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Según un informe publicado por la ONU, la población inmigrada en España es de 6.104.203 personas, el 12,9% del censo demográfico de nuestro país. Y según la Fundación “Por Causa” y la “Carlos III”, entre 390.000 y 470.00 de éstos son considerados como “irregulares” o “ilegales”. Su entrada en España se hace por aeropuertos, por pasos fronterizos, por mar en cayucos donde muchos son tragados por los mares, y otros saltando por la Valla de Melilla dejando girones de sus cuerpos en los espinos de las alambradas. Cuando llegan a España se les aplica la ley de extranjería, que consiste en:

Ha de tener un pasaporte en regla o la obtención de un visado, así como de otros documentos que justifiquen su estancia. La autorización de los periodos son variables: expulsión en caliente, hacinamiento en malas condiciones en centros de acogida (cárceles) y, previamente, desidia por los gobiernos en el rescate de los mares. Después de estas cribas inhumanas esta ley de extranjería les impone: una estancia de 3 meses por turismo o por negocios. Residencia temporal, con una duración mínima de 90 días y máxima de 5 años. Pero para ello se les exige justificar medio de subsistencia, razones humanitarias, agrupación familiar y otros requisitos, que tienen que presentar cada tres meses.

Más de 300.000 malviven con empleo de economía sumergida y un porcentaje muy elevado, desconocido el número, están sin trabajo. Según Cáritas, solo en Barcelona 100.000 personas acuden a los puntos de socorro y alimentación; los que viven así son personas invisibles sin derechos ni protección social, y a los que pueden acceder, se encuentran colapsados por trámites burocráticos que duran meses, cuando el hambre y el frio los sufren a diario.

Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, desde el punto de vista del fraude fiscal, está cansado de denunciar el perjuicio que supone la economía sumergida por la pérdida de más de 15.000 millones a las arcas del Estado. Estos inspectores, con una plantilla de 1.866 efectivos, equivalente a una ratio de un inspector por cada 10.000 trabajadores nacionales y foráneos; lo que hace que dichos inspectores tengan las manos atadas para el ejercicio de sus funciones ante una economía sumergida que supone el 25% del PIB y de la que se lucran básicamente los patronos. Tener trabajadores y trabajadoras sin derechos, que no pueden protestar por carecer de papales, es un negocio redondo en algunos sectores donde no sólo evaden impuestos sino que además explotan descarnadamente y se pagan salarios de miseria.

Ya se sabe que el problema de la crisis está afectando a la clase obrera en su conjunto, nacida en el país o extranjera. La intención de este escrito es de señalar la dificultad reivindicativa y de resistencia de las y los trabajadores extranjeros en precario que son caracterizados como “ilegales” y que luchan por vencer la burocracia oficial que les impide ser personas con derechos. El trabajador español, en las mismas condiciones, si vence condicionantes y miedos, puede movilizarse, puede luchar por romper las cadenas. El o la inmigrante, sin papeles o en trámite de éstos, si pelea por sus derechos pierde el trabajo y se expone a la extradición y expulsión del territorio.

Conozco a una trabajadora de otro país y ésta me cuenta lo siguiente: “Llevo 20 años trabajando honrada y duramente en España, con distintos patronos y unos me aseguraron y otros no. Por mor de ello hoy me encuentro sin jubilación. Mi hijo tiene 34 años y trabaja en una empresa, ahora le han dado 45 días de “descanso” y le han rescindido el contrato. Le dicen que después de este tiempo le volverá a colocar, pero con pérdida de antigüedad y sin cotizar por ello a la seguridad social, que eso lo han hecho con todos los trabajadores de la empresa, cometiendo un robo a los empleados y al Gobierno.

El hijo de esta mujer tiene que estar durante 5 años sometido a las condiciones que le obliga la ley de extranjería, justificando su trabajo y medios de vida; piensa, si pierde su trabajo por reclamar sus derechos, puede perderlo todo y ser deportado. Estos trabajadores, además de sufrir la explotación, padecen el racismo y la violencia institucional de un Estado profundamente discriminatorio, al servicio de la burguesía, que les deja en situación de abandono e indefensión. Se les niega incluso su humanidad y los pocos derechos que la dictadura del capital va dejando a la clase obrera por la muy “democrática” razón de carecer de papeles.

Nativa o extranjera, la misma clase obrera. Ningún ser humano es ilegal.

Miguel Guerrero Sánchez