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La pandemia de la COVID-19 nos está haciendo ver la importancia de una sanidad pública, gratuita y de calidad, pero más aún de un modelo de sanidad centrado en la comunidad, centrado en la población y la atención primaria.

Una sanidad de calidad no es solo tener camas en hospitales, es una fuerte campaña de prevención y promoción de la salud, estudiando los factores que hacen enfermar en las distintas zonas de salud. Tampoco es sinónimo de una sanidad de calidad solo el disponer de la mejor ingeniería biomédica, es también tener una buena planificación central sanitaria en la que se trabaje en la salud comunitaria, con la existencia de profesionales sanitarios o aumento de estos en por ejemplo centros educativos para fomentar la educación sanitaria, en lugar de estigmatizar a los jóvenes como si fuesen los únicos causantes de los rebrotes.

Para ello la atención primaria ha de ser un puente entre la asistencia sanitaria y la población y no un parche que va cubriendo “las cuestiones leves”, ha de dotarse a la atención primaria de los presupuestos que requiere ese trabajo, de valorar la importancia de la investigación en el ámbito comunitario.

Y en medio de toda esta situación salen “test para diagnosticar COVID en casa, o en las farmacias” es decir, la herramienta para que una persona pague unos 30 euros como mínimo en una farmacia, le salga negativo porque no se lo ha realizado en el momento en que esa prueba tiene más fiabilidad y tengamos a personas contagiando en los centros de trabajo, centros de estudio o transporte público con una falsa tranquilidad porque es un falso negativo.

Esta labor debe estar centralizada bajo criterios del sistema público de salud, siendo realizada por su personal sanitario y sus organismos competentes, ya que las farmacias con esta decisión no están velando por la salud comunitaria, por el mejor manejo de la pandemia por parte de Salud Pública, están velando por su negocio, porque son una establecimiento sanitario, pero privado, aunque sea de interés público. Igual que un laboratorio privado va a hacer a la persona la prueba diagnóstica que ella decida, no la que sea más adecuada.

Desde el PCPE defenderemos siempre la salud basada en el rigor científico y una sanidad pública, gratuita y de calidad en la que el interés por la ganancia privada no interfiera o perjudique las vidas de la clase obrera y los sectores populares.

Por todo ello, denunciamos que caiga en manos de la gestión de las farmacias los Test COVID, puesto que ha de ser competencia de la sanidad pública y supone una maniobra más del capitalismo para desmantelar una sanidad pública bajo criterios de Atención Primaria y salud comunitaria.

Es la Atención Primaria la que ha de ser dotada con más recursos materiales y de personal para afrontar esta pandemia, mediante, entre otras medidas, la nacionalización y expropiación de todos aquellos laboratorios privados que se están haciendo millonarios a costa de la incertidumbre y ansiedad de la clase obrera, que no sabe si está contagiada o no.

Todo para la clase obrera.

Defendamos una sanidad pública, gratuita y de calidad.

David Martínez Tenza

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