El pasado sábado 21 de noviembre recorrieron diversas ciudades españolas caravanas de coches conducidas por padres y madres de hijos en edad escolar que se manifestaban en contra de la nueva ley de educación aprobada esa semana en el Congreso de los Diputados. Estas protestas estaban organizadas por distintas asociaciones conservadoras reunidas en la plataforma “más plurales”, apoyadas por todos los colegios privados que tienen suscritos conciertos educativos y, en el plano político, respaldadas por fundamentalmente el PP, Vox y Ciudadanos. En definitiva, se manifestaba la “concertada”. Por el contrario, la izquierda parlamentaria y los otros apoyos del gobierno defendían a capa y espada la ley aprobada.

Ante esta situación, es decir si la derecha protesta por una ley de la izquierda, una primera y precipitada conclusión sería considerar que la ley defiende los intereses de las capas populares en materia educativa y que los manifestantes contrarios a la ley protestaban porque se les estaban retirando o conculcando algunos de los privilegios acumulados a lo largo de los años. ¿Realmente es así? La respuesta solo puede ser negativa y de desmentir esta cuestión se encargó la propia ministra Celaá señalando que la educación concertada no estaba en cuestionamiento.

Con la nueva ley se habla de adoctrinamiento, se habla de desprecio al castellano por no ser ahora lengua vehicular, se habla de la libertad para escoger centro educativo, se habla del empobrecimiento de los contenidos, se habla de menospreciar el esfuerzo… pero no se habla del origen del problema. Vayamos por lo tanto al origen de la actual situación de la educación en España en la que la administración continúa utilizando el sistema de conciertos educativos con centros privados de enseñanza que en una abrumadora mayoría están vinculados de una u otra forma a la Iglesia Católica.

En el pasado con la educación pública ocurrió algo similar a lo que sucedió en la denominada transición democrática. Si con el tránsito de la dictadura a la democracia no hubo ruptura sino transformación de aquella, iniciando el bloque oligárquico burgués dominante en la dictadura su tránsito hacia la democracia formal, lo mismo puede decirse y aplicarse al sistema educativo más aun teniendo en cuenta la firma en enero de 1979 de los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede que continúan vigentes cuarenta años después. Uno de esos acuerdos estaba específicamente dedicado a asuntos educativos1 y mediante su ratificación se garantizaba a la Iglesia Católica que continuara con los privilegios en materia educativa que ya le otorgó la dictadura. Así, entre otras cuestiones, el Estado Español reconoció el derecho fundamental a la educación religiosa, garantizó la inclusión de la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales, garantizó asimismo que la Iglesia Católica pueda organizar cursos voluntarios de enseñanza y otras actividades religiosas en las universidades públicas y permitió que sea la Iglesia Católica quien establezca los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica.

Los conciertos educativos no fueron creados tras la dictadura. La última ley de educación aprobada en la dictadura en el año 1970 ya estableció un sistema de conciertos por el cual el Estado subvencionaba a los colegios privados en la misma cuantía que representase el coste de sostenimiento por alumno en la enseñanza de los centros públicos, más la cuota de amortización e intereses de las inversiones realizadas por el colegio privado: en definitiva el Estado a lo largo de los años pagaría parte de la infraestructura de los colegios privados. Sin embargo este sistema nunca llegó a aplicarse sino que se continuó con la política de subvenciones directas a centros privados. En 1985 la socialdemocracia aprobó una nueva ley de educación que, esta vez sí, iba a suponer la aplicación práctica de los conciertos educativos que hasta ahora se sigue aplicando. La dualidad del sistema, centros públicos y centros privados concertados, se refería en realidad a la titularidad de los mismos; el propio preámbulo de la Ley Orgánica del Derecho a la Enseñanza de 1985 establecía que ambos tipos de centros son sostenidos con fondos públicos y así es también en la actualidad ya que la mayoría de los centros privados acogidos al sistema establecido en las sucesivas leyes de educación aprobadas desaparecerían si no estuvieran concertados, es decir si no obtuvieran inyecciones millonarias de dinero público. Los sucesivos gobiernos tanto del PSOE como del PP han seguido manteniendo este sistema.

Lo que los conciertos educativos suponen en el fondo es una privatización encubierta de un servicio público fundamental como es la educación. Si bien es cierto que la situación de la educación pública durante la dictadura era manifiestamente mejorable y no era posible dotar en un breve periodo de tiempo en el conjunto del Estado de una red pública que garantizase al toda la población en edad escolar una educación de calidad, no es menos cierto que hubiera sido razonable establecer un sistema transitorio que se apoyara en la enseñanza privada a medida que año a año se mejorara la red pública, de modo que en un periodo razonable el Estado contase con una red pública adecuada a las necesidades del alumnado en cada momento. Obviamente no se siguió este modelo sino que se optó por perpetuar en el tiempo un sistema que aporta a los centros privados más de 6.000 millones de euros2 al año.

Por lo tanto sería ingenuo pensar que el PSOE va a suprimir la educación concertada que puso en marcha hace ya treinta y cinco años. Sin embargo alguien podía pensar que el actual socio de gobierno si está de acuerdo en potenciar la educación pública dotándola de más medios humanos y materiales suprimiendo el sistema de conciertos y dedicando esas partidas presupuestarias a la educación pública.

