión aprueba sus nuevas recomendaciones y tres semanas después, el 19 de noviembre de 2020, el Congreso las aprueba por mayoría de 262 votos a favor, 78 abstenciones y 2 votos en contra (CUP). Es la tercera renovación del Pacto de Toledo en sus 25 años de historia (hubieron revisiones en 2003 y 2011).

Es importante destacar que la última fase antes de la traducción de estas recomendaciones en nuevas normativas legales es la negociación del gobierno con los sindicatos y la patronal ya para 2021.

¿Dónde está la vuelta de tuerca?

Dentro de las nuevas 21 recomendaciones hay poquitos avances y muchos ataques a nuestros derechos.

Es importante destacar que si se han colocado algunos pocos avances, sin duda se deben a la lucha en la calle, a la presión sostenida que el movimiento por la defensa de las pensiones públicas, con la COESPE2 a la cabeza, ha mantenido los últimos 3 años en lo que podemos definir como la lucha obrera más importante y de mayor alcance de los últimos años en el estado español.

Entre los avances: reconocer que las pensiones públicas son sostenibles rompiendo el mantra de la “insostenibilidad” del sistema de pensiones. La revalorización (0,9% para 2021) aunque la vinculación de estas subidas con el IPC, que es lo que reclama la COESPE, no está asegurada.

Los retrocesos son muchos. Destacar entre otros que por un lado no se han derogado las contrarreformas de las pensiones de 2011 (PSOE) y 2013 (PP). Por otro lado se implanta obligatoriamente el modelo de fondos privados de empresa, abriendo así la puerta descaradamente a la privatización del sistema que tanto ansían.

Este elemento de los fondos privados de empresa tiene muchas derivadas, todas negativas. Experiencias negativas con estos fondos tenemos en Cataluña y en Euskadi, donde, resumiendo mucho, a la hora de cobrar la parte de cotizaciones que la empresa envía a la banca, ésta finalmente entrega una menor cantidad que la ingresada al pensionista, fruto de la especulación del fondo.

¿Y ahora qué?

El camino a seguir lo muestran los miles de pensionistas que todas las semanas nos dan un ejemplo en nuestras plazas. Llevan meses y meses sin fallar, incluso en plena pandemia. Y su lucha está dando frutos. Pero debemos fortalecer esta lucha sumándonos los trabajadores y trabajadoras activos. Porque lo que se está decidiendo en esta época afecta incluso más a los que nos jubilaremos en 10, 20, 30 años. Debemos reforzar las organizaciones de lucha, contactar con más plantillas, con más comités de empresa de todo tipo en definitiva sumar más organizaciones a esta lucha. Esta lucha afecta ahora mismo a 9 millones de pensionistas pero también a los más de 20 millones de asalariados.

El gobierno tiene que sentarse ahora con la patronal y los sindicatos para negociar la reforma de la seguridad social. Las medidas finales a tomar saldrán de esta última fase de negociación. ¿Vamos a permitir que las cúpulas de CCOO y UGT firmen la privatización de nuestras pensiones? Si se atreven nos tendrán enfrente.

Javier Delgado