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Desde el comienzo de la crisis de la Covid-19 hemos visto como desde la patronal de Hostelería se exigían al gobierno medidas para evitar el golpe económico que suponía el cierre total o parcial del sector. Ya en marzo la ministra de Trabajo, con el beneplácito de la patronal y CCOO-UGT, puso a disposición del sector los ERTE de Fuerza Mayor, gracias a los cuales la patronal dejaba de pagar los salarios y cotizaciones de sus empleados/as, mientras los trabajadores/as pasaban a cobrar el 70% de su sueldo (del “oficial”). Eso en caso de cobrarlos, porque hemos visto infinidad de casos en los que se ha tardado meses en cobrar los ERTE.

Se han venido sucediendo campañas bajo lemas como “la hostelería no es parte del problema sino de la solución”, con el objetivo de flexibilizar las restricciones fijadas por el Estado de Alarma impuesto en la segunda ola.

La patronal ha pretendido y en ocasiones ha conseguido que obreras y obreros que han sido sobreexplotados secundaran estas reivindicaciones empresariales en las que en ningún momento se incluyen y mencionan una mejora en las condiciones de contratación y empleo de las/o trabajadores. La clase explotada es alienada en interés de la clase explotadora.

Para la patronal de hostelería, la crisis se mide sobre todo en “pérdida de beneficios”. En algún caso, debido a una situación ya precaria del negocio, a la falta de fondos disponibles o al pago de créditos pendientes, puede dar lugar al cierre del negocio  La Hostelería en términos de empleo y derechos laborales ya era antes de la Covid-19  uno de los sectores más precarizados y muchos de quienes ahora solicitan ayudas y solidaridad son los mismos que pagaban por debajo del convenio, que contrataban a media jornada pero obligando a trabajar jornada completa, que imponían horas extras no pagadas, los que obligaban a hacer las tareas de limpieza una vez cerrado el local y fuera de horario, los que tienen el récord de contratos temporales muy por encima de otros sectores, los que no respetan ni horarios ni jornadas de descanso. En definitiva, unos explotadores miserables que se llenan la boca hablando de libertad económica flexibilización para poder exprimir aún más a sus empleados/as, pero que exigen ayudas públicas cuando vienen mal dadas.

En la otra cara de la moneda, los dos grupos que más están sufriendo la crisis son los autónomos y trabajadores/as. Para muchos autónomos de hostelería, con pequeños negocios familiares de barrio, el cierre de la hostelería es terrible, especialmente si tienen que hacer frente a alquileres y otros pagos. Muchos de estos negocios no podrán abrir y el futuro de esos autónomos/as es la proletarización, en muchos casos arrastrando deudas.

Y ¿qué decir de los trabajadores/as?

7 de cada 10 afectados por los ERTE en las dos nuevas modalidades creadas por el RDL 30/2020 son trabajadores de Hostelería. Al retraso de meses que muchos han sufrido para poder cobrar los ERTE, se une que esa prestación se calcula sobre el 70% del sueldo “oficial”

La crisis de la Covid-19 ha demostrado una vez más que nada podemos esperar los trabajadores/as de un sistema que nos trata como meros engranajes de producción y consumo, un sistema incapaz de planificar medidas globales para sustentar a las decenas de miles de familias, autónomos y trabajadores/as que se ganan la vida con la hostelería. Y tampoco nada debemos esperar de esos empresarios que hoy nos llaman a apoyarlos para recibir dinero público pero mañana volverán a explotarnos y antepondrán sus beneficios a nuestros derechos y nuestra vida personal.

María Revuelta