Veamos las propuestas en materia educativa que ha venido realizando Podemos. En el programa electoral con el que se presentó a las elecciones generales de diciembre de 2015 se establecía que “La oferta de plazas escolares concertadas seguirá financiándose con recursos públicos solo en los casos en que sea necesario, es decir, debido a una insuficiencia de la oferta en la red pública (con el fin de paliar estas insuficiencias, se incrementará progresivamente el porcentaje de los fondos públicos destinados a la red pública)”: es decir, aparentemente se abogaba por mejorar la red pública para ir reduciendo paulatinamente el sistema de conciertos. En junio de 2016 el programa electoral reproducía el mismo contenido. En el programa electoral de abril de 2019 se abandona esta idea y ya solo se alude a que “acabaremos con el pago ilegal de las cuotas supuestamente voluntarias en la escuela concertada, que, en realidad, esconden una barrera de entrada para las familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está financiada al 100 % con dinero público” para a continuación abogar por “Eliminar los conciertos educativos y las subvenciones a las escuelas que practican la segregación educativa por razones de sexo”, es decir, en poco más de tres años se pasa de proponer una progresiva disminución del sistema de conciertos a aceptar por completo este sistema oponiéndose únicamente al pago de los donativos porque suponen una discriminación para acceder a un centro privado concertado y proponiendo, eso sí, que a los colegios del Opus Dei no se les subvencione. Obviamente en las elecciones de noviembre de ese año las propuestas siguieron intactas. Como no puede ser de otro modo, en el acuerdo de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos3 suscrito en diciembre del pasado año, ni se menciona a la educación privada concertada, limitándose a afirmar que “se aprobará una ley de educación que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo”.

Este recorrido por las propuestas en materia de educación del actual socio de gobierno lo que demuestra es la ausencia de interés en suprimir las subvenciones a los centros privados por parte de la nueva socialdemocracia. Ya en noviembre de 2005 Sergio Pascual, entonces Secretario de Organización de Podemos, en entrevista concedida al diario El País4 y a la pregunta sobre el mantenimiento de la educación concertada a la vez que abogaba por un pacto de Estado en el que se defendiera una educación 100% pública, señalaba que “Hay que cambiar el orden de las prioridades. En este caso, hay que priorizar el gasto sobre la educación pública, pero no cercenar la educación concertada, ni muchísimo menos. Una vez que hayamos cumplido el compromiso de mantener al mejor nivel de nuestra educación pública, mantendremos también el compromiso con la educación concertada”. Es por lo tanto necesario, en esta y otras materias, denunciar el engaño que supone Podemos para el conjunto de la clase obrera y los sectores populares de España: sus políticas apuntalan el sistema y dan oxígeno a la burguesía.

El debate acerca de los conciertos educativos acostumbra a desviarse, por sus partidarios, a cuestiones relativas a la eficiencia, la competitividad o el precio de la educación en un centro privado concertado frente al que tiene en un centro público. Pero el debate no es este. El debate en materia educativa es qué sistema público de educación es necesario para garantizar esta y con rotundidad hay que señalar que un sistema público de educación al servicio de las hijas y los hijos del pueblo trabajador solo puede considerarse a aquel en el que hasta el último euro asignado a esta materia en los presupuestos generales se dedica en exclusiva a aquellos centros de titularidad pública y esto únicamente puede llevarse a cabo si el sistema de conciertos se deroga.

Para el PCPE es prioritario luchar por la defensa de un sistema público de educación con especial incidencia en las primeras etapas educativas ya que son la base para el futuro. Es prioritario garantizar a toda la población escolar una educación de calidad, gratuita y universal con independencia de su lugar de residencia o procedencia. Es prioritario introducir en el sistema público el primer ciclo de enseñanza infantil (0 a 3 años). Es prioritario luchar por una educación pública que imparta una docencia con base científica sin ningún tipo de injerencia religiosa. Es prioritario lograr una gestión pública directa de los servicios actualmente privatizados en los centros educativos (actividades extraescolares, comedor, limpieza, mantenimiento,…) con subrogación de las trabajadoras y los trabajadores de dichos servicios a la plantilla del centro. Es prioritario que el conjunto del profesorado disponga de unas condiciones laborales dignas para que pueda desarrollar su tarea educativa con garantías. Es prioritario, en línea con la exigencia de la derogación de los conciertos educativos, la mejora y el incremento de los centros educativos garantizando que el sistema público de educación atienda todas las necesidades en esta materia con independencia del alumnado existente.

Pero no realizamos la defensa de un sistema público de educación, en todas y cada una de sus etapas, en el vacío. La militancia del PCPE liga esta lucha a otras (sanidad, pensiones dignas, vivienda, servicios sociales, transporte…) en el marco de la respuesta al ataque contra los derechos laborales, sociales y democráticos que viene desarrollando la oligarquía y para poder desarrollar la conciencia de lucha revolucionaria que permita organizar al conjunto de la clase obrera para la toma del poder y la construcción del socialismo-comunismo.

Coque.